Entre todas las desigualdades que desnudó la pandemia, emergió el desparejo acceso a la tecnología. El Gobierno tomó medidas para transitar la emergencia, pero qué políticas son necesarias para encarar el futuro.

Una de las tantas desigualdades que emergieron con la pandemia fue la enorme brecha digital que existe en el país. Durante los últimos meses, diferentes ámbitos de la vida cotidiana se vieron afectados por no contar con los recursos o dispositivos adecuados, la deficiente o nula conectividad y la falta de educación para la correcta usabilidad. Cuestiones que establecieron interrogantes sobre qué fue lo que se hizo durante los últimos años desde el Estado para solucionar este problema, qué medidas se están tomando en la inmediatez y qué aspectos deberían revisarse para afrontar la pospandemia.

Lo que conocemos como brecha digital ya no significa lo mismo que aquel término que logró instalarse en la agenda pública hace casi veinte años durante la cumbre mundial de la Sociedad de la Información, y remitía a una idea de división entre aquellas personas que tenían conectividad y las que no. O, incluso contando con ella, mostraran limitaciones para su uso. Entender la brecha hoy implica rever los aspectos que lo determinan. No sólo porque el escenario actual no es el mismo, sino también por la complejización de las estructuras sociales, cuyas irregularidades se dejaron ver con la llegada de la pandemia.

La investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mariela Baladrón, sostiene que habría que discutir el concepto de brecha digital para entender la problemática de forma más profunda y abordarla como una idea interseccional: “En general se trata de analizar la desconexión en conjunto con la desigualdad y la diferencia, que son aspectos que están interrelacionados. Las desigualdades no son simplemente cuestiones de acceso a infraestructura. Hay que tener en cuenta la apropiación de tecnología por parte de las personas, sus capacidades, sus circunstancias de vida”.

Algunas de las iniciativas para reducir la brecha en el país fueron el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, basado en la inversión pública para el despliegue de infraestructura y el Programa Conectar Igualdad para la entrega de computadoras en instituciones escolares públicas, que contemplaba, además, software con contenidos educativos. Ambos creados en 2010 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

«Habría que producir información que permita conocer el costo de una canasta básica de telecomunicaciones», dice Monje.

El primero proponía el desarrollo de una Red Federal de Fibra Óptica, compuesta por una red troncal nacional y redes provinciales a la que se interconectarían operadores más pequeños, ya sean pymes, cooperativas u otro tipo de prestadores. También consideraba los Núcleos de Acceso al Conocimiento, lugares equipados donde las personas podían ir a realizar talleres. Contemplaba la inclusión digital, optimización del uso del espectro radioeléctrico y fomentaba la competencia en el sector, entre otras cuestiones.

En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, Conectar Igualdad fue suspendido y reemplazado por el plan Aprender Conectados, modificando la entrega de netbooks por tablets que no estaban orientadas a fines educativos. En cuanto al Plan Argentina Conectada fue reemplazado por el Plan Federal de Internet y continuaron las inversiones principalmente con recursos del Fondo de Servicio Universal a través de ENACOM. El manejo de los fondos durante los últimos cuatro años se caracterizó por la discrecionalidad. Los mayores porcentajes se repartieron entre ARSAT y EDUCAR, ambas empresas del Estado, dejando afuera de este beneficio a pymes y cooperativas que operaban en los lugares más postergados del país.

Durante el actual aislamiento social, preventivo y obligatorio, las autoridades políticas intentan poner el foco en resolver problemas de conectividad. ENACOM ordenó congelar precios y suspender los aumentos de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga hasta el mes de agosto. Además del desarrollo y ampliación del programa +Simple, con la entrega de tablets a organizaciones educativas, beneficiarios de diferentes planes sociales y jubilados.

En Brasil, internet es considerado un servicio esencial y en Chile se discute en el Parlamento para declararlo servicio público.

En esa misma línea, el diputado nacional Pablo Carro presentó un proyecto de ley para que el acceso a internet sea considerado un derecho humano. Esta iniciativa retoma los lineamientos de Argentina Conectada y toma como base la garantía de universalidad establecida en la ley Argentina Digital, cuyos aspectos fundamentales fueron modificados por decreto en 2015 por Mauricio Macri, desregulando la competencia y dejando a pequeños operadores sin resguardos ante criterios del libre mercado.

En relación a esta iniciativa, Ana Bizberge, especialista en regulación de medios y telecomunicaciones, comenta que no es una medida aislada en la región: “En el caso de Chile, se debate en el Congreso un proyecto para reconocer el acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones. Eso significa que, si prospera, las operadoras tendrían que cumplir con las obligaciones de continuidad y calidad de servicio de acceso. A su vez, en Brasil, el Marco Civil de Internet, sancionado en 2014, define Internet como servicio esencial, aunque existen ciertas tensiones que en la práctica dificultan la universalidad del acceso a la banda ancha”.

De cara a la pospandemia, Daniela Monje, doctora en Comunicación (UNLP) e investigadora, afirma que en materia de políticas públicas, la discusión es amplia y debe tocar diferentes aspectos: “Para empezar, el tema de la desigualdad de acceso en Argentina, ya que no se presta cómo un servicio universal. El proyecto de ley que se discute actualmente en sede parlamentaria sería una dirección importante. Luego una regulación inteligente que permita fijar tarifas y precios justos y razonables. Además habría que producir información socialmente relevante que permita conocer el costo de una canasta básica de telecomunicaciones a fin de fijar políticas al respecto”, comentó.

Queda claro que para minimizar la brecha, la regulación estatal es una herramienta imprescindible e involucra tanto al sector público como al privado. Dado que la inclusión digital no podrá prosperar sin cuestionar los modelos de negocios de las grandes empresas de telecomunicaciones que hoy dominan el sector.