El Jefe de Gobierno porteño consiguió aprobar en la Legislatura la Ley de Emergencia Económica, que le permite reasignar partidas de forma discrecional. Entre otras cosas, reduce el presupuesto del Instituto de la Vivienda en un momento en que los barrios populares son los más perjudicados por el Covid 19.

El jueves 7 se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ley de “Emergencia Económica y Financiera”. Con 38 votos positivos y 21 en contra, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró un importante avance en el control de los poderes públicos durante una sesión parlamentaria presencial.

El proyecto enviado a la Legislatura por el jefe de Gobierno provocó una gran rechazo por parte de la oposición debido no sólo a su contenido, que delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo; sino también a las irregularidades durante su votación: se aprobó con sólo 38 votos cuando se necesitaban, al menos, 40, y no se aplicó el procedimiento de doble lectura correspondiente a las leyes de excepción (consistente en una primera sanción, una audiencia pública y una ratificación del proyecto).

En un primer momento, el texto incluía la posibilidad del pago escalonado y recorte de los salarios de los trabajadores estatales. Pero a partir de la resistencia de importantes gremios -UTE, ATE, Metrodelegados- y varios diputados -incluidos miembros de la Unión Cívica Radical-, este artículo fue modificado. Lo mismo sucedió con un recorte de 785 millones de pesos para un programa social que atiende a comedores barriales, lo que el gobierno señaló como un “error”.

Sin embargo, el principal punto de cuestión de la ley es la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. “Es algo bastante grave porque a diferencia de Nación, la Ciudad de Buenos Aires tiene absolutamente prohibida la delegación de facultades”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado y titular del Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC). “Mucho menos el nivel de facultades que está delegando ahora, que habilita a suspender la vigencia de leyes, y modificar a su antojo contratos o cláusulas contractuales que derivan también de leyes”, agrega.

Dicha delegación está prohibida por el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad y no permite ninguna excepción, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde la Constitución permite que el Congreso delegue facultades en materia de Administración y de Emergencia Pública -como sucede en la actualidad.

La legisladora Myriam Bregman denunció recortes en Salud y Vivienda mientras que Seguridad aumentó un 45%.

Según Baldiviezo, “esta concentración de poder público que permite la nueva ley no es algo aislado, es una constante en los últimos años donde el Poder Ejecutivo, de distintas formas, ha ido acumulando y concentrándolo.” El ODC y sectores ligados al progresismo entienden la normativa aprobada como la culminación de un proceso que comenzó atacando a la democracia participativa y ahora da un golpe definitivo a la democracia representativa. Ahora, el gobierno encabezado por Rodríguez Larreta puede, incluso, suspender leyes que fue obligado a cumplir por parte de la Justicia, tales como las que respecta a la creación de parques o al mantenimiento de pauta publicitaria para medios vecinales. “Estos aspectos son bastante graves porque implica, en los hechos, prácticamente cerrar la Legislatura”, sostiene el abogado.

Con la aprobación de la Ley de Emergencia, el gobierno no solo tiene “superpoderes” en lo que respecta a las facultades legislativas, sino que también tiene control total sobre la asignación de partidas presupuestarias, sin límites y sin especificación alguna sobre hacia qué áreas será redistribuido dicho presupuesto. “Ahora, de un plumazo, se le da el manejo de todo los recursos a un gobierno que ha demostrado que no pudo manejar los dos grandes problemas que tuvo la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo: coronavirus y dengue”, sostiene la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. La legisladora, junto a su partido, denunció los recortes en Salud y Vivienda en función de un aumento del 45% en la partida de Seguridad para el presupuesto 2020 que se votó el año pasado. Ahora, a esta disminución, se le añade un recorte presupuestario fijo al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Todo, en el contexto de la pandemia.

Este control absoluto del presupuesto fue otro de los puntos difíciles del debate, por lo que se aprobó la creación de una comisión legislativa que supervise y audite la ejecución de los fondos reasignados a la emergencia. Sin embargo, la flamante Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria es integrada y presidida por legisladores oficialistas. “Nosotros, en nuestra intervención en la Legislatura, en las comisiones y en la sesión denunciamos fuertemente la Ley de Emergencia Económica porque le da poderes supremos a Horacio Rodríguez Larreta con un mínimo ‘control’, que es el de una supuesta comisión que va a controlar qué hace con las partidas, pero que concentra todo el poder en el Ejecutivo”, puntualiza Bregman. En la misma línea, a Baldiviezo le resulta “irrisorio” el hecho de que “no solamente el Poder Ejecutivo va a recibir superpoderes, sino que también se va a controlar a sí mismo”.

Según el titular del ODC, esta falta de contralor parlamentario, sumado a la delegación de facultades delegativas, puede conducir al beneficio de empresas y concesionarias por parte del Gobierno de la Ciudad, así como a concluir procesos de privatizaciones.

En lugar de ayudas, recortes

La ley de Emergencia Económica no sólo se relaciona con el Covid-19 en tanto este es su contexto, sino también en cuanto influye directamente en las consecuencias que está teniendo el virus en la Ciudad. Sobre todo, en los barrios populares.

“El primer caso de coronavirus en el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31 bis) se confirmó el 21 de abril. El 24 de abril y durante los siguientes 15 días, la falta de agua en el barrio se generalizó impidiendo a sus habitantes llevar a cabo las acciones básicas para afrontar la pandemia: el lavado frecuente de manos. En sólo cinco días, entre el 2 y el 7 de mayo, los casos confirmados aumentaron el 160%”, cuenta María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

¿Cómo se relaciona la nueva ley con esta situación? Lo lógico sería pensar en que parte de la reasignación presupuestaria sería dirigida a planes de acción y políticas públicas que puedan afrontar y mejorar la situación que se vive en los barrios populares y otras zonas vulnerables de la ciudad. Sin embargo, no es así: “Fuera de tiempo, el GCBA impuso un improvisado protocolo donde los criterios de testeos no son claros”, sostiene Koutsovitis, y agrega: “Sin agua potable y sin protocolos adecuados adaptados a la realidad de los barrios populares es imposible afrontar adecuadamente la pandemia.”

Como si fuera poco, la Ley de Emergencia Económica y Financiera del gobierno explicita una reducción al presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo clave en la urbanización y lo que respecta a la cuestión habitacional de la Capital Federal. “Lo grave de la ley es que reduce las partidas para el IVC cuando la creación urgente de viviendas sociales prefabricadas es una de las medidas más rápidas, y hoy tendría que ser uno de los planes urgentes que esté haciendo el gobierno de la Ciudad en los lugares que los vecinos lo determinen, siempre decidiendo ellos el lugar y la manera”, expresa Myriam Bregman al respecto.

Según Koutsovitis, “es sumamente alarmante que la cuestión habitacional en la ciudad no sea relacionada con la fragilidad de la sociedad porteña para afrontar el coronavirus”. “La explosión del coronavirus en los Barrios Populares y ahora en paradores de personas en situación de calle, son una clara muestra que la emergencia habitacional es un elemento esencial para alimentar la aceleración de la propagación del coronavirus.”

Debido a esto, el recorte al IVC y la reasignación presupuestaria que no contempla a los sectores vulnerables no se comprenden dentro de lo que la Ley de Emergencia debería suponer. Y parecería que no es más que un “camuflaje” del Gobierno de la Ciudad para aprovechar el difícil momento en pos de acumular poder público y llevar a cabo negocios que, en otro contexto, no hubiesen sido posibles. “El Estado, con una buena cantidad de recursos como tiene la ciudad, podría estar resolviendo la cuestión habitacional; pero, contrariamente, la ley de Emergencia que se votó se reduce la cantidad de dinero que va al IVC”, expone Bregman, y concluye: “Con lo cual demuestra que la pandemia les interesa poco, y aumentar y concentrar el poder, sobre todo el poder económico, le interesa mucho.”