El 35% de los casos positivos de Covid-19 se concentran en los barrios populares de la Ciudad. Sin agua, sin luz, sin gas, sin trabajo, sin comida y sin vivienda digna, sus habitantes enfrentan la pandemia en el más absoluto desamparo. Denuncian que mientras a los infectados de los sectores acomodados los llevan a hoteles, a ellos los hacinan como ganado.

Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.

La muerte por COVID-19 de dos referentes sociales puso en evidencia, una vez más, las medidas insuficientes del Gobierno de Horacio de Rodríguez Larreta. Uno de ellos, Víctor Giracoy, de 60 años, trabajaba en el comedor «Estrella Belén» del Barrio Mugica. La otra víctima, Ramona Medina, de 42 años, integrante de La Poderosa, había sido internada en grave estado en el Hospital Muñiz. Ella había sido una de las personas que visibilizó en los medios de comunicación la falta de agua durante 12 días en la Villa 31, antes de que los contagios empezaran a multiplicarse rápidamente.

Ramona vivía con siete familiares en un espacio de 26 m2, entre ellos su pareja y sus dos hijas, una con síndrome de West y síndrome de Aicardi y que dependía completamente de su cuidado. Además de coordinar el Área de Salud de la Casa de las Mujeres del barrio, Ramona también cocinaba en su casa para solventar los gastos de medicamentos que el Estado no le garantizaba.

La organización La Poderosa informó que la familia esperaba su relocalización desde hace cuatro años, cuando Rodríguez Larreta “impulsó” el proyecto de urbanización. “La vivienda nunca llegó y la respuesta ante la falta de agua tampoco. Llegó el coronavirus”, señalaron en un comunicado.

La tragedia de Ramona parece haber perforado el blindaje mediático sobre la dramática realidad que se vive en las villas porteñas. Ante la indiferencia de las autoridades locales, el presidente Alberto Fernández “leyó la situación” y recibió en Olivos al periodista y militante de La Poderosa, Nacho Levy, quien le detalló de primera mano la extrema vulnerabilidad que atraviesan los sectores populares durante el aislamiento social.

Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.

El lunes 18 de mayo, tras las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, el Comité de Crisis de la Villa 31 realizó una conferencia de prensa para exigir la declaración de la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. El Comité, compuesto por organizaciones sociales y la parroquia Cristo Obrero, se conformó para dar respuesta a la pandemia frente a la desidia del gobierno porteño. Una de sus integrantes denunció las obras nunca realizadas en el barrio. “Hubo cuatro años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio”, afirmó y recordó unas declaraciones de 2018 del secretario de Integración Social, Diego Fernández, responsable del barrio: “Decía que toda la infraestructura de agua, cloaca y tendido eléctrico iba a estar terminada para ese año. Estamos en el 2020 y, durante una pandemia, sale a la luz que todas esas obras no se hicieron”.

Desde el Comité, reclamaron el acondicionamiento de hoteles y espacios que garanticen el aislamiento de personas que no pueden hacerlo en su casa. “Exigimos unidades de traslados y atención psicológica las 24 horas”, dijo la vecina y referenta Silvina Olivera.

Y mientras la atención está puesta ahora en la Villa 31, el desastre avanza sobre el resto de los barrios populares de la Ciudad. Por la falta de trabajo, todos los comedores comunitarios fueron desbordados ante la demanda: la mayoría duplicó y algunos hasta triplicaron la cantidad de platos de comida que dan al día.

En el barrio Zavaleta (Villa 21-24), ubicado entre Barracas y Pompeya, los coordinadores de los merenderos piden con urgencia la llegada elementos de limpieza, higiene y raciones de comida. María forma parte del comedor Madre Teresa de Calcuta que atiende allí desde hace más de 25 años. El espacio, que también funciona como un lugar de contención, entrega todos los días más de 200 platos de comida para familias y chicos en situación de calle. «La realidad es que hacemos magia, hacemos todo lo posible para que nadie duerma sin comer», afirma.

El presidente Alberto Fernández recibió a referentes sociales de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.

Además del miedo que les genera la pandemia, los vecinos sienten impotencia por el abandono que padece el barrio. «Le queremos pedir al Gobierno que se haga cargo de la situación que vivimos porque los problemas que tenemos, como la falta de agua, los padecemos hace tiempo», agrega María, indignada.

Las condiciones de hacinamiento y el estancamiento del agua hacen que el riesgo de dengue sea un peligro cotidiano. Carla, vecina y militante de izquierda, subraya: “Es indignante que el Gobierno diga que los hospitales están todos preparados para recibir los casos, pero no nos reciban a nosotros”.

El pasado lunes comenzó en la 21-24 de Barracas el operativo DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) y, ante la sospecha de casos positivos, mamás con bebés y niños pequeños fueron llevados al hospital Ramos Mejía. Allí los ubicaron en salas sucias, en contacto con otros infectados y sin brindar ninguna información sobre ellos hasta el momento.

Los vecinos de la 21-24 se manifestaron frente a la Casa de la Cultura, en Barracas, y exigieron que se cumpliera el protocolo de aislamiento a quienes se les hizo el test el lunes y están desde entonces en el Ramos Mejía.

“Es vergonzoso e inhumano el trato que reciben del Gobierno de la Ciudad –expresó el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez–. Mientras en los barrios del norte trasladan a las personas sospechosas en ambulancias del SAME, en el sur los amontonan como ganado en colectivos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”.