La mayoría de las medidas que el gobierno tomó para paliar la economía no llegan a las empresas autogestionadas por los trabajadores. Y aquellas destinadas al sector, parecen poco significativas. ¿Qué demandan estas empresas que no tienen fines de lucro?

La cuarentena preventiva y obligatoria, necesaria para proteger la salud de la población, tiene consecuencias directas difíciles para los trabajadores y la economía del país. Por esta razón, varias fueron las medidas que desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo se llevaron a cabo para asistir a personas con trabajo informal, desocupadas/os y empleados en situación de dependencia. En particular, el primero de los organismos anunció este lunes 10 el lanzamiento del programa Recuperar, consistente en créditos y subsidios para el sector cooperativo. No obstante, mientras se aguarda la instrumentación de esas medidas, los referentes de ese ámbito expresan su preocupación por una realidad que ya desde antes el aislamiento venía con fuertes complicaciones.

Si bien el dato de que las personas asociadas a cooperativas superan las 115 mil, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en junio del año pasado, poco habla de la relevancia social y material que tiene una cooperativa no solo para sus asociados y sus familias, sino también para el barrio y las entidades con las que se relaciona. Por esto, sus crisis afectan a un número mucho más elevado de individuos.

Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que nuclea a once federaciones en dieciséis provincias y reúne a 12.500 trabajadores autogestionados, dijo que “entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de las afiliadas a la Confederación está sin actividad económica y el quince por ciento restante que tiene alguna actividad está por debajo de la facturación habitual”.

Además, desde La Base, una fundación que acompaña con financiamiento y asistencia técnica a grupos asociativos de trabajadores autogestionados, agregaron: “Aquellas empresas que están en actividad laboral, la realizan con equipos reducidos, con grandes esfuerzos para generar, entre pocas personas, ingreso para todo el colectivo”. Desde que inició la cuarentena, La Base otorgó veinte préstamos, sumando un total de cuatro millones de pesos prestados como ayuda al sector.

Uno de los rubros más golpeados, dijo Martínez, es el gráfico. Martín Cossarini es maquinista y tesorero de Artes Gráficas Chilavert, una cooperativa de Nueva Pompeya que a mediados del año pasado estuvo en peligro debido a la amenaza de Edesur de cortar sus servicios por una deuda de 900 mil pesos, imposible de pagar, producto de las subas en las tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, el taller sigue en funcionamiento dado que son proveedores de la industria farmacéutica y alimenticia. Sin embargo, sólo asisten aquellos trabajadores que viven cerca del taller y concurren entre dos y tres veces por semana, según la demanda de trabajo. En cuanto a la situación actual, Cossarini dijo a ANCCOM: “A nosotros nos golpea fuerte porque dependemos del día a día, como un montón de gente. Ninguna empresa recuperada tiene espalda como para aguantar una situación así. Es muy miserable lo que pudimos juntar para repartirnos”. La gráfica, además, está alineada con diversos espacios políticos de cooperativas y el tema que resuena en el diálogo entre ellos es la falta de medidas de asistencia dirigidas específicamente al sector.

En Séptimo Varón, las ventas se redujeron un 40 por ciento.

Luego de intercambios con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el colectivo logró la reactivación del Programa de Trabajo Autogestionado y, con él, la asistencia por medio de la Línea de Emergencia COVID-Línea 1. A través de esta herramienta, los trabajadores de unidades productivas autogestionadas en situaciones críticas recibirán 6.500 pesos de manera mensual durante un máximo de doce meses. Sin embargo, este monto será accesible a partir de junio y el monto continúa siendo menor al de otros tipos de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Salario Complementario. Otra de las últimas políticas para el sector fue la resolución 144/2020 que autoriza a las cooperativas a utilizar, en el año en curso, todo o parte del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Sobre este punto, Ramiro Martínez dijo que “la cifra de este fondo es insignificante”. El problema pareciera ser de carácter representativo, esgrimen desde distintos ámbitos cooperativos: los decretos 332 y 376 poseen medidas de asistencia económica que alcanzan únicamente a trabajadores en relación de dependencia, excluyendo así a los asociados a cooperativas de trabajo. A este paquete hay que sumar el anuncio de la instrumentación del ya mencionado programa Recuperar, aunque queda por ver cómo se aplica y cuánto demora.

Las trabajadoras de la cooperativa textil Nadia Echazú, ubicada en Avellaneda,  no perciben ninguno de los programas de asistencia anunciados hasta el momento. Creada en 2008 por la activista Lohana Berkins, es la primera empresa social gestionada y administrada por mujeres trans y travestis. Su presidenta, Brisa Charlotte Escobar, dijo que desde el inicio de la cuarentena, la cooperativa se encuentra cerrada ya que no hay trabajo. “Las que están más complicadas -dijo- son las que salen a la calle a trabajar de noche. Ellas no tienen un ingreso. Lo único que les queda es recurrir a un comedor comunitario”. Sin embargo, la difícil situación de la cooperativa no se explica únicamente por la cuarentena: “Los cuatro años anteriores fueron terribles”, subrayó Escobar.

El gobierno anterior no tuvo políticas que favorecieran al sector: los tarifazos, un mercado interno retraído, la apertura a las importaciones y la falta de medidas para proteger a las cooperativas devino en años muy difíciles para, si no todas, la mayoría de ellas. En el caso de la cooperativa metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, de la ciudad santafecina de Villa Constitución, el contraste fue notorio. “Tuvimos un crecimiento exponencial entre el 2003 y el 2015. Pudimos salir de las deudas que habíamos quedado y llegamos a ser casi 300 trabajadores. Como no dábamos abasto con la demanda de trabajos los hacíamos de a cinco cooperativas juntas. A partir del 2016 empezamos a resistir y a retroceder en condiciones: llegamos con lo justo a fines de 2019, con 170 compañeros en el plantel, pero con trabajo casi para 100”, dijo el presidente de la cooperativa, Cristian Horton, también presidente de FECOOTRA y tesorero de Conarcoop. Desde el 29 de marzo hasta el 24 de abril pasados, la cooperativa estuvo totalmente parada y desde hace pocos días comenzó a tener una escasa actividad.

“Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes», dice Federico Chab de Séptimo Varón.

El rubro que no sufrió un parate total pero sí la baja considerable del consumo fue el de la alimentación. Con los salones de bares y restaurantes cerrados, estas cooperativas perdieron su mayor entrada de ingresos y los mayoristas que les vendían a estos comercios, también. Séptimo Varón es una cooperativa que se especializa en la producción de quesos y lácteos y actualmente posee siete almacenes de venta al público minoristas que permanecen abiertos, cinco en la ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano. Sin embargo, para sus trabajadores el problema es otro. Federico Chab, encargado de administración y logística, dijo: “Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes que hoy están cerrados. El consumo se redujo al 40%”. Don Battaglia es uno de los restaurantes cooperativos que dan cuenta de esta situación. La primera semana permaneció abierto, pero ante la falta de flujo de gente cerró sus puertas. “La venta bajó un 80%. El fuerte nuestro siempre fue el salón. El delivery sumaba un poco, era un servicio más que nada para el barrio, pero ahora es lo único que tenemos y no es suficiente”, dijo Rosendo Saucedo, socio fundador y mozo de la cooperativa, ubicaba en Villa Crespo.

“Los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los autogestivos entendemos que no debe ser así», dice Federico Amigo, presidente de Por Más Tiempo.

La baja en el consumo afecta también al rubro mediático. Pilar Ferrari, presidenta de la cooperativa Fábrica de Ideas, que emite Radio Tortuga 92.9 desde la ciudad de Alta Gracia en Córdoba y posee un portal web de noticias, dijo que “un problema importante es la baja de varias publicidades y las dificultades para conseguir pauta municipal o nacional”. En la cooperativa son ocho trabajadores y, si bien durante la cuarentena están trabajando mucho, sus retiros individuales no llegan a 5 mil pesos.

Por otro lado está el caso de Tiempo Argentino, el diario administrado por los trabajadores de la cooperativa Por más Tiempo desde 2016. Para Tiempo, la venta del periódico es la fuente de ingresos más grande. Ante esta situación y alejándose de la lógica de los medios tradicionales (despidos y pagos desdoblados), desde el diario apuestan a la creatividad y a una mayor organización. Su presidente, Federico Amigo dijo que “mientras los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los medios autogestivos entendemos que eso no tiene que ser así y seguimos con nuestro compromiso de seguir informando de la mejor manera posible”.

Desde la fundación La Base sostuvieron que “la salida ante esta situación es colectiva y solidaria” y propusieron hacer consumo cooperativo y difundirlo. Por otro lado, con respecto a las medidas necesarias para el sector, Ramiro Martínez dijo que “la solución más fácil es poder igualar el Salario Complementario a la instancia del Programa de Trabajo Autogestionado. La gran mayoría de nuestras cooperativas son PyMES, la razón jurídica nuestra en la cual somos trabajadores asociados organizados nos deja por fuera de cualquier asistencia de las que fueron anunciadas”.