Cuatro millones de personas viven en miles de villas y asentamientos y el déficit de hogares en el país afecta, según cifras oficiales, a 3.8 millones de familias. El arquitecto Jaime Sorín y Ana Pastor, vicepresidenta de Madre Tierra, abordan un tema social clave: la emergencia habitacional en la Argentina.

Las premisas que Arturo Jauretche denominaba ‘zonceras argentinas’, históricamente avaladas y convertidas en irrefutables, han posibilitado que extraños intereses conduzcan el destino del país, sus recursos y riquezas. El contexto que se configura a partir de la pandemia deja al desnudo las más dramáticas y paradójicas consecuencias que de allí derivan. El paso del coronavirus por los barrios populares evidenció las condiciones de extrema criticidad en la que viven casi un millón de familias en un país altamente rico en tierras, recursos y mano de obra. Ana Pastor, trabajadora social, vicepresidenta de la organización social Madre Tierra y representante de América Latina en la Coalición Internacional del Hábitat y Jaime Sorín, Decano de Arquitectura en la Universidad de Avellaneda, arquitecto, docente e investigador analizan la situación habitacional de la Argentina, una deuda histórica en materia de derechos.

“La pandemia devela la enorme desigualdad socio-territorial que tenemos en nuestras sociedades –afirma Pastor-. Hay dos recomendaciones fundamentales que se dan en este tiempo: quédate en casa y lávate las manos. Es evidente que estas cuestiones mínimas son condiciones que muchas personas de las villas y asentamientos no pueden cumplir”. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina hay un total de 4.461 villas y asentamientos, donde viven aproximadamente cuatro millones de personas. Los datos respecto a los servicios básicos e infraestructura son allí desalentadores: el 93,8% no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal. En el país, el déficit habitacional afecta a 3,8 millones de hogares, de los cuales 1,6 millones necesitan una nueva vivienda y 2,2 millones precisan refacciones para poder alcanzar el umbral mínimo de la casa digna.

En este escenario, el programa Argentina Construye, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se propone como una respuesta inicial a estos déficits. Se planificaron viviendas nuevas, refacciones y microcréditos y se prevé la generación de miles de puestos de trabajo. Es incipiente y los resultados se verán sobre la marcha. Vivir con los derechos de acceso al hábitat digno vulnerados trae aparejado un sinfín de problemas ligados en gran medida a la salud, por lo que, para gran parte de los barrios más postergados, la emergencia sanitaria que hoy atraviesa al país entero es una problemática constante. Lo acontecido en Villa Azul, Buenos Aires, grafica esta desigualdad: “Han sido más las víctimas en la parte no urbanizada (Quilmes) que en la urbanizada (Avellaneda) –destaca Pastor-. De ahí sacamos dos saldos: la importancia de entender cuánto más saludable es un barrio que está urbanizado y la importancia de un Estado presente”.

Al respecto, Sorín agrega que “el Estado -y no así el mercado- es fundamental si se quiere tener una política de vivienda que abarque a todos los sectores y, si no actúa, de alguna manera lo que está haciendo es posibilitar esa desigualdad estructural”. En este sentido, Pastor sostiene que “el neoliberalismo lo que ha instaurado es que el apoyo del Estado se riega por arriba, es decir, se riega a las grandes empresas que son las que supuestamente van a desparramar trabajo: ya estamos viendo que mucho no derraman. Si los patrones logran segundas y terceras viviendas, ociosas, y sus empleados no tienen ni lo mínimo para lograr un techo seguro donde vivir, evidentemente algo se está haciendo mal”.

 

El 93,8% de las personas que viven en villas y asentamientos no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal.

Trabajo y vivienda

El déficit habitacional ha sido y es el correlato directo de la desigualdad social y estructural de nuestro país y de la región. En Argentina, los barrios de emergencia comenzaron a surgir a mediados del siglo XX y, a lo largo de los últimos 40 años, han crecido y empeorado a la par de las sucesivas crisis económicas. Tras una década de una fuerte -aunque insuficiente- iniciativa en materia de hábitat, enmarcada en un contexto económico más favorable para los sectores populares; el aumento de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo su duro impacto en la situación habitacional.

“Detrás de esto está la cuestión de por qué en un país tan grande y con tan poca población para el territorio no hemos podido garantizar nunca que toda persona que pise suelo argentino tenga un lugar mínimo pero adecuado donde vivir –sostiene Pastor-. Y esto tiene que ver con el tipo de normativa que nos hemos dado para vivir en sociedad, en la que prima el derecho a la propiedad absoluta por sobre la función social de la propiedad”.  Cavando más profundo, no se trata sólo de un problema de acceso a la vivienda sino también de acceso al suelo urbano. “Si nosotros entendemos que el suelo es un bien de cambio y aceptamos eso con naturalidad, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa y una muy minoría con mucho territorio”, agrega.

En este sentido, Sorín entiende que a esta problemática se la empieza a atacar equilibrando con políticas fiscales que sean equitativas: “Esto no significa de ninguna manera que hay que sacarle al que tenga más, sino que, una vez establecido un piso de propiedad privada, hay que empezar a cobrar impuestos para aquel que utiliza la vivienda o el suelo como si fuera una caja de seguridad”.

Por otro lado, otra de las razones tiene que ver con la falta de comprensión cabal de cuáles son los componentes que pesan en la realidad de quienes habitan los barrios. La cuestión habitacional no refiere únicamente al aspecto material o de infraestructura de las viviendas, sino que apunta al acceso a todos los derechos, empezando por el trabajo. De allí la necesidad de pensar la acción pública de manera tal que incorpore componentes de vivienda y trabajo y no reducirla sólo a construcción de viviendas o regulación dominial. “No podemos pensar -expresa Sorín- que solamente con dar una vivienda vamos a resolver el problema: nadie tiene sólo un problema de vivienda, este aparece porque no hay trabajo primero”.

“Si el suelo es un bien de cambio, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa», anuncia Pastor.

Organización y participación

En este contexto, el programa Argentina Construye supone una iniciativa de enorme importancia. El proyecto busca brindar soluciones al déficit habitacional financiando, en distintos puntos del país, más de 40 mil refacciones, 5.500 viviendas nuevas, equipamiento público -especialmente sanitario y de higiene- y 200 mil microcréditos para materiales de construcción. El programa es entendido, en este contexto, no sólo como una respuesta necesaria en materia de hábitat, sino también y en igual medida como un aporte para la reactivación económica ya que las obras pensadas estiman un total de 750 mil puestos de trabajo.

Además, cabe resaltar el espíritu federal y participativo, tan necesario para la prosperidad de los programas o las normativas que se establezcan en materia de hábitat y territorio. A la luz de la extensa lista de obras que concluyeron en soluciones temporales o incluso derivaron en nuevas problemáticas relacionadas a la salud, la seguridad o el medio ambiente, se torna necesario que “las normas tengan como objetivo final llegar a un territorio que sea económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente identitario, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Esos son los siete puntos a los que apunta una ley de hábitat integralmente aplicada”, explica Ana Pastor.

Al respecto, Sorín sostiene que sin la intervención del Estado es absolutamente imposible resolver el tema, pero que también se tiene que permitir la acción de aquellas organizaciones de pueblos que tienen sus propias políticas “ya que la vivienda no es un tema sólo económico, es un tema cultural también. Nuestro país es multicultural y con una diversidad regional enorme, por ende las distintas comunidades tienen sus distintas maneras de vivir y de encarar el problema. El Estado debe tener políticas abarcadoras y diferenciadas y permitir que cada sector, de algún modo, intervenga en la definición de cómo quiere resolver su problema”. En este sentido, la vicepresidenta de Madre Tierra afirma que “participación no es juntar a los vecinos y decirles qué es lo que se va a hacer en su barrio: es generar la información y las condiciones necesarias para tomar decisiones en conjunto”.

“Producción social del hábitat es ir logrando de manera auatogestiva un barrio con todas las infraestructuras, los equipamientos, las centralidades, los accesos y las viviendas seguras que deben tener”, cuenta Pastor. En este sentido, la organización social Madre Tierra ha realizado durante 30 años, y a base de trabajo comunitario, 17 barrios con servicios y un gran número de mejoras en viviendas y soluciones cloacales y de agua potable en el conurbano bonaerense, generando en el camino experiencias de organización y participación más que interesantes. Desde ya, esto requiere mucho del apoyo estatal. “Acá la combinación entre acción estatal y organización social es fundamental ya que el Estado solo no puede y, fundamentalmente, no debe. Creo que es lo único que nos va a permitir salir de esta situación”, concluye Sorín.

Estos tiempos deberían ser el puntapié a una reflexión -y acción- profunda tanto para los decisores políticos como para la sociedad toda. Los primeros deberán abocarse a la planificación de políticas públicas que, de manera integral, busquen corregir la diferencia socioeconómica existente. Pero además, y considerando que toda desigualdad se sostiene sobre las decisiones de pocos y la indiferencia de muchos, el pueblo argentino en general deberá pensar cuánto más tolerará esta inequidad. “Espero que esta pandemia nos deje ver la importancia de que si pierde uno pierden todos y que nuestros sectores medios abran los ojos y se den cuenta que nunca los sectores concentrados van a intentar beneficiarlos –concluye Pastor-. En Argentina, lo popular ha tenido grandes pérdidas y siempre ante los intereses de unos pocos”. Intereses de aquella ínfima minoría que, decía Jauretche, son dueños de la tierra (o de lo que fuere), “pero su mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media que, sin tener más tierra que la de los canteros del patio, se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece”. Descubrir y truncar las zonceras que se llevan dentro es, al decir del escritor, un acto de liberación.