El aislamiento preventivo social y obligatorio obligó a muchos sectores de la economía a repensar sus actividades desde los hogares. Cuáles son las dificultades y los riesgos que corren los trabajadores en una modalidad aún no regulada. Los proyectos que ingresaron al Congreso.
Antes de la pandemia, según un informe de CIPPEC, solo el 8% de los empleados realizaba teletrabajo.

El aislamiento, preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para prevenir la pandemia que azota al mundo tiene su contracara (contra y cara) en la paralización de la economía. Según el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la paralización afecta a 2.700 millones de trabajadores en el mundo (un 81% del total). En Argentina, según el Observatorio de Despidos, a cargo de sociólogos de las Universidades de Buenos Aires y La Plata, hacia junio casi cinco millones de trabajadores han sido afectados por reducciones salariales, suspensiones o despidos. En este sentido, la no esencialidad de ciertas actividades laborales obligó a muchos rubros a readaptar sus trabajos. De esta manera se impuso el teletrabajo o, mejor dicho, la tele-emergencia. 

Si bien el teletrabajo está lejos de ser una novedad dentro del ámbito laboral, es cierto que uno de sus pilares básicos se dificulta debido a la irrupción de la pandemia: la planificación. «No ha habido posibilidad alguna de formarnos ni de organizarnos. El teletrabajo, en situaciones ideales pero también en las actuales, supone el establecimiento de objetivos y plazos así como también el tiempo destinado al él. El teletrabajo pre-pandemia tenía asignado solo un día a la semana, que es distinto a trabajar desde el lugar de aislamiento», asegura Lorena Díaz Quijano, consultora en transformación y negocios digitales. 

Según un informe publicado por CIPPEC en abril de este año, antes de la pandemia solo el 8% de los argentinos trabajaba desde su casa, generalmente una o dos veces por semana. El mismo informe advierte que sólo el 28% de los oficios registrados están en condiciones de realizarse desde los hogares. Pero la pandemia no avisó y el teletrabajo se impuso con sus dificultades: problemas de conectividad, falta de infraestructura digital propia de cada trabajo, carencia de espacio o concentración, ausencia de horarios de trabajo y del pago de horas extras, entre otras cuestiones. «Parejas con hijos deben repartirse el tiempo de cada uno entre el trabajo y los cuidados; personas que reparten tiempo entre estudio y trabajo; docentes con más de un trabajo y obligaciones; tareas del hogar. En fin, debió repensarse todo el esquema horario, trabajar por bloques», agrega Díaz Quijano.

Según el informe de CIPPEC, el 28% de los oficios están en condiciones de realizarse desde los hogares.

De acuerdo a un estudio de la consultora internacional Adecco, en Argentina el 42% de las personas trabaja más horas en cuarentena. Otro aspecto a señalar es la disminución del caudal y la calidad de la comunicación entre colegas y el incremento de tiempo para acceder a información que permita alcanzar los objetivos laborales  propuestos, como consecuencia del trabajo asincrónico y la necesidad de atender otras obligaciones en la casa.

Otra alarma que han encendido desde las asociaciones de trabajadores es la falta de legislación a nivel nacional para esta modalidad de trabajo. Agravada por el distanciamiento que el aislamiento social impone a los trabajadores y las dificultades que ello trae a la organización de demandas colectivas. 

La Ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) no fue diseñada para la labor a distancia. Fabio Boggino, abogado y consultor especializado en teletrabajo afirma: «La OIT regula las normativas laborales a nivel global y avala el teletrabajo. Aún así, hay países vecinos que sí regulan explícitamente el teletrabajo, como Colombia o Chile. En Argentina existen proyectos pero no ley. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) recomienda proveer a los teletrabajadores de algunos insumos, aunque en esta actualidad trastornada esas recomendaciones han quedado, por lo general, sin efecto». En este sentido, Boggino insiste en denominar tele-emergencia a la situación actual.

Las recomendaciones de la SRT a las que hace mención  Boggino, al igual que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, proponen entre otras cosas proveer al empleado de un botiquín, un matafuegos, una silla ergonómica y una computadora así como también cubrir gastos derivados del trabajo. En la actualidad, los costos del teletrabajo son generalmente cubiertos por los empleados en un contexto de recortes salariales donde los esfuerzos de la pandemia recaen sobre los trabajadores y trabajadoras.

En medio de la cuarentena, ingresaron al Congreso Nacional 14 proyectos para regular el teletrabajo.

Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AALL), Matías Cremonte asegura «que el gobierno prohíba los despidos es un avance importante pero permitir una reducción salarial luego de años de recesión económica es un grave avasallamiento sobre los mismos».

En sintonía con estas demandas, este mes, en el Congreso de la Nación se han ha presentado catorce proyectos sobre regulación del teletrabajo para abordar aspectos que las legislaciones vigentes ignoran: como el consentimiento del empleado a realizarlo, sin que por ello peligre su fuente laboral; el derecho a la desconexión; el establecimiento o control tanto de la carga horaria como de trabajo; la reversibilidad hacia la presencialidad post pandemia; la protección de datos -según IBM, crecieron exponencialmente los ciber ataques a nivel mundial, cuyas víctimas son, sobre todo, PyMEs- o la provisión de equipamiento y la compensación de gastos derivados. Es necesaria una nueva legislación que allane las dificultades que la tele emergencia impuso.