Desde que el Covid 19 llegó a Buenos Aires, mató a 201 ancianos que vivían en geriátricos y contagió a otros 1947. Como en todo el mundo, la propagación de casos en residencias para adultos mayores disparó la alarma. ¿Cuál es el estado de los hogares públicos y privados en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué medidas se están tomando? El fallido caso sueco.

La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.

Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.

Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.

En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.

Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.

“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.

El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.

En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.

De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.

Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.

“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.

“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.

En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.

Hogares porteños

El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.

Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.

Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.

Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.

Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.

En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.

En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.

Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.

El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las
instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.

El caso sueco

A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.

Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.

A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.