Actual coordinador del Instituto para la Producción Popular y ex presidente del INTI, Enrique Martínez analiza la fallida expropiación de Vicentin, el impuesto a la riqueza, el desempleo, la expectativa por la urbanización de las villas y los roles de la producción popular en un panorama de extrema dificultad, generado entre el macrismo y la pandemia. Ideas para que la Argentina salga de la crisis del Covid 19 mejor de lo que entró.

“Es importante dinamizar la producción popular porque cumple un doble rol: desconcentra la economía y también nos acerca a la posibilidad de tener trabajo pleno, que no es una meta absurda”. El planteo es de Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular: la situación actual, tan inédita como lo es que un virus marque los designios del país y del mundo, y de tanta incertidumbre como la que puede generarse en una sociedad que vio drásticamente modificada su vida cotidiana, exige pensar profundamente el día después de la pandemia. Puede ser una oportunidad de impulsar otros paradigmas, más inclusivos.

El Instituto para la Producción Popular (IPP) trabaja en propuestas que hacen a la vivienda, la alimentación, la generación de energía sustentable. Su coordinador, Enrique Martínez, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por casi una década, reflexiona sobre el escenario que toca atravesar hoy al país y cómo sería una salida desde la economía popular.

¿Qué lectura hace del escenario político económico actual, en el marco de la pandemia?

Es bastante habitual suponer que hay un modelo neoliberal que tenemos que dejar atrás y un modelo popular que debería reemplazarlo. En este momento me parece que estamos en una situación nueva, que el neoliberalismo ya ha demostrado su fracaso más absoluto, pero en el campo popular se plantea una disyuntiva: o volver a poner el país en marcha como antes de la cuarentena, volviendo a poner las piezas del tablero en su lugar, o admitir que esa no era una situación ideal, que hay que modificar algunas relaciones estructurales, y sobre todo que hay que poner en el campo de la producción a millones de argentinos que antes de la cuarentena ya estaban con dificultades muy serias. No hay que ayudar solamente a los que ahora se cayeron, sino también colocar en un plano de actividad a quienes ya no estaban trabajando de manera adecuada. Esa es una discusión que me parece que no se está dando todavía pero que se va a desarrollar en los próximos meses.

Sobre las relaciones estructurales que menciona, viene planteando el tema de la concentración económica que hay en el país. ¿Por qué camino se podría empezar a revertir?

Una mala costumbre que tenemos en el campo popular es discutir estas cuestiones solamente a nivel teórico, en el calor de una batalla intelectual pero sin modificar las cosas. Hay que desconcentrar lo que se pueda desconcentrar. Es difícil desconcentrar producciones como las del aluminio o el acero en la Argentina, o el pequeño grupo de productores de autos, pero no es nada difícil avanzar en cambiar la matriz energética, incorporando la energía renovable donde se pueda, y que los productores sean miles de pequeños grupos generando energía cerca de donde se consume, con lo cual las grandes redes de distribución de las que todos dependemos deberían ir perdiendo valor progresivamente. Es mucho más fácil hacerlo en la industria alimenticia, donde la concentración se da no por razones técnicas sino de poder económico, y promover pequeñas lecherías o pequeñas producciones de pollos está al alcance de cualquier gobierno, el tema es ver la necesidad de eso y hacerlo.

El caso de la industria alimenticia se puso de relieve con Vicentin. ¿Por qué considera que no se dio la expropiación luego de haberla anunciado? Y a nivel económico, ¿cuál sería el potencial de que el Estado controle una empresa de ese calibre?

Es una pena que eso se haya debatido así. Antes de hacerlo, el Estado tendría que haber hecho uso de toda la fortaleza jurídica que da el hecho de que evidentemente el grupo que conduce Vicentin vació la empresa; ahí hay una actitud delictiva que, acelerando un poco los pasos, puede llevar a que ese grupo no tenga ningún derecho a seguirla conduciendo. La discusión es qué Vicentin queremos, si la misma que antes, que siga exportando productos con poco valor agregado, o una Vicentin que con la fortaleza que tiene una empresa que maneja miles de millones de dólares en un territorio empobrecido como es el norte del país, pueda diseminar la tecnología de producción de biodiesel, generar producción de pollos en el Chaco o mejorar la producción porcina en determinada región. Hay una cantidad de cosas que puede hacer una empresa con vocación nacional, ganando lo que corresponde dignamente, con un poder multiplicador muy superior a la Vicentin anterior a la quiebra.

Y también en relación al ingreso de divisas. Y en ese sentido, viene planteando la importancia de la soberanía monetaria.

He estudiado mucho la teoría monetaria moderna, que ahora tiene una fortaleza muy importante, teniendo en cuenta el abandono al temor al déficit fiscal que se ha dado en todo el mundo desarrollado a consecuencia de la pandemia. Lo que creo que hay que hacer es avanzar en la dirección de generar trabajo para todos, pero teniendo soberanía monetaria: hay que eliminar totalmente la dependencia del dólar que hemos construido culturalmente y con maniobras de dependencia expresa en el último medio siglo.

«Hay necesidades sociales insatisfechas que si se atienden con programas nacionales, se resuelve problema del trabajo».

¿Cuál es su postura con respecto al impuesto a las grandes fortunas, otro tema que se debatió mucho pero por ahora no llegó a concretarse?

Hay muchos economistas que lo plantean como una condición necesaria para financiar al Estado, y creo que eso es equivocado. El Estado no necesita el impuesto a las grandes fortunas para financiarse, como lo demuestra el hecho de que está trabajando sin ese impuesto. Se necesita ese impuesto para introducir equidad en la economía, es elemental y básico que una de las maneras de “castigar” la concentración es con un impuesto a las grandes fortunas. No pensarlo para financiar al Estado, sino para poner equidad en el escenario social.

Se viene discutiendo también la posibilidad de implementar un ingreso ciudadano universal, que usted ha manifestado que debería ser transitorio; ¿por dónde debería ir una respuesta a largo plazo?

Un país que llega a tener un 50% de pobreza, como vamos a tener en poco tiempo, no puede imaginar reducir sustancialmente la pobreza con un ingreso extraordinario que ponga en el bolsillo de la gente la capacidad de consumo que no genera el trabajo; me parece inviable. Un país con soberanía monetaria tiene que tener grandes programas de generación de trabajo popular con importancia social y de efectiva realización, admitiendo los ingresos de emergencia justamente como emergencia, con un plazo acotado y definido.

Desde el IPP se propone un programa de trabajo para todos. ¿De qué manera podría instrumentarse?

Si efectivamente se lleva adelante el programa del Ministerio de Desarrollo Social de urbanización de villas con la energía correspondiente, la urbanización de los cuatro mil barrios populares generaría una cantidad de trabajo muy importante. Nosotros sostenemos la posibilidad de que se avance en un programa de millones de lotes urbanizados, eliminando la especulación sobre el suelo para que se fortalezca la autoconstrucción y las cooperativas de vivienda. Creemos que hay que hacer una transformación masiva de la generación de energía hacia la energía renovable pensada en pequeñas comunidades, lo cual se ha demostrado en el mundo que genera miles de trabajos, y además otros programas, como la forestación, o el desarrollo de cinturones alimenticios en todos los pueblos de la Argentina. Hay una cantidad de necesidades sociales insatisfechas que si se tienen programas de dimensión nacional que busque atenderlas, se resuelve problema del trabajo.

-Se estaría abordando la cuestión no sólo laboral, sino también habitacional, energética, ambiental. ¿Cómo se trabaja desde el IPP en relación a estas propuestas?

Un organismo como el IPP no tiene elementos concretos para hacerlo efectivo a gran escala, nos alegra que la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia) Bielsa anuncie que se va a lanzar una nueva etapa del plan Procrear vinculado a la disponibilidad de lotes con servicios, idea que venimos batallando hace mucho tiempo, porque en el plan original se daba el crédito para la vivienda, y cuando la gente iba a comprar el suelo se encarecía por la especulación inmobiliaria. Lo que nosotros intentamos, como organización fuera del gobierno, es encontrar ámbitos donde la comunidad organizada pueda llevar adelante los conceptos que estamos proclamando. Somos difusores de ideas de transformación y colaboradores con la comunidad para llevar adelante situaciones en el camino correcto. Sobre todo estamos avanzando en el plano de la producción y distribución de alimentos, la energía renovable.

En relación a estas iniciativas, ¿cuál es el rol que podría ocupar la producción popular en la pospandemia?

Muy importante. Hay una definición un tanto viciada de economía popular, se tiende a pensar que la economía popular es la economía de los pobres o incluso la economía no productiva. Pero la economía popular es la producción que pone el lucro en segundo lugar, que intenta asumirse como servicio, que tiene como prioridad la atención de las necesidades comunitarias. La UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), los campesinos del norte de Mendoza, muchas pequeñas industrias alimenticias o alguna industria textil cooperativa, son ejemplos de economía popular. El gobierno necesita apoyar esta producción popular.

La producción popular, concluye Martínez, también puede jugar un papel vital contra el desempleo: “Desde hace más de 40 años que no tenemos una situación de trabajo pleno –plantea-. Tener una desocupación de 2 o 3 por ciento no es una meta absurda: la Argentina tuvo muchos períodos con ese nivel de desocupación. Y sin embargo en estos momentos cualquier gobierno popular estaría feliz con un desempleo de 7 por ciento, que además sería disimulado por la gran cantidad de planes sociales. La desocupación real hoy, a nuestro juicio, supera el 20 por ciento, y eso es inaceptable como modelo social”.