Ante la falta de respuestas estatales, desde el regreso de la democracia, las organizaciones populares buscan dar respuestas al déficit habitacional a través de la autogestión. El testimonio de Federico Fagioli, un diputado nacional que vive en un asentamiento que nació de una toma, y los proyectos oficiales para paliar la situación.
Toma de tierras en Guernica, provincia de Buenos Aires.

Cinco millones de personas, 4.400 barrios populares desde la vuelta a la democracia, un promedio de creación 130 asentamientos por año, unos diez creados por mes. La crisis habitacional no es nueva en la Argentina ni surgió de un día para el otro.

Desde Moreno hasta Guernica, las tomas de terrenos crecieron durante el aislamiento. “El hacinamiento, la precariedad y el costo de los alquileres en las barriadas son insostenibles; además, vino la pandemia y recrudeció toda esta problemática”, afirma el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli, quien comenzó su militancia en el Movimiento Popular La Dignidad, llegó a su banca por su labor en Patria Grande y vive en el barrio Pueblo Unido, creado a partir de la toma de un terreno baldío.

Año tras año, la falta de respuesta por parte de los estados municipales, provinciales y nacional afecta a los millones de argentinos y argentinas que viven en la precariedad. Sin agua, luz, gas ni cloacas, a merced de desalojos y alquileres informales, miles de familias acceden a un techo en los barrios populares. “Las organizaciones sociales estamos trabajando y luchando hace años por la regularización dominial, el acceso a servicios básicos, entre otras cosas. Producto de este inmenso laburo, se realizó un censo que dio origen al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares)”, señala Fagioli.

Desde 2014, el diputado reside en Pueblo Unido, en el partido de Glew, que crearon junto a otras familias. “Éramos vecinos y vecinas, trabajadores de la economía popular y también formales, sin posibilidad de seguir sosteniendo el pago de alquileres o viviendo en condiciones realmente indignas. Decidimos de manera planificada y organizada limpiar un basural que era una zona liberada, usado por grupos de personas que delinquían, y empezamos a concretar nuestro sueño y derecho negado a tener una vivienda digna”, cuenta.

Con un claro perfil colectivo, las familias de Pueblo Unido acordaron una serie de reglas: “Nadie puede utilizar la tierra recuperada con fines especulativos o de venta; las decisiones sobre la vida en el barrio son tomadas de manera colectiva; construir nuestros propios espacios recreativos y culturales, nuestra sala de salud; la violencia hacia mujeres e identidades disidentes no es tolerada; bajo ningún pretexto se permitirá el uso de viviendas y el barrio para actividades ilegales que perjudiquen la salud de nuestros jóvenes, vecinos y vecinas”, enumera Fagioli.

Alba, de 41 años, con sus hijos Tiziano, Benjamin, Kiara y Zaira en una de las parcelas del asentamiento de Güernica. 

La toma de tierras para la construcción de barrios organizados no solo resuelve en parte la problemática habitacional, sino que busca producir una transformación real en otros aspectos. “Se trata de construir la vida que querés para tu familia, para tus pibes, para tus vecinos y vecinas. Con mucho esfuerzo generamos esta respuesta colectiva a una necesidad urgente y dimos claro ejemplo de cómo es posible, con decisión política, empezar a solucionar algunos de los más importantes problemas de los sectores populares”, remarca el diputado.

Según un informe realizado en 2016 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “en la gran mayoría de las tomas de tierra confluyen dos lógicas que, según el contexto, pueden funcionar de forma tanto contradictoria como complementaria: la de la necesidad de acceder a un lugar donde vivir y la del negocio inmobiliario”. La falta de regulación de estos procesos, que se desarrollan desde hace años, coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a los sectores empobrecidos. Loteos ilegales, alquileres informales, desalojos violentos y estafas son moneda corriente.

Derecho a la vivienda o derecho a la propiedad privada. El debate público a partir de la visibilización de la toma de terrenos situó la discusión desde una mirada punitivista. “Hablar de la toma de tierras como delito es como pretender tapar el sol con un dedo”, apunta Fagioli.

“Cada toma es diferente. Aprendí mucho de involucrarme con las personas”, sostiene Fernanda Moyano, vecina de Haras Trujui, partido de Moreno, desde hace 15 años. Fue coordinadora de Comunidad de la Fundación TECHO y hoy lleva adelante su propia ONG “Athenea”, donde asiste los problemas del barrio siendo un nexo entre los vecinos y el Estado.

Marcha vecinos que ocuparon las tierras de Guernica.

“Lo fundamental es la observación”, destaca. Moyano trabaja junto a diferentes autoridades y organismos municipales como el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), aportando datos y mapeos para comenzar cualquier acción. “Tratamos de sondear para ver si nos podemos meter a ayudar o no. Yo no estoy ni a favor ni en contra, lo que sí intento es que ningún derecho se vea vulnerado. Ayudo en lo que puedo, así sea alcanzar agua o trabajar junto con el municipio o IDUAR para encontrar una solución”, detalla.

Si bien los lazos que tejió durante estos años le fueron de utilidad, subraya que sus principales recursos son la observación y la escucha: “Sé lo que es tener que arreglársela para subsistir, entonces prestar atención a las historias, hablar y preguntar hace que vaya dándome cuenta también quienes son los que están tomando. Yo vivo acá, conozco a la gente, sé quiénes son del barrio y quiénes no”, afirma.

En este sentido, recuerda que, en 2016, en una de las tomas que se llevó a cabo en Moreno, había dos realidades marcadas: por un lado, familias que habían armado una casilla improvisada con lo que tenían, y por otro, personas que al inicio de la toma delimitaron diferentes porciones de tierra, pero no volvieron a aparecer después de varios días. Cuando llegó el momento de censar con IDUAR, asegura, muchos no podían demostrar una real falta de acceso a la vivienda. En este último caso, suele tratarse de lo que se denominan “loteadores” que localizan el terreno, lo dividen y lo comercializan. Para algunas familias esta es la única manera, aunque informal, de acceder a un lugar propio y dejar de alquilar.

Diputado nacional Federico Fagioli, residente del barrio popular Pueblo Unido, creado a partir de la toma de un baldío.

La informalidad de las tomas expone a las personas que necesitan un hogar a situaciones violentas. Moyano recuerda el primer desalojo que vivió tras la ocupación de un terreno al lado de su casa. “Fue brutal, vino Gendarmería y los sacó. Muchas veces se repitió la misma situación, porque la gente volvía a ocupar y los volvían a desalojar, cada vez era más violento. Llegaron a haber incendios y enfrentamientos armados. Cuando se tranquilizó todo, no los movieron más. En 2016 se hizo el censo y se quedaron”.

Como coordinadora de TECHO, rememora otras situaciones donde presenció violencia civil e institucional. “Fue en una propiedad privada. El dueño terminó haciendo un acuerdo con el Municipio y cediendo esa parte que le habían tomado. Pasó el tiempo y tomaron la otra porción que quedaba de ese terreno. Ahí no hubo acuerdo: los mismos hijos y conocidos del dueño empezaron a los tiros para desalojar”, relata.

Ante la presencia de civiles armados, la policía bonaerense decidió no hacer cumplir la ley. “En medio del desalojo, la policía arengaba contra los pibes que estaban ahí diciéndoles ‘Dale, negro de mierda, sacá esas chapas mugrosas’. Cuando uno de los chicos que estaba ahí les pidió que les muestren la orden judicial, le contestaron ‘dejá que la lea yo, que seguro vos no sabés leer’”, cuenta. Ya estaba vigente la Ley de Regularización Dominial y ese desalojo no estaba permitido. “La realidad es que nadie pudo ver siquiera si esa orden estaba firmada por un juez. Eran las cinco de la mañana, un día de lluvia”, señala.

Moyano lamenta la falta de propuestas gubernamentales para solucionar esta problemática. “Frente a mi casa, hay un predio que iba a estar destinado a un proyecto urbanístico que nunca se hizo. Estaba pensado que, una vez que hubiera luz y agua, cada familia iba a comprar su lote. Vamos por la cuarta intendencia y seguimos intentando que se haga. Ese fue un proyecto vecinal al que nunca le prestaron atención. Finalmente, la gente se cansó y tomó. Había intención y ganas de acceder a una casa pagando, pero nadie respondió”, se queja.

La histórica desidia estatal es patente en este caso que relata Moyano en el partido de Moreno. El proyecto vecinal de urbanización no fue activado. Sin embargo, ya hay quienes están loteando el terreno y vendiendolo. “Se dice que es la sobrina del dueño de ese lugar, pero eso no es cierto. La casualidad es que esta chica está trabajando con la intendenta de Moreno”, denuncia. “Estas cosas hacen que, cuando uno es transparente e intenta que la gente no haga tomas, se vaya todo por el caño. Hoy si viene la intendenta o IDUAR a decirme que van a reubicar o hacer algo, no les voy a creer porque nunca cumplen”, advierte.

Las personas quieren acceder a la vivienda digna pero las dificultades para acceder a la tierra son múltiples. “Todos los días recibo mensajes de gente que me pregunta si sé de terrenos que se vendan. La mayoría ahora cobraron el IFE y quieren, aunque sea, tener un lugar y montar una casilla. No hay un programa real que brinde una facilidad de pago”, se lamenta.

 

“Otra Argentina es posible”

 “Si hay tomas de tierras, si hay gente dispuesta a pasar frío, a sufrir la represión policial, es porque hay una necesidad real y concreta de acceder a un espacio para construir su propia vivienda”, reflexiona el diputado Fagioli y agrega: “Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reprimir y desalojar? ¿Y luego qué? Necesitamos que se avance con políticas públicas reales y concretas que den una respuesta efectiva, y te aseguro que nadie más va a querer ir a pasarla mal y exponer a su familia en una toma”.

Para Fagioli, las tierras fiscales ociosas se deberían poner a disposición de una política pública integral y realmente accesible para los sectores populares. “El derecho a la propiedad de las tierras ociosas es, al menos, cuestionable en un país donde hay millones de personas hacinadas o sin techo. Desde un punto de vista ético, no podemos permitir que haya tierras destinadas a la especulación mientras el pueblo vive de manera precaria e indigna. Esto es inaceptable”.

El gobierno del Frente de Todos reconoció la crisis habitacional y creó el Ministerio de Hábitat y Vivienda para cumplir con la Ley de Barrios Populares y la de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Vemos con mucha esperanza esto. Sin embargo, estamos pidiendo que el Estado y el Ministerio de Hábitat en este caso, activen respuestas efectivas y prontas. Se necesita ejecutar los recursos que ya están disponibles y planificados, pero se necesitan ya. No podemos permitir que nuestro pueblo siga padeciendo la miseria de un sistema excluyente”, sostiene Fagioli.

Además de las leyes vigentes –pero sin financiamiento–, los sectores populares cuentan con el Plan de Desarrollo Humano Integral, creado entre organizaciones sociales y sindicatos. “El plan traduce muchas de estas problemáticas estructurales en políticas concretas, reales e integrales. Es nuestro aporte hacia una estrategia nacional pospandemia”, sintetiza el diputado.

El Plan contempla un proyecto integral de urbanización, loteo, colocación de servicios básicos y finalización de viviendas sociales. “Los ejes son la promoción del trabajo como ordenador social y el repoblamiento de la Patria. Se complementa con una propuesta de salario universal para la inclusión de trabajadores y trabajadoras, y su financiamiento a través de una profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas”, explica. El Plan prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo.

“Conjuntamente, desde el Congreso, ya empezamos a trabajar en este sentido y conseguimos que la problemática de la vivienda se incluya en el proyecto de ley ‘Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas’, disponiendo que un 15 por ciento de lo recaudado sea destinado a urbanizar los barrios populares”, indica Fagioli. La suma recaudada sería de aproximadamente 45 mil millones de pesos, que servirían para asistir a más de 5 millones de personas en las barriadas.

“La organización, la unidad, la planificación de diferentes estrategias de lucha nos permitió avanzar en muchos sentidos demostrando que otra Argentina, además de ser necesaria, es posible”, se esperanza Fagioli.