Un servicio ineficiente, falta de inversiones y tarifas impagables impulsan el reclamo de millones de usuarios del sur del conurbano, encabezado por sus intendentes. El debate acerca de la revocatoria de la concesión.

A principios de julio, intendentes del sur del conurbano junto con la Defensoría del Pueblo bonaerense, presentaron una queja ante el responsable del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, debido a los reiterados cortes del suministro de Edesur en plena pandemia, producto de años de desinversión, y pidieron revisar los aumentos tarifarios autorizados por el gobierno de Mauricio Macri. La Defensoría solicitó incluso quitar la concesión a la empresa.

Desde la oficina de prensa de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, aseguran que el servicio de Edesur “es pésimo” y las tarifas “impagables”. “Se corta todo el tiempo la luz, nos dejan sin agua en el distrito y han cerrado las oficinas comerciales para no atender a los usuarios”, afirman.

En enero de 2015, el municipio firmó un contrato con Edesur para empezar las obras de una nueva subestación, que debería ejecutarse en el lapso de cinco años. A finales de julio de este año, el jefe comunal denunció a la empresa por incumplimiento del acuerdo. Frente a éste y otros reclamos, en representación de un grupo de intendentes del conurbano, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió la revocación de la concesión.

La empresa, de capitales italianos, respondió que “todos los ingresos se destinan a obras para mejorar el servicio” y que los municipios le adeudan 3.000 millones de pesos, fruto del traspaso que autorizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2017 que los obligó a pagar el consumo de electricidad en los barrios populares, sin ayuda adicional.

Edesur tiene la concesión hasta el año 2087 y, entre sus accionistas, se encuentra el Fondo Black Rock.

El actual contexto de emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la precariedad del servicio eléctrico que brinda Edesur. Los reiterados cortes de luz en barrios no sólo populares sino además de clase media y alta del sur del Gran Buenos Aires, reavivaron el debate acerca de la concesión.

“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, fue el fallido del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, a principios de los 90, en pleno proceso de privatización de las empresas públicas, entre ellas Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).

En 1992, una parte de la estatal Segba se convirtió en Edesur, cuyo historial de ganancias extraordinarias, desinversión e incumplimiento en el servicio, es de larga data. En 1999, cientos de miles de usuarios se vieron afectados por falta de energía eléctrica durante varias semanas.

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner aplicó una política subsidiaria de tarifas que permitió un mayor acceso al servicio, lógica que se mantuvo hasta finalizar la gestión de Cristina Kirchner, en 2015. Pero con la llegada al poder de Macri, y con el argumento de la “emergencia energética”, en enero de 2016 se quitaron los subsidios y los usuarios sufrieron un incremento de hasta diez veces del valor que venían pagando.

Las empresas energéticas fueron de las grandes ganadoras durante la gestión de Cambiemos. Sólo en tres años aumentaron sus tarifas hasta un 3.000 por ciento, suba que no se vio reflejada en los niveles de inversión. La posterior dolarización de las tarifas tampoco se tradujo en mejoras, sólo en mayores ganancias.

Edesur obtuvo ganancias por más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior.

Edesur, que tiene la concesión hasta el año 2087 y cuya propiedad es del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, obtuvo un beneficio de más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior, según informó la propia compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En vista del desbalance entre ganancias, falta de inversión, tarifazos y mala prestación del servicio, los municipios debieron ponerse a la cabeza del reclamo de los usuarios. Desde 2017, cuando Vidal les traspasó a las comunas el costo del consumo eléctrico de los barrios precarios, el ENRE ha detectado irregularidades tanto de Edesur como de Edenor y estima que mantienen una deuda con el Estado de 26.400 millones de pesos. En un comunicado, el organismo de control señaló que «presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados», aludiendo a una posible anulación de aquel traspaso.

Tras los reclamos de los usuarios, los intendentes y la Defensoría, el ENRE sancionó a Edesur con una multa de 167.812.000 de pesos por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a 2018 y 2019. Los apercibimientos contemplan una denuncia del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, por inobservancia a las normas de seguridad en la vía pública en ese municipio, y otra de septiembre de 2018 por un incendio ocurrido en una vivienda en el partido de Ezeiza, debido a una anomalía en una instalación eléctrica en la vía pública.

No sólo los usuarios del Gran Buenos Aires padecen la negligencia de la empresa, también los de la Capital Federal. Hace pocos días, las organizaciones sociales, sindicales y vecinales integrantes del Comité de Crisis de las Villas 21-24 y Zavaleta volvieron a reclamar a las autoridades del Gobierno porteño la realización de «obras de fondo para garantizar el suministro eléctrico y de agua potable para todos los vecinos».

«En nuestros barrios seguimos esperando las respuestas que nunca llegan y que en contexto de pandemia se vuelven más urgentes que nunca: la energía eléctrica y el agua», afirmaron. A su vez, insistieron en la conformación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y las empresas Edesur y Aysa «para que se solucionen definitivamente nuestros dramas que llevan años en la Ciudad».

Los trabajadores de Edesur también sufren las consecuencias del servicio ineficiente, la precarización laboral y la tercerización de las tareas. Julio Acosta, secretario adjunto de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, explica que la empresa cuenta con 2.500 trabajadores contratados por convenio de trabajo de la actividad, pero también con 2.500 empleados precarizados. “Al ser tercerizado el servicio, se han disminuido los costos laborales con bajos salarios”, remarca. La falta de medidas de seguridad para los empleados causó, a mediados de julio, la muerte de dos trabajadores en la localidad de Burzaco.

“La solución, para nosotros, es el fin de la concesión, porque acá no se cumplió con el contrato que firmaron. Creemos necesario que el Estado se haga cargo del servicio porque es un derecho humano”, sostiene Acosta.