Distintas agrupaciones de artistas y técnicos audiovisuales, afectados por la pandemia, reclaman al Estado soluciones que les permitan subsistir. Exigen que las plataformas digitales, uno de los negocios ganadores en esta crisis, paguen derechos y tributen impuestos.

Durante la cuarentena el ocio se multiplica y el encierro revela la limitada oferta de actividades. Entre ellas, se comprobó que el uso de plataformas streaming, también llamadas OTTs, se ha elevado notoriamente. En este marco, el titular del INCAA, Luis Puenzo propuso el “Impuesto Netflix”, con el cual a partir de un aumento del 10% en las tarifas de suscripción se busca apoyar a los trabajadores audiovisuales, otro sector vapuleado durante esta crisis, asignándoles por única vez una suma de aproximadamente 35 mil pesos.

Frente a esta situación, trabajadores  del cine, la TV y la publicidad, reunidos bajo la agrupación TAP (Trabajadores Audiovisuales Precarizados) se movilizaron por tercera vez el pasado 29 de junio a Plaza de Mayo. Se trata de personal del cine, músicos, fotógrafos y actores que solicitan al Estado condiciones que les aseguren la supervivencia en la incertidumbre imperante.

Francisco Rizzi tiene 44 años. Trabaja hace 20 en el área de sonido en postproducción audiovisual, más precisamente como “Foley”. Es quien se encarga de recrear en detalle y mediante diversos recursos, los sonidos que no han sido captados durante la grabación de las escenas. Su tarea, como la de muchos otros del sector, es discontinua, lo que no le permite gozar de un sueldo fijo o vacaciones. Tampoco pudo hacerse acreedor del Ingreso Familiar de Emergencia, además de afirmar que no existe ningún tipo de subsidio que los ampare. “Lo que nosotros estamos planteando en nuestro pliego de reivindicaciones es un impuesto real a las OTTs. En lo que llevamos de cuarentena no hemos recibido ningún tipo respuesta ni de organismos oficiales, ni por parte de los sindicatos que nuclean nuestras actividades. El SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) al principio nos informó que había un pedido de una IFE Audiovisual, por 10 mil pesos por tres meses que no nos dieron y previo a nuestra primera movilización Luis Puenzo nos culpó de no poder explicar la naturaleza inconstante de nuestro trabajo.”

Trabajadores Audiovisuales Precarizados ya se movilizó tres veces a Plaza de Mayo.

En la industria musical, la perspectiva no cambia demasiado. Luis Mauregui es artista independiente y perteneciente a la agrupación Músicos Organizados. Se moviliza junto a TAP para pedir ingresos acordes a su profesión durante este tiempo de receso obligado. “En nuestro sector no hay bonos. La partida presupuestaria (nota de la r: a nivel nacional) está. El Gobierno de la Ciudad te paga por la música en vivo, algo que hoy no se puede hacer, además lo que te dan es insuficiente.”

La primera movilización fue el 4 y la segunda el 16 de junio. Esta última se dirigió al Ministerio de Trabajo, motorizada por operadores eléctricos, otro sector audiovisual también perjudicado. Junto a la diputada del FIT, Romina Del Plá, el TAP y los otros grupos presentaron un proyecto de ley por el cual solicitan, entre otras cosas, 30 mil pesos de subsidio, retroactivo y mientras dure la cuarentena, además de la prohibición de despidos y suspensiones en el área y la exención inmediata del pago de alquiler de salas de teatro y del monotributo.

Junto a ellos marcharon actores agremiados dentro del Frente de Artistas Actuemos (FDA). Piden, además, mantener en vigencia el derecho de interpretación, por el que deberían ser retribuidos en función de la reproducción de su trabajo. Natalia Badgen, actriz, directora y docente explica: “Hay una ley que nos ampara en cuanto a esto y en las plataformas web no se cumple. Es un gris, porque la ley es anterior al desarrollo de estas tecnologías, entonces los actores no cobramos un mango”. Aclara que el Instituto Nacional del Teatro ofrece mediante el Plan Podestá un subsidio concursable, por única vez, correspondiente al pago de una o dos funciones con contraprestaciones, siempre y cuando no participen de ninguna otra asistencia.

Julio Cortes, también del colectivo Actuemos, coincide en que la precarización del sector precede a la pandemia, mientras que “las ganadoras de esto son las industrias culturales, ahora en su modalidad de plataformas digitales.”

Junto a estas organizaciones se moviliza también el colectivo de Fotografía y Cine “El ojo obrero”. Sofía Bordone, fotoperiodista e integrante del grupo, afirma: “Si llegamos a la conclusión de poner el cuerpo en una movilización es porque no recibimos una respuesta clara del Estado y necesitamos comer para poder realizar el aislamiento como corresponde.”

El Gobierno lanzó, para paliar la situación, las becas Sostener Cultura II, que otorga por única vez 30.000 pesos.

Por su parte y a modo de respuesta, el Ministerio de Cultura, junto con el Fondo Nacional de las Artes y a través del ANSES lanzaron durante el mes de julio “Sostener Cultura II”, una ayuda extraordinaria en forma de beca destinada a trabajadores de las distintas ramas del arte, sean argentinos o nacionalizados, de hasta 30 mil pesos. Para poder aplicar a las mismas, los trabajadores deberán pasar por el dictamen de un jurado quien los habilitará a ser meritorios de las mismas.

En la última movilización de TAP, sus integrantes elevaron una carta con sus reclamos y un pedido de audiencia al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que fue derivada a los Ministerios de Cultura y Trabajo. Para Francisco, más allá de las ayudas en forma de becas, el impuesto a las OTTs esgrimido por Puenzo es una estafa. El mismo saldría del IVA que pagan los usuarios e iría a parar a la caja del INCAA, no para subsidiar a los trabajadores, sino para continuar fomentando las actividades de los grandes consorcios.

Todos los entrevistados coinciden en que es inminente una reforma normativa, en un contexto –dicen- en donde las burocracias sindicales han operado a favor de una reducción salarial, y en donde Netflix factura un 16% con productos realizados por miembros del TAP que no están recibiendo rédito alguno. Concuerdan además, en continuar con las acciones hasta que sus demandas sean escuchadas y poder permanecer en sus casas con las necesidades satisfechas se convierta en una realidad.