Representantes de la agricultura popular y campesina analizan de manera positiva el posible traspaso de la empresa en quiebra a manos del Estado y lo ven como un camino para regular un sector muy desigual, que perjudica a los pequeños productores, subfactura y está sospechado de evasión.

La intervención estatal de Vicentin podría favorecer a pequeños y medianos productores agropecuarios. Desde que el gobierno nacional manifestó la voluntad de expropiar la empresa, que en diciembre de 2019 anunció la imposibilidad de pagarle a sus acreedores, referentes de estos sectores y organizaciones sociales destacaron la importancia de que el gigante cerealero pase a depender de la gestión pública.

Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Mendoza manifestó a ANCCOM: “En primer lugar, que el Estado intervenga y controle Vicentin –que representa el 9 por ciento de las exportaciones agroindustriales- en el momento actual donde está en quiebra y con tantas deudas con acreedores y productores, es la garantía de que los pequeños y medianos que le hayan vendido sus granos van a recibir su paga”. En total, la deuda de la empresa asciende a 1.350 millones de dólares. Los productores de granos representan el 71,8 por ciento de los acreedores. El resto de la deuda es con el sector financiero, que incluye una deuda con el Banco Nación de 18.182 millones de pesos, otorgada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Sergio Dumrauf, coordinador del Programa de Agricultura Familiar de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Foro Agrario por un Programa Soberano y Popular, señaló dos dimensiones de análisis que hay que contemplar a la hora de pensar en los efectos la acción estatal. En primer lugar, el mercado externo, donde podría allanar un camino de soberanía económica. “Hoy la exportación de granos y derivados es un verdadero descontrol en el sentido de que hay un mercado oligopólico de exportadoras. No son más de diez, y muchas son trasnacionales como Drayfus, Bunge y Born. En varios casos subfacturan, entonces pagan muchas menos retenciones y esos dólares, de alguna manera, se fugan del país o evaden directamente a través de triangulaciones y la Argentina se queda sin divisas”, explicó.

En este sentido, para el docente de la UNLP, la posibilidad de que Vicentin se transforme en una empresa pública con participación de cooperativas y trabajadores “va a permitir que sea una mucho más transparente, capaz de mostrar las cuentas, cuáles son las retenciones y las divisas que llegan al país, qué facturación tienen y a su vez eso posibilitaría regular al resto”. Esto facilitaría además “que chacareros de toda la zona de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que hacen cultivos extensivos -soja, maíz y trigo- puedan recibir mejores precios y condiciones de pago”.

Montón también se detuvo en ese aspecto: “Una situación que se da en toda la cadena del sistema agroalimentario es que, en general, la mayor apropiación de recursos está en los eslabones exportadores. Si el Estado controla Vicentin va a poder tener más información sobre cómo son esas maniobras de especulación y apropiación de recursos de las cadenas, e incluso se van a poder plantear dinámicas de redistribución de ese excedente que hoy se concentra en pocas manos”. Y añadió: “Además, el hecho de que el Estado pueda ser una empresa testigo en cuanto al mercado externo va a permitir fijar políticas que avancen hacia el precio justo de la renta para los productores con valor agregado y el control de las divisas en función del desarrollo, lo que en un plan agropecuario estratégico puede sintetizarse en inversiones en infraestructura y desarrollo que tengan que ver con el bien común rural”. Asimismo, enfatizó en que podrían impedirse los abusos que se dan hoy “en varios sectores donde la agroindustria impone precios que son muchas veces leoninos en términos de lo que significa producir”.

La otra variable a considerar para analizar los posibles efectos de una administración pública de la empresa santafesina es el mercado interno. Así lo explicó Dumrauf: “Se presentaría la posibilidad de generar circuitos de producción, transformación y consumo virtuosos que generen tramas de valor donde los productores y consumidores tengan mejores precios. O sea, una lógica de desarrollo, no de mercancía, sino de generación de trabajo”.

“Hoy la exportación de granos y derivados es un descontrol. Hay subfacturación, triangulaciones, evasión», dice Dumrauf.

Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y trabajadora de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social afirmó, en la misma línea, que una compañía de esta magnitud puede incidir en la matriz productiva. “Hablar de soberanía alimentaria no es solamente tener una empresa que esté interviniendo en esa área porque el concepto implica también la posesión de las tierras para quienes producen, pero sí se puede empezar a recorrer un camino distinto, de participación de la agricultura familiar y campesina de las cooperativas, de potenciar y desarrollar la producción popular. Esto también quiere decir planificar el tipo de alimentos que se producen, traccionar la producción de la agroecología, de los pequeños y medianos y colaborar en el desarrollo de una producción distinta, más sana y saludable”. En este sentido Verde agregó: “Podría ser una política de Estado orientada a generar precios justos y a garantizar la accesibilidad de los alimentos. Por lo tanto, el derecho a la alimentación. Se trataría de una empresa capaz de regular a nivel nacional desde la incidencia, no desde la imposición, sino desde la acción en la compra al pequeño productor, para también generar trabajo y regular los precios de los alimentos”.

Los tres especialistas coincidieron en que el rol de las cooperativas y trabajadores es clave en todo el proceso. Para Dumrauf, tanto el proyecto original del oficialismo, como el presentado por el gobernador santafesino Omar Perotti que aboga a un diálogo con los concursantes y a un rescate de la empresa sin expropiación, podrían ser fructíferos. “En la medida en que haya una empresa pública con mayoría del Estado, la provincia de Santa Fe y participación de las cooperativas y las organizaciones de la agricultura familiar”, aclaró.

La causa

Actualmente, el futuro de la cerealera depende del juez en lo Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo. El 19 de junio frenó la intervención, repuso al frente de la administración a los dueños de la empresa y convirtió al interventor designado por Ejecutivo en un veedor. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitaron que se reconsiderara el fallo. Por su parte, el Banco Nación evaluó pedir la recusación del magistrado al corroborarse que trabajó durante 18 años en el Banco Nación de Reconquista y que como asesor letrado dictaminó a favor de tres de los créditos ahora defaulteados.

«Vicentin podría ser una política de Estado que logre precios justos y a garantice el acceso a los alimentos» dice Verde.

Verde destacó el papel estratégico de gestionar esta compañía en este contexto. “Venimos de una Argentina con 15 millones de personas pobres en diciembre, donde la mayoría son mujeres, de un gobierno previo que nos dejó en una situación muy compleja”, repuso. Además, analizó el mapa de actores sociales y políticos en tensión: “La reacción de los grupos concentrados de poder y económico, con el apoyo de los poderes de comunicación, es esperable, tiene que ver con el planteo que hace el gobierno, que va delineando el perfil de su gestión. Se propuso un impuesto a la riqueza y la expropiación de una de las empresas más grandes por una estafa que se está por investigar, con un montón de otros condimentos como la fuga de capitales. No es solo la noticia de Vicentín, sino en el marco de lo que viene proponiendo el gobierno, lo que se hizo y a quiénes representan este tipo de políticas”.

Para Verde la pandemia va a cambiar el mundo: “la manera de ordenar las cosas, de pensar las políticas públicas. Por lo menos ha dejado en evidencia las grandes diferencias que hay en la sociedad. Esta crisis nos deja la oportunidad de poder plantear otro rumbo, de pensar qué sociedad queremos, cuáles son las maneras que queremos de producir, qué relaciones económicas deseamos. Quedó en evidencia que los Estados fuertes son necesarios, como así también la investigación, la salud pública, la solidaridad”. Y concluyó: “Somos seres sociales, no individuales donde cada uno se salva por sí mismo. Eso en algún punto da cuenta de lo que los poderes concentrados venían haciendo y da lugar a plantear las cosas de otra forma. Necesitamos Estados fuertes interviniendo en salud, en la alimentación, y en nuestro caso, además, en la generación de trabajo”.