Los diputados del Frente de Todos e interbloques federales presentaron un proyecto que busca reformar la Ley de Manejo del Fuego. El objetivo es preservar la biodiversidad y poner punto final a los incendios forestales intencionales vinculados a los negocios inmobiliarios y a la especulación financiera.

Los diputados del Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ley busca reformar el artículo 22 bis de la Ley 26.815 del Manejo de Fuego, sancionada a fines del año 2012 y promulgada el 10 de enero de 2013. A partir de esta iniciativa se prohíbe realizar modificaciones en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”, con el fin de “garantizar su restauración” y “desalentar los incendios forestales y la especulación financiera e inmobiliaria”.

“Tomamos una ley que ya teníamos en funcionamiento a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego como ámbito de aplicación. A este lo conforman el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y CABA. Aplicamos cambios sustanciales sobre esa legislación para proteger las áreas cuando sean solucionados los siniestros, principalmente, en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.  Hicieron un daño pero no van a poder usar esas áreas para sus fines de negocios. Es una urgencia ponerle fin a esta problemática”, declaró el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja.

Esta modificación prohíbe el uso de los suelos afectados por incendios forestales por  60 años en el caso de los bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, pastizales o matorrales. 

Así, el proyecto de ley busca proteger los ecosistemas que puedan ser afectados por incendios, muchas veces intencionales. En el primero de los casos, las modificaciones prohíben cambiar el uso y destino de la superficie de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, con especial atención a los emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola distinta al uso que tenía la superficie al momento del incendio.

El 95 por ciento de los incendios son intencionales.

En el caso de la prohibición a 30 años en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, también se busca desalentar los emprendimientos inmobiliarios y se prohíbe la modificación del uso de la superficie para agricultura intensiva.

“El objetivo es frenar el ecocidio. Que esas áreas como bosques nativos, humedales, no puedan modificar los fines originales que tenían antes de ser incendiados por el término de 60 años. Frenar los negocios y proteger el planeta cuidando los servicios ecosistémicos es el fin principal”, afirmó Leonardo Grosso (FDT).

Esta iniciativa impulsada por el Jefe del Bloque oficialista, Máximo Kirchner, logró adhesiones en los interbloques del Consenso Federal y Federal para el Desarrollo. Además, incluye las firmas de Eduardo Bali Bucca (Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). Sin embargo, el proyecto no logró ninguna adhesión dentro de la segunda minoría en Diputados.

“Hay consenso con casi toda la oposición menos el interbloque de Juntos por el Cambio, que en este tipo de casos siempre privilegia los intereses de sus amigos y no los intereses de la comunidad”,  opinó Grosso.

Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, actualmente once provincias tienen focos activos: Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.

 

Los incendios forestales ya han destruido más de 200 mil hectáreas.

Los incendios forestales ya han destruido 90 mil hectáreas de humedales en el Delta del Paraná, y si sumamos los focos activos en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa este número asciende a 200 mil hectáreas de humedales perdidas. Se estima que el 95 por ciento de los incendios son intencionales, y en el caso de Córdoba estos siniestros amenazan con destruir el único tres por ciento de bosques nativos que tiene la provincia.

“El 95 por ciento  de estos incendios son intencionales y buscan reemplazar esas áreas por proyectos inmobiliarios, por producción ganadera y depredan estas zonas para poder utilizarlas a su antojo. Son los mismos intereses económicos minúsculos de siempre y, aunque son pocos, son muy poderosos”, agregó el diputado del Frente de Todos. 

Esta reforma no es un proyecto aislado en materia ambientalista en nuestro país. El pasado 25 de septiembre la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado firmado por 23 de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe que busca proteger los derechos a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. 

“Esta modificatoria a la Ley de Manejo del Fuego está enmarcada en una agenda integral de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que también contempla a la Ley de Humedales, la mejora de la Ley de Bosques y la suscripción al Acuerdo de Escazú. Argentina está cambiando el paradigma de las políticas ambientales”, continuó el diputado.

En el caso de encontrar consensos y voluntad política en ambas Cámaras, los tiempos administrativos habituales del Congreso, entre el debate en comisiones y su tratamiento en los recintos, puede lograrse la sanción de la modificación en menos de dos meses. Se trata de un simple cambio que incorpora el artículo 22 bis a una norma ya existente.