Por Sofía Moure
Fotografía: ANCCOM

 

Ya pasó más de un mes desde que el Gobierno nacional dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y si bien aún no hay fechas confirmadas, es de público conocimiento que la “cuarentena administrada” continuará durante mayo. Frente a esta situación, se empiezan a oír las voces de distintos grupos sociales que reclaman medidas específicas para sus necesidades reales. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad.

“Acordamos con la medida excepcional del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pues entendemos que es la única manera de evitar que las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia se agraven. En tal contexto, el presente documento busca acercar preocupaciones y propuestas respecto de la situación de las personas con discapacidad en esta emergencia pública en materia sanitaria.”

Así comienza el documento que explicita la situación de las personas con discapacidad frente a la pandemia de Covid-19, firmado por diecisiete organizaciones de todo el país, entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta.

“Nos propusimos hacer el documento para mostrar la situación de las personas con discapacidad, de manera federal”, explica Andrea Grassi, militante de REDI, y comenta que, “en líneas generales, los problemas planteados por organizaciones de las distintas provincias son muy similares”.

El texto pone en el centro de la discusión las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad ante diversas situaciones propias del contexto de aislamiento, haciendo hincapié en la heterogeneidad del colectivo, con diferentes vivencias y necesidades. Y en el respeto del derecho de autonomía; sobre todo a partir de la decisión administrativa 490/20 que permite salidas transitorias para personas con discapacidad, debido a que no todas ellas necesitan acompañantes y los apoyos no deben “ser interpretados como obligatorios”. “Es necesario que exista un lineamiento claro al respecto tanto para las fuerzas de seguridad como para la población en general.”

Al respecto, Grassi agrega: “Enviamos una nota al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacerles llegar la confusión que eso generó en el colectivo, y nos respondió al día siguiente. Con respecto a la falta de claridad sobre las salidas breves, nos comentó que se trata de las personas con discapacidad con dificultades conductuales tales que necesitan salir para evitar la sobremedicación en sus domicilios. Pero esa especificación no está plasmada en ninguna publicación oficial, por lo que la decisión sigue resultando confusa.”

La cuestión de la autonomía es un punto sensible para las personas con discapacidad, debido a las dificultades que han tenido por lograr este derecho, y en tanto entienden que las restricciones propias del aislamiento suponen un retroceso en esta conquista. Lucas Romero, miembro de la Fundación Por Igual Más de Córdoba, sostiene que “si bien es comprensible que la emergencia exige del poder público respuestas rápidas y contundentes, la política de los ‘permisos’, si bien puede ayudar a algunos colectivos específicos, opera una objetivación de las personas con discapacidad que responde a lógicas de registro estadístico y a un prejuicio extendido sobre la no autonomía de las personas con discapacidad; y no a un abordaje integral y respetuoso de las diferencias al interior del colectivo”. Romero tiene un diagnóstico de hipertonía muscular que afecta su motricidad fina en los miembros inferior y superior derechos; y recientemente ha retomado su tratamiento de fisioterapia ya que en lo que va del aislamiento, su condición se vio resentida.

Lourdes Siman es directora de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser, de la localidad bonaerense de San Martín y también vio afectada su autonomía y movilidad a partir de la cuarentena, tanto desde lo emocional como de psicológico. Cuenta que, luego de muchos días de confinamiento, salió a realizar un mandado, pero que vivió la situación con angustia y miedo, sin entender por qué. Su teoría es que, con una discapacidad visual severa de base, otros sentidos se vieron limitados: el olfato y el gusto, debido a la utilización del barbijo; y la audición, ya que los sonidos de la calle eran muy distintos a los que estaba acostumbrada. “Me retrotrajo a cuando empecé a perder la vista, que uno no quiere salir afuera, que quiere quedarse adentro, que el afuera te asusta enormemente”, explica, y agrega que varios conocidos también sufrieron episodios similares. E insiste en que, si bien las medidas de seguridad e higiene son necesarias e inevitables, hay que repensar algunas aristas en lo que respecta su modo de implementación para con las personas con discapacidad.

Otros temas que trata el documento son el acceso a tratamientos, prestaciones de apoyo y medicación, advirtiendo sobre irregularidades en la atención por parte de algunas obras sociales y en el pago de salarios para los prestadores y acompañantes terapéuticos.

Por otra parte, el aislamiento y la disminución de la actividad productiva también afecta a las personas con discapacidad igual que al resto de los trabajadores, sobre todo a los informales que ven recortada su fuente de ingreso y que, debido a cobrar un pensión no contributiva, no califican para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien recibieron un bono de tres mil pesos, la extensión del aislamiento impacta directamente en sus economías.

Sin embargo, un punto comúnmente pasado por alto pero que las organizaciones insisten en traer al centro de la discusión es el acceso a la información, a la educación y a las tecnologías. Cuestiones que, durante la cuarentena, se volvieron aún más fundamentales. “No todas las personas con discapacidad tienen acceso a conectividad, ni a un teléfono celular de alta gama, ni tampoco a una computadora”, explica Andrea Grassi. Por eso, es muy difícil que puedan acceder a las terapias y a los asistentes de apoyo de manera remota.”

Por otro lado, la mayoría de las páginas web, plataformas de comercio e, incluso, plataformas educativas, no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. Según Grassi, “en cuanto a la educación, también es complejo el acceso a las plataformas que se utilizan y también a los materiales que brinda el Ministerio de Educación. Hay plataformas cuya navegación es inaccesible para personas con discapacidad visual, y lo mismo ocurre con algunos materiales, que tienen imágenes no descriptas.” Los trámites también se dificultan en gran medida para estas personas.

El futuro es incierto para todos y es difícil imaginar el retorno a una “normalidad” que quizás ya no sea tal. Pero para las personas con discapacidad se asoman nuevas preocupaciones ante dificultades existentes: “La pandemia pone a las personas con discapacidad en una particular situación de riesgo”, sostiene Grassi. En el caso de las que poseen discapacidad motriz y las que tienen baja talla, les es difícil higienizarse adecuadamente las manos porque los lavabos son inaccesibles. En el caso de quienes usan elementos de apoyo para desplazarse -bastones, muletas, sillas de ruedas-, éstos están en contacto permanente con el piso, por lo que tienen que desinfectarlos constantemente. “En cuanto a las personas ciegas y las que tienen baja visión, además de que tenemos que tocar el bastón blanco para caminar, debemos usar el tacto para obtener información sobre las cosas (por ejemplo, en un lugar cerrado muchas veces tocamos la pared para usar como referencia para encontrar puertas, ascensores, escaleras, etcétera), y en este sentido, el uso de guantes nos quita sensibilidad para reconocer los objetos, por ejemplo, la botonera del ascensor. Además, las personas ciegas no podemos mantener la distancia social recomendada, porque para cruzar una calle necesitamos tomarnos del codo o del hombro de otra persona,” explica Grassi en primera persona, relatando situaciones que a la mayoría se le escapan.

Mucho queda aún por decirse respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las decisiones se toman casi día a día. El documento firmado por las diferentes organizaciones que nuclean personas con discapacidad y tratan cuestiones referidas a sus derechos pone en escena reclamos y necesidades específicas de un colectivo erróneamente homogeneizado. Y da la oportunidad de un debate profundo en torno a ello.