Pese a los múltiples avances legales en materia de no discriminación, en buena medida por la lucha de las agrupaciones LGTBI+, se siguen acumulando las denuncias por prácticas violentas. Visibilizar y educar, las claves de una problemática que atraviesa al conjunto de la sociedad.

 

Hace un lustro, con la modificación de las Normas Técnicas y Administrativas de Hemoterapia y de los Criterios para la Selección de Donantes de Sangre, fueron derogadas la reglamentación y las resoluciones anteriores de la Ley N° 22.290 que prohibían donar a las personas que expresaran una orientación sexual e identidad de género diversa, es decir, fuera de la cisheteronormatividad.

Con los cambios introducidos en 2015, hoy vigentes, se busca que el donante conozca las situaciones de riesgo de infecciones y se abstenga de donar si estuvo expuesto a ellas. El objetivo es propiciar la autoexclusión y la consulta al médico ante cualquier duda. De ningún modo se habilita al equipo de salud a profundizar en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona ni mucho menos a ejercer discriminación institucional.

Según el nuevo paradigma –que rechaza la patologización de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales–, el riesgo está en las prácticas y no en grupos de población específicos. Sin embargo, muchos establecimientos siguen reproduciendo las representaciones dominantes y prácticas violentas.

La norma actualizada, en sus resoluciones 1507, 1508 y 1509, es clara: de acuerdo a estudios epidemiológicos, las prácticas sexuales consideradas “de riesgo” se distribuyen homogéneamente en la comunidad. Se trata de una problemática social que no distingue orientación sexual ni identidad de género.

Lourdes Arias, profesora del Bachillerato Mocha Celis.

El peligro de contraer infecciones aumenta con la falta de cuidados, que está relacionada con las desigualdades en el acceso a la salud, la pobreza, la estigmatización, la falta de información y de campañas de prevención, el tabú en torno a la sexualidad, la escasa o nula implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la violencia y el abuso sexual.

Es fundamental que la persona donante conozca cuáles son las situaciones de “riesgo incrementado” y así favorecer su participación responsable. El material que se brinda actualmente incluye información, un documento para la autoexclusión pre-donación, un cuestionario personal y la autoexclusión confidencial post-donación.

Ahora bien, desestimada la definición de “grupos de riesgo”, gracias a la movilización e intervención de las organizaciones sociales y activistas LGBTI+ en el desarrollo de las políticas públicas, y con la prohibición de donar sangre sin sustento legal, ¿qué sucede en la práctica?

 

Un sistema expulsivo

A fines de agosto, Emiliano se acercó de manera voluntaria para donar plasma al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, luego de haberse recuperado de Covid-19. Allí fue entrevistado por un profesional de la salud que le preguntó si había tenido relaciones sexuales con otros hombres y le negó la posibilidad de donar.

Débora Tajer, psicóloga especializada en género, asevera que, pese a los avances, siguen existiendo brechas en materia de género y salud, y que ni los marcos normativos ni las políticas públicas per se aseguran la modificación inmediata de representaciones y prácticas tradicionales arraigadas en aquellas instituciones donde se efectivizan estos derechos.

Esteban Paulón es activista, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. También fue titular de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, creada en 2015 y pionera en el país.“Partimos del punto en que hoy la perspectiva de la diversidad sexual no es parte de las currículas educativas en ninguna de las facultades argentinas, sólo aparece en algunas como contenido optativo –afirma–. Eso quiere decir que no todas las personas van a acceder a esos conocimientos y termina quedando a buena voluntad de ese o esa profesional hacer una práctica libre de discriminación. Por lo tanto, no la puede volcar al servicio de generar un sistema de salud o una atención más inclusivos. Y en lo que tiene que ver con los espacios públicos, está la voluntad del Estado y sus dificultades para que esa voluntad se transforme en una práctica concreta de la política pública”.

La discriminación a las personas LGBTIQ+ representa un 10,5% de las denuncias recibidas por el INADI entre 2008 y 2019.

La creación de espacios “amigables” ha sido la estrategia para concentrar la atención en consultorios que ofrecen servicios abiertos y receptivos, frente a la imposibilidad de que la iniciativa permee en todo el sistema. Para Paulón, hay que trabajar en la modificación de los programas de formación, en la base de la pirámide del sistema, para que las personas LGBT accedan y se vinculen con los servicios de salud.

“Hay una presunción de heterosexualidad en todo el sistema de salud –sostiene–. Eso hace que las lesbianas y mujeres bisexuales muchas veces sientan vergüenza de hacer una consulta en relación a su propia salud sexual”. La invisibilización sucede también con los varones gays, donde el foco estuvo concentrado por muchos años en el HIV, dejando de lado otros problemas. ¿Qué consecuencias pueden generar estas barreras? Se incrementan los riesgos y baja la expectativa de vida.

Para garantizar el acceso del colectivo LGBT al sistema, dice Paulón, es necesario trabajar en el primer nivel de atención con equipos profesionales y espacios de salud abiertos. Que toda persona pueda ir cualquier día y hora, a cualquier lugar de atención primaria y que en la consulta clínica haya un trato cálido y empático que habilite a despejar todas las dudas, a recibir información y a garantizar una mayor cobertura.

Terminar con un sistema de salud expulsivo requiere también de un cambio social y cultural. ¿Qué sucede en otros ámbitos? Un informe reciente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre las denuncias recibidas entre 2008 y 2019, revela que la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ representa un 10,5 por ciento del total. Esta categoría agrupa la discriminación hacia la orientación sexual (6,3) y hacia la identidad de género (4,2).

El documento permite observar que estos actos de odio sucedieron principalmente en barrios o viviendas, en prestadores y centros de salud, en espacios laborales, en la vía pública y transportes, en el ámbito educativo y en la administración pública. Además, se trata de denuncias que crecieron de manera sostenida junto con las de género y el racismo. ¿Por qué es importante denunciar? Para dar visibilidad a la problemática y así poder impulsar políticas que tiendan a erradicar la violencia.

“Siempre recomendamos la denuncia. Sabemos que el sistema, la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios argentina, hoy no contempla penalización concreta. Pero sí es importante visibilizarlo porque abre la puerta a la corrección de la situación y también a acciones de reparación: talleres, capacitaciones, pedidos de disculpa”, subraya Paulón y agrega: “A pesar de que la ley todavía no se ha adecuado del todo y cuesta mucho que se implemente, hoy socialmente la denuncia tiene un impacto que para las víctimas y para la comunidad en general, es un hecho reparatorio. Aparte, es importante que lo podamos documentar, muchas veces las prácticas se repiten porque al no denunciarlas no se hacen visibles”.

En cuanto a la información más reciente, que analiza las denuncias recibidas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, “Personas LGBTIQ” es el segundo tipo de discriminación que registró más denuncias –precedido por “Discapacidad”– con el 12 por ciento del total. El género representa un 9,7 por ciento de las denuncias realizadas por mujeres. En el caso de los varones, alcanza un 14,2 por ciento. El barrio o vivienda continúa siendo el escenario de discriminación más mencionado, seguido del espacio educativo y los prestadores y centros de salud.

En 2019, la comunidad LGBTIQ+ ocupó el segundo lugar entre las poblaciones discriminadas.

Educar para transformar

En el trato médico, los actos violentos niegan e invisibilizan la diversidad sexual cuando se da por sentada la heterosexualidad y no se respeta la identidad de género, cuando se tilda de “peligroso” y se patologiza todo comportamiento alejado del mandato social. Estos actos se sostienen en representaciones de la cultura machista y patriarcal, más allá de lo que establece la Ley 26.529 que garantiza la asistencia y el trato digno sin distinción alguna en la relación entre el paciente y los profesionales, agentes o efectores de la salud.

Otro informe, elaborado en 2017 por un equipo de investigación de la Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani de la UBA y de la Universidad de San Martín, analiza la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Para el relevamiento de datos, se hicieron entrevistas a profesionales de la salud, tomadores de decisión y referentes de organizaciones sociales LGBT, a usuarios o potenciales usuarios gays, lesbianas, hombres trans y mujeres trans.

Acerca de la atención, las y los participantes del estudio destacaron la insuficiencia de los recursos hospitalarios, la precarización laboral del personal de salud, las largas esperas y la escasez de turnos, así como el desconocimiento para acceder a ellos, la falta de información respecto a la oferta de los servicios, la desorganización sobre el modo de acceso a medicación u otros insumos, y el maltrato del personal administrativo. También se señalaron problemas de infraestructura.

La percepción sobre los consultorios inclusivos o “amigables” es que significan un avance en materia de derechos, pero también se subraya la necesidad de construir una salud integral que no discrimine y que se dé en todos y cada uno de los ámbitos del sistema, considerando además que la oferta de estos centros de salud es limitada. Por último, se identificó como limitante para el disfrute de un pleno acceso a requerimientos y necesidades médicas “la discriminación y los maltratos asociados, y los miedos y las trayectorias de exclusión institucional”, que se repiten y que desincentivan la concurrencia a un consultorio. Como aspectos positivos se mencionaron la gratuidad de la mayor parte de las prestaciones y la buena predisposición y compromiso de muchos/as profesionales.

Tal cual señala el informe “Identidades, derechos y territorios”, publicado en 2019 por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, las personas trans tienen problemáticas específicas de salud y un acceso limitado a servicios de prevención y atención. Con la pandemia, algunas de ellas se han agravado.

En medio de tantos derechos vulnerados, cabe resaltar las prácticas respetuosas que los mismos y mismas profesionales de la salud promueven, como la Red de Psicólogxs Feministas que reivindica la construcción de un modelo de atención desde un enfoque despatologizador, antipatriarcal, antibiologicista y diverso. Esta agrupación denuncia las prácticas que, en una constante violación de los derechos humanos, expulsan, discriminan y excluyen del sistema de salud a la población LGTB+, y repudia la deshumanización de las personas trans.

Mientras tanto, ¿qué podemos hacer cuando estos derechos son vulnerados? Informar y educar sobre la libre elección de orientación sexual e identidad de género, promover el respeto a la diversidad sexual, exigir el cumplimiento de normativas como la Ley de Educación Sexual Integral, reclamar capacitaciones con perspectiva de género y cambios estructurales en las currículas educativas de los y las futuras profesionales de la salud, denunciar y visibilizar la violencia.

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