Pese a los decretos de necesidad y urgencia que protegen el salario y el trabajo, casi cuatro millones de trabajadores fueron impactados por rebajas salariales, suspensiones o despidos. Las cuentas del Observatorio de Despidos durante la Pandemia.

“Despidos”, “suspensiones” y “rebajas salariales” son tres conceptos que desentonan en la retórica de ciencia ficción imperante. Sin embargo, son las categorías esenciales para comprender gran parte de lo que sucede tras las bambalinas de la pandemia. A la amenaza biológica contra la vida se le suma la amenaza social contra el trabajo.

Es en busca de esa realidad que surgió el Observatorio de Despidos Durante la Pandemia, una iniciativa de sociólogos y estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata agrupados en La Izquierda Diario. “La idea del Observatorio surge a partir de dos dimensiones: por un lado, cuando inicia la cuarentena aparecieron, en forma de aluvión, datos, gráficos, curvas y demás sobre los aspectos sanitarios, que desde ya son imprescindibles. Pero no se publicaba, ni en las esferas de gobierno ni en los espacios mediáticos, información respecto a la situación de los trabajadores. Esa ausencia empezó a volverse sintomática y, de hecho, se prolonga hasta hoy”, explica Mariano González, estudiante de Sociología de la UBA, y continúa: “Por otro lado, teníamos una prédica del oficialismo de protección a los trabajadores tanto a través de conferencias de prensa como a partir de varios decretos de necesidad y urgencia. Incluso Alberto Fernández llamó ‘miserable’ a Paolo Rocca por los 1.450 despidos de Techint. Sin embargo, esas cesantías se concretaron y los ataques al salario, despidos y suspensiones comenzaron a aparecer de manera muy fuerte. Por eso decidimos poner en pie el Observatorio, para brindar esos dato”.

El relevamiento se realiza semanalmente a partir de publicaciones en más de 40 medios periodísticos nacionales y regionales, a los que se agregan las cifras publicadas esporádicamente por distintos organismos y los resultados de los acuerdos a los que llega cada sindicato en particular. A partir de esa información, se realizan informes y análisis bajo la supervisión de Paula Varela, investigadora del Conicet y docente en la UBA.

El conteo comienza desde el 20 de marzo –el día en que se inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- y, al 30 de mayo, se relevó el impactante número de 3.890.639 trabajadores afectados. El Observatorio desagrega esa cifra en tres categorías: “despidos”, unos 139.634; “suspensiones” (incluye a trabajadores que hayan sufrido el doble ataque de suspensión más rebaja salarial), que alcanza 1.786.987; y “ataques al salario”, que suben a 1.965.018.

De todas formas, este número es tan sólo una base, un indicio, más que una afirmación acabada. Los datos dependen de aquello que es considerado noticia por alguno de los medios relevados y, sobre todo, se impone la opacidad absoluta a la hora de registrar la situación del sector informal. “El porcentaje de precarización laboral en Argentina es del 40%”, analiza Clara Posse, socióloga. “Entonces, sabemos que hay muchos trabajadores informales, precarizados, contratados o con distintas relaciones laborales que no están pudiendo ser relevadas. Ese es un límite importante. Nosotros remarcamos que ésta es la cifra que pudimos abarcar, pero que en realidad es muchísimo más”. El llamado del Observatorio, en consecuencia, es que sean los y las propias trabajadoras quienes hagan su denuncia tanto al mail mapadedespidos@gmail.com como a La Izquierda Diario.

Según el informe del Observatorio, el sector más afectado es el del comercio.

El gobierno nacional -con el apoyo de todos los estratos gubernamentales- optó por una cuarentena estricta, con excepción de ciertos sectores denominados como esenciales. Para disipar incertidumbres sobre la situación a la que se verían expuestos las y los trabajadores, en el Artículo 8° del DNU 297/20 se dispone que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Más tarde, el 31 de marzo, tras el escandaloso episodio en Techint, se firmó el DNU 329/20. El Artículo 2° dispone: “prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días” -se prorrogó por otros 60 días más desde su vencimiento-. Y el Artículo 3°: “prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días” -también prorrogado-. En resumen: se prohíben las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones durante el aislamiento obligatorio. El devenir de los días terminó dictaminando algo totalmente diferente.

¿Qué sucedió entonces? El primer indicio puede encontrarse en un pequeño apartado del Artículo 3° del DNU 329/20. El mismo dice: “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Establece la posibilidad de realizar suspensiones de tareas al trabajador en caso de fuerza mayor, abonándole una suma no remunerativa que es tan sólo un porcentaje de su salario habitual y teniendo que tributar únicamente aportes y contribuciones a la obra social y ART. Pero, antes este mecanismo debe ser pactado con el empleado de manera individual o colectiva -sindicatos-.

El 27 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron un acuerdo que sirve de marco para el resto de las negociaciones gremiales: el tope de descuento al salario de trabajadores suspendidos no puede superar el 25%. Aunque en realidad esto debe leerse con mayor detenimiento: la CGT y la UIA habilitaron que aquellas empresas que suspendan empleados tienen la posibilidad de reducir sus remuneraciones hasta un 25% en sus respectivas negociaciones con los sindicatos.

Muchas de las rebajas salariales y suspensiones fueron acordadas con los gremios.

El último informe del Observatorio muestra que el 76,1% (2.962.346 trabajadores) de los “ataques laborales” -despidos, suspensiones y ataques al salario- tienen como origen los acuerdos sectoriales. “El sector más afectado es el de Comercio, ya que allí trabajan alrededor de 1.200.000 personas. El que le sigue es Construcción: la Cámara Argentina de la Construcción anunció a principios de mayo que se habían perdido 100 mil puestos de trabajo entre marzo y abril. En conjunto con el resto de las modalidades de ataque al trabajo suman casi 500.000 casos y hay que tener en cuenta además que es un sector con una gran proporción de empleo informal, que no puede ser contemplado en el estudio. También representa el 25% de los despidos a nivel nacional. Tercero está el sector del Personal de Casas Particulares, las empleadas domésticas, que en un informe publicado por el sindicato se reveló que se vieron afectados 500.000 puestos. Y, en cuarto lugar, pelean cabeza a cabeza el sector estatal y el gastronómico”, explica Posse.

Efectivamente, el estatal se encuentra en el podio de los sectores que más ataques sufrieron con 438.927 afectados. Algunos casos se extienden desde mucho antes de la cuarentena, como las deudas salariales y paritarias a la baja en la provincia de Chubut.

“El ataque al salario es el principal mecanismo utilizado para transferir los costos de la crisis a los trabajadores”, se lee en el último informe del Observatorio. El total de trabajadores afectados por ataques al salario es de 3.685.515. Dentro de esta categoría se despliegan tres mecanismos: reducción salarial (2.880.626), postergación de paritarias (720.546) y adeudamiento salarial (84.343). González enfatiza: “Ante esto, el gobierno nacional no solamente no ve esos ataques sino que los convalida. Los acuerdos firmados por sector entre las direcciones sindicales y las cámaras empresarias son homologados por el Ministerio de Trabajo. Los decretos son papel mojado. Hay un gran consenso en todo el arco político y sindical en hacer de cuenta como que sigue en verdad la ficción de que éstos decretos tienen algún tipo de utilidad”.

El derrumbe de la economía tanto nacional como mundial, no obstante, es insoslayable. Las grandes potencias han impreso y desembolsado millones en papel moneda para rescatar a sus sistemas financieros y económicos. Menos grandilocuente, más lúgubre, es la realidad de los negocios barriales, de las empresas modestas que caen sin estruendo y dejan en la completa incertidumbre a miles de trabajadores y trabajadoras. Con ese argumento se firmó el DNU 332/20 del 1° de abril, que establecía las bases del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de una serie de medidas que abarcan exenciones impositivas y, en especial, el pago por parte del Estado -Anses mediante- de una porción del salario de los trabajadores. Con las semanas comenzaron a aparecer situaciones completamente irregulares: aparecieron en la lista de beneficiarios grandes empresas, sin problemas financieros, y entre los salarios beneficiados con fondos públicos se encontraban sus propios CEOS.

“A partir del acuerdo de la CGT con la UIA se redujo un 25% el salario, el 50% es pagado por la Anses y empezamos a notar que ese 25% restante que queda a cargo de la empresa muchas veces es pagado en cuotas o directamente no se paga”, recalca Posee.

“Todo esto no es un simple desconocimiento. Lo mismo respecto al decreto que prohíbe despidos y suspensiones. Estas situaciones son públicas, se denuncian en las carteras del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno nacional decide hacer la vista gorda. Enfatizamos el episodio de Techint, un caso emblemático. Sobre eso no hubo ningún tipo de represalia, sino que incluso fue premiado con el ATP. Incluso, al momento de recibir ese beneficio, despidió a otros 30 trabajadores de una contratista de Siderca, en Campana. Lo mismo sucede con Blaquier, que también accede al ATP y de todas formas suspende y recorta salarios. Al igual que otras empresas como Granja Tres Arroyos, que luego de recibir el ATP despidió a 50 trabajadores. Con todo este panorama, nosotros vemos que el ATP y otros tipos de programas en realidad son un gran subsidio millonario a las empresas para mantener el margen de rentabilidad a costa del ajuste y el recorte a los trabajadores”, denuncia Mariano González.