En cada metro cuadrado de la ciudad, el Ejecutivo porteño ve una oportunidad de negocio. Ahora le toca a dos terrenos de Villa Crespo. Los vecinos, que ya padecen los efectos del megaestadio Movistar Arena, se oponen a la construcción de un complejo de torres en medio de un barrio tranquilo y en el que predominan las casas bajas.

En medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, la Legislatura porteña –por impulso del oficialismo– debate la rezonificación de predios en la ciudad que permitiría la venta de terrenos públicos y la construcción de un complejo edilicio en Villa Crespo. Organizaciones vecinales son contrarias al proyecto que amenaza la continuidad de una asamblea barrial y su radio.

El pasado viernes, en una reunión conjunta entre las comisiones de Planeamiento y de Presupuesto, se firmó el despacho del proyecto que permite el cambio de zonificación de dos parcelas linderas al viaducto del tren San Martin, junto al cruce de la avenida Corrientes. Se trata de tierras que fueron cedidas por el Estado nacional en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

La modificación propuesta por el Ejecutivo comandado por Horacio Rodríguez Larreta apunta a crear una urbanización especial para los terrenos fiscales del denominado “Entorno Estación Villa Crespo”, identificados como parcelas 35b y 35d de la Manzana 162 A, Sección 47, Circunscripción 15. De esta forma, se retirarían del punto 4.3.2 del Código Urbanístico vigente (Afectación a Ensanche en Vías de Ferrocarril General San Martín y Domingo Faustino Sarmiento) para incorporarlos al apartado “Urbanizaciones determinadas (U)” del Anexo II – “Áreas Especiales Individualizadas”; lo que, en los hechos, se traduce como el permiso para la construcción de torres con la máxima altura habilitada.

En diálogo con ANCCOM, Javier Andrade, vicepresidente de bloque del Frente de Todos, aseguró: “Es desafortunado el tratamiento de este proyecto en el marco de la pandemia de COVID 19 y el aumento de casos de dengue en la Ciudad. Deberíamos poder llevar adelante propuestas destinadas a mitigar el impacto de estas enfermedades, en especial en los barrios populares. El único perfil que tiene esta iniciativa es la venta de tierra pública, un bien escaso en CABA, del cual se han subastado hectáreas en los últimos años, en contra de la posibilidad de una mejor circulación”.

El Observatorio de Derechos de la Ciudad señala que para el traspaso de terrenos no se convocó a una audiencia pública, ni tampoco se respetó el procedimiento de doble lectura, como establece la Constitución de la Ciudad.

Una venta anunciada

La obra pública fue uno de los pilares de la campaña que culminó con la reelección del actual Jefe de Gobierno. Entre la construcción de plazas, veredas, corredores de Metrobus y algunas otras olvidadas (la pileta simulada en el Parque de los Niños, por ejemplo), se cuentan proyectos de gran envergadura. El monumental corredor vial de 7 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, conocido como Paseo del Bajo, representó la versión más acabada del proyecto urbanístico de Cambiemos, pero también constituyó una importante erogación para las arcas públicas. En noviembre de 2018, a través del convenio marco establecido en la Ley 6131 con el Ministerio de Transporte de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Gobierno de la Ciudad asumió 175 de los 400 millones de dólares de deuda contraída con la Corporación Andina de Fomento para financiar la obra. En el Anexo A de esa ley, se acordó la transferencia de 12 inmuebles a la jurisdicción porteña, la cual fue oficializada por decreto 87/2019, firmado en enero de 2019 por el presidente Macri. La enajenación de estos terrenos, autorizada por la Ley 6179 en julio de ese año, permitiría a la Ciudad recaudar el monto necesario para cancelar el crédito.

Entre los predios individualizados para la venta por parte del Gobierno de la Ciudad –ANCCOM informó el año pasado de uno en la Villa 31–, se encuentra el espacio ubicado en avenida Corrientes entre Dorrego y Humboldt. La parcela de 3.930 m² está situada junto al local que ocupa la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes y la Radio Asamblea, otro terreno perteneciente a la AABE y cedido en comodato desde hace varios años.

Sin embargo, aún es necesaria la rezonificación para la construcción de torres en esos terrenos. Desde el oficialismo plantean que son espacios en desuso del ferrocarril, pero los vecinos discrepan. Mini Pérez, una de las representantes de la Asamblea, afirma: “A los costados de la vía se construyeron las casillas de los trabajadores del tren hace muchos años. Allí hay familias que aún viven”.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un amparo colectivo al tratamiento de la ley que permitió la venta. Las razones que motivan el recurso, radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, son que se no se convocó a una audiencia pública, ni tampoco se respetó el procedimiento de doble lectura, como establece la Constitución de la Ciudad.

«Ningún miembro de la Asamblea fue convocado a la audiencia pública para discutir la rezonificación», dice Pérez.

La voz del barrio

La Asamblea Juan B. Justo y Corrientes nació en los primeros días de 2002, al calor de la crisis de 2001. Su función inicial fue, como la de muchas agrupaciones solidarias, contener a los sectores más empobrecidos, una tarea que se desarrolló de manera ininterrumpida hasta la actualidad. “Todas las semanas, desde que nació la asamblea, organizamos ollas populares, a las que hoy sumamos bolsones de alimentos para personas en situación de calle”, sostiene Pérez.

En agosto de 2004, mediante un Acta de Entrega en Custodia suscripta por representantes del ex Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), se otorgó a la organización la ocupación legítima del local de Avenida Corrientes 6114. Catorce años después, y ante el inminente peligro de desalojo a causa de la construcción del viaducto del tren San Martin, la AABE, a través de la resolución 160/2018, concedió el permiso de uso de las instalaciones y regularizó así su situación.

Con los años, la asamblea multiplicó sus obras y su compromiso con el barrio. Entre las actividades que allí se realizan (actualmente interrumpidas por el aislamiento obligatorio), hay talleres y ciclos de cine, una biblioteca popular, funciona la cooperativa La Yumba de comercio justo, y desde 2011 transmite Radio Asamblea, una herramienta de comunicación comunitaria reconocida por el ENACOM y declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación y por la Comuna 15 de CABA.

Desde la Asamblea, afirman que el Gobierno de la Ciudad desoye a las organizaciones vecinales: “Apoyamos la construcción del viaducto porque implicaba una mejora en la calidad de vida, pero se inauguró sin la estación Villa Crespo, otra de las obras que siguen paradas. Los vecinos son quienes tienen el derecho constitucional de decidir qué hacer con el terreno que quedó debajo. Hubo un gran proyecto vecinal donde cooperativas, asambleas y organizaciones barriales de todo tipo presentaron ideas, pero nunca se tuvo en cuenta”. Pérez agrega que ningún miembro de la Asamblea fue convocado a la audiencia pública para discutir la rezonificación.

“Hemos pedido que manden los informes técnicos que avalen la ejecución de estas obras –afirma el diputado Andrade–. Eso es parte de la documentación que falta. Este proyecto es inviable, no estamos de acuerdo en encajonar el viaducto con edificios de 45 metros a cada lado de la vía, y seis de distancia de la misma. Además, el barrio tiene serias deficiencias de estacionamiento en la actualidad, que solo empeorarían y obstaculizarían la circulación. Y existe el riesgo de una eventual saturación de los sistemas de luz y agua. No ayuda ni mejora el espacio urbano, sino que lo perjudica”.

La inminente recategorización del predio contiguo amenaza además el funcionamiento normal de la asamblea, ya que, como aseguran vecinos de Villa Crespo, la idea del Gobierno porteño sería transformar la zona en un polo comercial. La organización se encuentra en estado de alerta, dado que, según el Artículo 10 del segundo anexo de la resolución firmada por la AABE, esta puede rescindir el contrato de locación en cualquier momento con solo notificar a los ocupantes. Pérez afirma que “la radio y la asamblea van a seguir existiendo, aunque nos desalojen y tengan que reubicarnos”.

La iniciativa del Gobierno porteño se inscribe en largo historial de transacciones con inversores privados en detrimento de la pluralidad de espacios de organización comunal y autogestionados, como lo viene reflejando ANCCOM hace años. El barrio de Villa Crespo cuenta con antecedentes inmediatos. La construcción del estadio Movistar Arena fue realizada en el predio que la Ciudad le otorgó al club Atlanta en comodato y con exención impositiva por 40 años. Las firmas impulsoras del emprendimiento, Grupo La Nación y AEG Worldwide (asociadas bajo el nombre Buenos Aires Arena S. A.), consiguieron el usufructo de tierra pública libre de impuestos hasta 2057. Además, el proyecto fue financiado con créditos del Banco Ciudad, el cual aceptó como garantía el mismo predio perteneciente al GCBA.

Tales irregularidades, junto al cuestionamiento de los informes ambientales presentados, motivaron la presentación de amparos judiciales. Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la ONG que impulsó el recurso, sostiene: “Cuando se aprobó la construcción del Movistar Arena, fue bajo la calificación de impacto ambiental denominada ‘sin relevante efecto’. Interpusimos una medida cautelar argumentando que le correspondía un procedimiento más complejo destinado a actividades ‘con relevante impacto ambiental’. La Justicia reconoció que el espacio fue entregado ilegalmente y decidió suspender la explotación del edificio. Obligó a la empresa a cumplir el procedimiento presentando el estudio y convocando la correspondiente audiencia pública. Completados los pasos formales, el estadio siguió funcionando. Nuestro próximo paso es discutir el permiso ambiental por la cuestión de fondo y no de forma. El análisis se centró en el impacto generado por las actividades dentro del estadio (ruidos por encima de lo permitido, o tratamiento de residuos), pero no regulan aquellos que genera el movimiento de las personas y policías por fuera del estadio, la clausura de nueve manzanas cada un promedio de tres días, es decir, los impactos acumulativos. Así como tampoco contempla la transformación de la identidad del barrio, que debe protegerse por derecho”.

A pesar de los reclamos, el recinto fue inaugurado. Pérez manifiesta que, además, cuenta con todas las facilidades que el Estado porteño le pueda brindar: “La Policía de la Ciudad está toda a disposición del Movistar Arena. En su momento, peleamos para que no enrejaran el parque que está por Corrientes. Aun así, el Gobierno de la Ciudad dispuso que debía hacerlo. Desde que funciona el estadio, volvieron a abrir el parque para que los padres y acompañantes de los chicos que asistían a los recitales pudieran tener un lugar para esperar. Lo que nos da a entender que pesan más los requerimientos de las empresas privadas que la voluntad de los vecinos del barrio”.

Ante la ausencia de soluciones oficiales a esta problemática, se realizaron cortes de calles y protestas durante los recitales. Laura González es una de las vecinas que se autoconvocaron al inicio de las obras: “Se trata de una construcción irregular. Es como un monstruo implantado en un barrio de casas bajas, un estadio gigante con capacidad de 15.000 personas, el equivalente a dos Luna Park. La concentración y desconcentración de personas cuatro veces por semana te arruina la vida”.

El avance del megaemprendimiento cobró nueva dimensión el pasado 6 de diciembre, cuando la Dirección General de Concesiones y Permisos otorgó a la sociedad Buenos Aires Arena el Uso Precario del predio ubicado en Corrientes 6094, uno de los terrenos que se pretenden rezonificar. “El permiso concedido anticipa que los terrenos van a ser utilizados como complemento de la explotación comercial del estadio. Además, la nueva normativa implica la pérdida de negociación a futuro que podría tener la Ciudad, porque estarían vendiendo el terreno con el permiso de construcción hecho, en lugar de que sea la empresa quien pacte las condiciones eventualmente”, afirma Jonatan Baldiviezo. También advierte sobre las nuevas facultades que fueron otorgadas a Rodríguez Larreta a partir de la sanción de la Emergencia Económica y Financiera: “Antes estas operaciones iban a subasta pública, ahora pueden ser direccionadas por el Ejecutivo. Con los superpoderes, se dispone de una mayor centralización de las decisiones, en vez de ser gestionadas de forma transparente. El Jefe de Gobierno puede adjudicar discrecionalmente, así como también garantizar pagos diferidos y en cuotas”.

Una de las primeras medidas que tomó el actual presidente Alberto Fernández fue ordenar la revisión de las operaciones que la gestión anterior realizó en materia de cesión de terrenos. Dos decretos instruyen a la AABE a examinar los traspasos que Nación hizo a la Ciudad, en el marco de denuncias de la agencia por la firma de estas escrituras en los días previos al paso de mando. Ante la iniciativa del gobierno nacional, Baldiviezo explica: “El DNU firmado investiga la operación, pero no interrumpe la transferencia de tierras, por lo que estamos a la espera del informe solicitado. Nosotros presentamos una denuncia penal debido a que el traspaso se efectuó sin pasar por el Congreso”.

El proyecto de rezonificación puede tratarse en la Legislatura a partir de este jueves. “Al tratarse de una ley que requiere 31 votos positivos, es muy posible que se apruebe si el PRO obtiene el apoyo de la Coalición Cívica y otros aliados”, asegura Andrade, quien subraya además la necesidad de reunirse “con las asociaciones vecinales, ya que se avanza en un proyecto que no ha tenido en cuenta a los comuneros”.

Desde la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes expresan preocupación respecto al acotado margen de maniobra en esta coyuntura: “Antes cortábamos la avenida, hacíamos radio abierta y transmitíamos con la gente en la calle. Nos manifestábamos cada vez que los funcionarios del GCBA se presentaban en el barrio. Pero con el aislamiento y todo lo que está pasando es muy difícil tener la visibilidad que necesitamos. Los medios hegemónicos no cubren esta situación y dependemos de dar a conocer todo esto por vías independientes”.

El negocio inmobiliario del Gobierno porteño con inversores privados “no está en cuarentena”, como declara la Asamblea en un comunicado difundido en sus redes, y continúa mientras florecen las irregularidades de la gestión conjunta de Cambiemos en la Nación y la Ciudad. En medio de una pandemia que tiene expectante al mundo y en el marco del aislamiento obligatorio que ha generado una recesión económica inédita –el último fue el peor mes de abril de la historia del país–, las prioridades de Larreta se mantienen firmes.