La Cámara de Diputados tratará esta semana el Acuerdo Internacional de Escazú, que establece la participación pública y el acceso a la información y a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Ya tiene media sanción en el Senado.

Este jueves en la sesión de Diputados será tratado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo ya obtuvo media sanción en el Senado de forma unánime y, en la Cámara de Diputados, un dictamen de comisión también por unanimidad. Resta que el Tratado sea aprobado para que Argentina se convierta en el décimo país en ratificarlo, siendo necesarios once países para que entre en vigencia. Hasta el momento, de los veintidós países firmantes sólo nueve lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. 

La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar afirma que si Argentina ratifica el Acuerdo “se convertirá en líder en temas ambientales, resonando con la reconocida referencia en materia de derechos humanos. El Tratado brinda herramientas concretas para transformar la gobernanza ambiental en Latinoamérica y el Caribe, haciéndola más abierta y participativa. Además, es reivindicativo de la militancia ambiental porque impulsa de manera activa la incorporación de la diversidad de voces, demandas históricas y saberes construidos colectivamente en la elaboración de políticas públicas ambientales”. 

El Acuerdo de Escazú nació a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y uno de los representantes electos ante el comité de negociación, el Acuerdo “brinda herramientas vinculadas con el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que hace referencia al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia, habida cuenta de que muchos países de la América Latina y el Caribe no tenían legislación vinculada con esos temas o aquellos que la tenían contaban con problemas de implementación, como es el caso de Argentina”.  Por esta razón se elaboró un artículo destinado al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar al financiamiento de la implementación en cada país.

Protesta en la ciudad de Rosario por los incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná.

El Acuerdo se distingue por ser el primer tratado en el mundo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nápoli explica que “la incorporación de estas disposiciones vino de la mano del pedido del público y de la situación crítica que está viviendo la región. Por ejemplo, uno de los casos más fuertes que nos tocó enfrentar en este tiempo fue el asesinato de Berta Cáceres, una militante de Honduras que murió por defender su territorio en contra de una construcción de represas”. Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2019 fueron asesinadas 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, por lo que es la región más afectada siendo Honduras el país per cápita más peligroso de 2019. 

Para Luisa Tang, integrante de Alianza por el Clima, una coalición de jóvenes, movimientos y organizaciones socioambientales que luchan por la crisis climática, el reconocimiento de los derechos ambientales da cuenta de una revisión institucional histórica en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. “Tenemos una deuda por no haber visto antes la vinculación entre los derechos humanos y ambientales. Hay mucho por construir y en el empoderamiento de la juventud surge la necesidad de dar debate y ganar derechos. Por eso este Acuerdo es tan importante. Ya no hay futuro posible en el que no pongamos en debate los impactos ambientales”, asegura Tang. 

A la espera de la ratificación en Diputados, Tang afirma que promover el Acuerdo en nuestro país implica también un gran desafío a nivel regional: “La ratificación en Argentina podría impulsar a que otros países aprueben el Acuerdo para que entre en vigencia”. A la fecha se encuentran a la espera México y Costa Rica, mientras que Chile, a pesar de haber sido el principal impulsor del Acuerdo, comunicó que no lo firmará alegando posibles “controversias internacionales” que pondrían en riesgo la soberanía del país.

Resta por verse qué posición adoptará Argentina en este momento histórico marcado por la pandemia en donde se han expuesto las consecuencias de la crisis social y ecológica.