Un estudio realizado por la UNLA y el CONICET demuestra que la mitad de las empleadas de casas particulares empeoró su situación económica durante la cuarentena. Un 15 por ciento de ellas no pudo cobrar la IFE. Cuando los empleadores que las obligan a mentir para no perder su fuente de trabajo.

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, 5 de cada 10 trabajadoras domésticas vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento por la pandemia covid-19 en Argentina.

Desde que el Gobierno nacional dispuso de una cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad, se afectaron por completo muchos sectores de la sociedad. Uno de ellos y uno de los más vulnerados fueron las trabajadoras de casas particulares, que se vieron imposibilitadas para trabajar.

El Programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLa junto al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, realizaron un relevamiento encuestando a 635 personas vía redes sociales y WhatsApp entre el 13 de abril y el 10 de mayo, donde notaron que más de la mitad, vieron empeorada su situación.  “Decidimos realizar esta investigación para generar un informe y que pueda llegar tanto para que los usen las trabajadoras para reclamar y también por el otro lado que llegue a quienes toman las decisiones políticas”, explica Verónica Casas, antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien participó en la coordinación del trabajo.

A causa del contexto actual, sólo cuatro de las cinco categorías de empleadas de casas particulares están exceptuadas de concurrir al trabajo. Solamente tienen permitido realizarlo aquellas que estén cumpliendo tareas de cuidado y asistencia de personas, pero en algunos casos, los empleadores se aprovechan de esa situación, como le sucede a Laura Herrera, quien comenta: “Entro a la Ciudad con el permiso de cuidado de personas mayores, no es legal. Pero cualquier cosa que me pase yo ya tengo el permiso. Hay compañeras que entran de forma clandestina, que es peor.”

“Es una estrategia de parte de los empleadores bastante preocupante – exclama Casas – porque después hay que ver si esas personas, efectivamente le cambiaron la categoría y le están haciendo los aportes porque después no las cubre la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) por ejemplo, entre otras cosas. Y es una persona que se está exponiendo a sus familias, mayormente las trabajadoras domésticas tienen hijos y son jefas de hogar, así que es una situación bastante crítica. Lo del cambio de categoría debería ser una de las primeras medidas que se tome para que el Estado pueda controlarlo”.

El 25 por ciento de las mujeres que respondieron la encuesta, trabajan en negro.

Según lo establecido por el Estado, las trabajadoras domésticas deberían cobrar su salario a pesar de no estar concurriendo a trabajar, incluso no estando registradas. “Por el tema de la pandemia no trabajo, pero me abonan igual el sueldo. Hasta que no se levante la cuarentena no vuelvo, pero igual tengo comunicación constantemente con mis jefes” expresa Blanca Rodríguez, de Moreno, empleada doméstica desde hace más de diez años en Recoleta. “La rutina igual se extraña, uno está acostumbrado a tener un ritmo de vida de mucho tiempo y este receso complica. En lo económico, afecta bastante porque se gasta más plata al estar en casa todo el día”, exclama. El mismo caso sucede con Sandra Méndez, de la localidad de Merlo: “Con respecto a mi patrona, estoy dentro de todo bien, me está pagando porque yo estoy en blanco hace siete años. Mis patrones son de alto riesgo y se cuidan mucho, por eso no puedo ir. Hasta que no pase la pandemia no me van a llamar”.

Pero, ¿qué pasa con todos los casos que no son como el de Blanca, Laura o Sandra? Algunos empleadores no están cumpliendo con lo pautado y en muchos de esos casos, las trabajadoras no poseen otro ingreso extra. El 25% de las mujeres que respondieron la encuesta, trabaja de manera informal o más conocido como “trabajo en negro”. Así, es el caso de Karina Méndez, de 44 años, quien trabaja hace seis años junto a una familia en San Miguel: “A mí no me pagan porque estoy en negro. Iba una vez a la semana, o dos veces, y yo tenía mi plata, mis cosas, no era mucho, pero iba guardando, gastaba o guardaba, pero ahora no”.

Quienes más padecen esta situación son las empleadas no registradas. “En el trabajo a donde yo voy hace doce años estoy en negro, ella me estuvo pagando y me mandaba mensajes, ahora no me mando más mensajes, nada. A partir de junio se han olvidado que existo. Pensé que me iba a pagar el sueldo, pero hasta ahora nada”, señala Mirtha González, trabajadora doméstica de la localidad de Merlo. “La verdad que ya me estoy poniendo re mal porque no puedo pagar lo que debo. Juan, mi hijo mayor, me da para comprar la comida, remedios y los pañales”, agrega.

Los resultados del estudio demostraron que solamente el 55,7% de las trabajadoras cobró los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno Nacional, el 15% no sabe como tramitarlo y después está el resto que no están recibiendo ninguna ayuda. Casi la mitad de las trabajadoras no poseen otro ingreso extra.

“Ni siquiera cobré el bono –dice Mirtha Martínez- porque estamos vinculados con mi marido a la pensión no contributiva, por discapacidad, de mi hijo Matías. No nos salió negativo la IFE, y cuando mi hija entró a averiguar en el Anses nos sale vinculado con eso, así que estamos sin nada y es un re bajón”.

«En la práctica los empleadores no están cumpliendo la ley y no registran a las trabajadoras», dice Casas.

Este sector siempre padeció una gran vulnerabilidad y se vio profundamente agravado en este contexto de pandemia. Casas sostiene: “Las situaciones que cuentan las trabajadoras y que se ve por todos lados ahora en la cuarentena en realidad son situaciones que vienen de antes, hay una desigualdad estructural del sector que tiene que ver con desigualdad de género, de clase, étnicas y hacen que, un montón de prácticas que antes también se hacían, ahora se empiecen a ver más por esta crisis que estamos viviendo”. Además afirma: “Si bien en Argentina tenemos una ley que iguala derechos a esas trabajadoras, hoy en la práctica los empleadores no están cumpliendo y no las están registrando”.

La pandemia vino a agudizar esas desigualdades estructurales que padecía el sector de las trabajadoras domésticas, compuesto mayormente por mujeres que vienen peleando por el acceso a sus derechos. Es el momento de potenciar la voz de esas trabajadoras que vienen reclamando históricamente, visibilizarlas y darles una solución.