La necesidad estatal de llegar a todos los sectores vulnerados en sus derechos para asistirlos en medio de la pandemia puso en escena nuevamente el debate sobre la categoría de trabajador sexual. El gobierno creó una mesa de diálogo para tratar el tema.

Endeudadas por no poder trabajar, alquilan un cuarto que puede llegar a triplicar su verdadero valor solo por ser portadoras del estigma; entregan sus celulares y televisores como forma de pago, mientras son hostigadas por parte de los dueños de los hoteles que les van cortando de a poco los servicios para echarlas, como quien baja la música al final de una fiesta para que la gente se vaya. Otras en cambio, pudieron trasladar sus servicios al mundo online (tal y como lo hicieron diferentes trabajadores del resto de la economía) pero tuvieron dificultades con el cobro al no estar registradas como trabajadoras formales. ¿Cuál es la realidad de las trabajadoras sexuales en esta pandemia? ¿Qué pasó en el diálogo que se inauguró recientemente con representantes del gobierno nacional?

El domingo 7 de junio las trabajadoras sexuales parecían estar cumpliendo un sueño. Luego de 25 años del surgimiento de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), el Estado había colocado la categoría «trabajo sexual» en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), reconociendo, de cierta manera, a la prostitución como un trabajo. “Cuando vi que trabajo sexual aparecía como una categoría del RENATEP, sentí un gran alivio. Sentí que el Estado nos estaba escuchando, que por fin nos estaba viendo”, afirmó Georgina Orellano, secretaria de AMMAR, quien actualmente vive un hotel de familia y no está pudiendo trabajar a raíz de la pandemia.

Durante cinco horas, 800 trabajadoras y trabajadores sexuales pudieron inscribirse y llenar el formulario. Pero después, el Ministerio de Desarrollo Social dio marcha atrás con la operación. “Aunque haya durado cinco horas, estuvimos en un registro donde el Estado respetó nuestra identidad como trabajadoras sexuales, permitiendo que se conozcan nuestras demandas, nuestra situación: el gobierno comenzó a saber cuántas somos; cuántos son nuestros ingresos; de qué manera trabajamos. Era poder contarle todo eso al Estado por primera vez”, afirmó Orellano.

Durante cinco horas, 800 personas pudieron inscribirse en el registro de trabajadoras y trabajadores sexuales.

Debido al reclamo realizado por AMMAR ante la baja del registro, los ministros de las certeras de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, generaron un encuentro virtual para poder escuchar el petitorio de esta asociación. “La reunión consistió en comentar la situación de las compañeras a nivel nacional y también hablar sobre cuán importante es el registro para nosotras”, afirmó Mónica Lencina, secretaria adjunta de AMMAR Nacional. “Seguramente tendremos otras instancias de reunión más adelante. En el encuentro nos dijeron que van a conformar una mesa de diálogo con varios ministerios a nivel nacional, para ver qué forma le van a dar a la categoría de trabajo sexual y si la van a seguir sosteniendo”, agregó Lecina.

Sobre este punto, la organización Madres Víctimas de Trata afirmó que para tomar una decisión de esa índole y debatir estas temáticas tan relevantes, el gobierno debería escuchar a otros sectores de la población. “El abanico para tratar esta problemática debería ser más amplio. Por ejemplo, el gobierno debería convocarnos a nosotros y a otras organizaciones abolicionistas. Debería escuchar nuestros argumentos. Si bien hay que atender a esas mujeres que están en situación de prostitución y acercarles una solución, creemos que reglamentar la prostitución lo único que hace es vulnerar más los derechos de estas personas”, afirmó Federico Derendinger, uno de los integrantes de la organización.

Pese a estas discusiones y a que todavía no se haya tomado una decisión con respecto al registro, Orellano ve el lado positivo de lo sucedido, ya que a partir de ésto se habilitó un nuevo canal con el Estado y un debate en la sociedad: “La pandemia vino a dejar al descubierto y a poner en evidencia más que nunca la precarización laboral; los efectos de la clandestinidad; de la falta de derechos; de la falta de políticas públicas. Desde AMMAR hacemos una evaluación positiva frente a todo el debate y la discusión que se ha desatado estos últimos días; demuestra que hay legitimidad de las trabajadoras sexuales, de nuestra organización y de nuestro sindicato”.

En sintonía con Orellano, para la trabajadora sexual, Nina León, este canal de diálogo que se inauguró con el gobierno fue promovido por el contexto de pandemia, en el cual ya no se pudieron ignorar ciertas realidades. “La cuestión del coronavirus en el trabajo sexual lo que hizo fue, lógicamente, exponer mucho más las situaciones de vulnerabilidad que de por sí ya teníamos que atravesar las trabajadoras sexuales”.

“Aunque haya durado cinco horas, estuvimos en un registro donde el Estado respetó nuestra identidad como trabajadoras sexuales», subraya Georgina Orellano.

Nina León estudió periodismo y desde el 2017 ejerce como trabajadora sexual. Afirma que tomó esa decisión luego de cansarse de ser precarizada en diferentes trabajos. “No voy a romantizar el trabajo sexual porque así como tiene sus cuestiones positivas, también tiene su lado negativo. Por ejemplo, el no contar con los derechos laborales, tener que soportar el estigma, el rechazo, la discriminación por parte de tu familia o tu entorno”. Sin embargo, asegura que pese a esas cuestiones, ella lo continúa eligiendo. Ante esta situación de pandemia, tuvo que pasar el 100% de su trabajo a la modalidad online y accedió al monotributo al registrarse como escritora (es autora del libro Puta Poeta), porque como trabajadora sexual no puede.

Dada la situación actual, desde la sede Casa Roja de AMMAR (que inauguraron hace un año en el barrio de Constitución) se hace lo que se puede: se reparten bolsones de comida, se organizan para hacer trámites legales relacionados con los documentos migratorios (atrasados debido a la discriminación que muchas atraviesan cuando quieren realizarlos), los subsidios habitacionales o las tarjetas alimentarias. “También lo que hicimos, de manera urgente, fue crear todo un grupo de psicólogues que se pusieron a disposición a nivel nacional  para poder contener emocional y psicológicamente a muchas compañeras que lo estaban necesitando”, afirmó Nina León.

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