Una incierta cifra de muertos, cadáveres que no son retirados de los hogares por el colapso del sistema fúnebre y falta de testeos son algunas de las consecuencias que sufre un país que en los últimos años desmanteló el sistema de salud estatal y se sobreendeudó con organismos financieros internacionales. Una infectóloga, una periodista y un urbanista dan cuentan del crítico estado de situación ante la pandemia
En las calles de Guayaquil se abandonan los ataúdes que son utilizados para colocar los cuerpos hasta que la policía los retira de los hogares.

El panorama de Ecuador ante el Covid-19 es incierto. La escasez de recursos pone en tela de juicio el registro de casos confirmados. La cantidad de testeos no cubre la cifra de posibles contagios. Se han confirmado solo 537 muertes oficiales por coronavirus, mientras que otras 952 fueron catalogadas, según el Ministerio de Salud ecuatoriano, como “fallecimientos probables”. La única certeza es que el sistema sanitario colapsó, numerosas familias convivieron en sus casas con los cuerpos de sus allegados por casi cinco días, y que hoy se considera una suerte de alivio que se recojan en un máximo de 48 horas.

Este país es el segundo con más muertes en la región a causa de la pandemia, superado únicamente por Brasil. El 13 de marzo dio a conocer la primera de ellas, dos días después de haber declarado la emergencia sanitaria. Para entonces, el número de infectados había ascendido a 23 y no se presentó señal de que la situación mejoraría. Hoy la cifra de contagios superó los 10 mil y sigue aumentando a gran escala.

El gobierno de Lenín Moreno implementó técnicas de prevención a la par de los demás mandatarios de la región: desde mediados de marzo, se restringió el acceso de pasajeros que provenían del exterior, se cerraron las fronteras con Colombia y Perú, se suspendieron eventos masivos y actividades comerciales en establecimientos que concentran a más de 30 personas, se instaló el aislamiento domiciliario preventivo y el toque de queda, y se limitó la jornada laboral a ciudadanos que trabajen en el ámbito de la salud, la seguridad y la distribución de bienes de la canasta básica.

Las medidas son semejantes, pero los resultados, muy disímiles. Para la infectóloga Gabriela Zambrano, el problema principal radicó en el accionar tardío de las autoridades. “El primer caso sospechoso de Covid-19 se detectó en febrero pero, al dar un resultado negativo, bajaron la guardia”, explica. “Faltó nivel de alerta y de gravedad en toda América Latina. Muchos lo compararon con una gripe normal, y ese fue el error principal desde el punto de vista gubernamental”.

En uno de los barrios mas populares de Guayaquil la Policía Nacional levantó un cuerpo que llevaba más de 5 días en una casa. Al terminar, la familia prendió fuego al ataud vacio.

El arquitecto e investigador en Desarrollo Urbano y Regional Fernando Carrión Mena destaca la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la crisis ecuatoriana. “Ha planteado una política absolutamente general y única para todo el mundo. Por ejemplo: lavarse las manos. Según UNICEF, el 40% de la población mundial, es decir, tres mil millones de personas, no tienen capacidad de lavarse las manos porque no tienen agua potable ni jabón”.

El académico, que recientemente conformó un equipo internacional para analizar la situación local y mundial por la pandemia, argumenta que se debe dar cuenta de los niveles de desigualdad que existen entre los países desarrollados y subdesarrollados para tomar medidas de acuerdo a cada situación en particular. “El contagio comunitario es un tema absolutamente popular. La vulnerabilidad pasa por la condición etaria, pero en la práctica, cuando uno revisa la condición de letalidad, los que están falleciendo son los sectores de bajos ingresos porque tienen enfermedades preexistentes, viven con alto hacinamiento, y porque la única forma de obtener algún recurso de supervivencia es en el espacio público. Este es el motivo por el cual Guayaquil es la zona más afectada: allí el 62% del empleo se hace en el espacio público y las viviendas están en pésimas condiciones”.

Familias de diferentes partes de Guayaquil hacen horas, y a veces días, de fila fuera del cementerio «Parque de la Aurora» para que sean enterrados sus familiares fallecidos.

Otra causa del enorme contraste es la crisis económica que azota Ecuador. El 11 de marzo, el presidente expuso que se están perdiendo ocho millones de dólares por día debido al desplome del precio del petróleo, el mayor sustento del país. Otra dificultad que endurece el panorama financiero es la deuda que se contrajo en 2019 por la suma de 10.300 millones de dólares con organismos internacionales, entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe de Estado asegura que se aportarán otros 60 millones de dólares para encarar el Covid-19, pero esta contribución supone un ajuste atroz: se redujo el salario de los empleados públicos en un 8% y se recortaron 1.400 millones de dólares del presupuesto estatal, eliminando así secretarias, empresas públicas y agencias de control.

Moreno prometió reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. A su vez, creó el Bono de Protección Familiar para auxiliar económicamente a 950 mil familias a partir de mayo. “Hasta ahora, lo único que se está cumpliendo es la entrega del bono de contingencia de 60 dólares que ofreció el Gobierno. Sin embargo, hay muchas familias pobres que aseguran que no lo están recibiendo. Las otras medidas como la de reducción salarial recién se podrán ver a final de mes”, explica la periodista ecuatoriana Cristina Bazán Salcedo.

La familia Bastidas tuvo el cadaver del padre durante 4 días en su casa.

LOS OLVIDADOS

En Sauces, al norte de la ciudad de Guayaquil, una familia implora por ayuda a través de sus redes sociales para que las autoridades vayan a recoger el cuerpo de una mujer de 66 años que llevaba más de 24 horas fallecida en su domicilio. Un video filmado en la misma zona se viraliza por captar la imagen de un hombre recostado en un banco, cubierto por una manta blanca y acompañado por un cartel que lleva escrito “Hemos llamado al 911 y no hay ayuda”. El ministro ecuatoriano, Santiago Tarapués, sale en cadena nacional a definir el abandono masivo de cadáveres en la vía pública como un nuevo “fenómeno social”, mientras que los ciudadanos lo califican como una irresponsabilidad estatal.

A principios de abril, la provincia de Guayas concentró el 72% de las personas infectadas y fue coronada como la zona más perjudicada por la pandemia. En su ciudad portuaria, Guayaquil, se registraron 1.400 muertes desde el 12 de marzo hasta el 10 de abril, de las cuales no se dieron a conocer las causas concretas, pero que implicaron un riesgo impensado: el colapso de los centros hospitalarios y, en consecuencia, del sistema fúnebre. Frente a esta problemática, numerosas familias tuvieron que convivir con el cadáver de un ser querido, y otros se vieron obligados a abandonarlos en la calle ante la amenaza de vecinos.

Las condiciones monetarias no acompañan. “Hubo un decrecimiento significativo en el área sanitaria en los últimos tres años. Del año 2017 al 2018, bajó el 34% el presupuesto de la salud. Un año después, bajó el 36%”, explica Carrión Mena. Este es el motivo por el cual el 21 de marzo la ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, renunció por falta de fondos y apoyo político para enfrentar el coronavirus. El suceso generó profundos cambios en las subsecretarías y, según Zambrano, dejó al sistema de salud sin liderazgo.

Hoy el escenario escalofriante que enfrentó Guayaquil ya no es el mismo. “Se activó una fuerza de tarea con el Ejército para recoger la mayor cantidad de cuerpos posibles en poco tiempo. Ahora las personas que fallecen son recogidas en dos días. Esta fuerza de tarea recogió, hasta el 11 de abril, 631 cuerpos en hospitales y 771 en viviendas”, asegura Bazán Salcedo.

Juan, de 78 años, murió camino al Hospital Los Ceibos.

En Quito, la situación es distinta. Representa solo el 8% de la totalidad de casos confirmados de Covid-19 y, si bien surgen ocasionalmente olas de brote, tienden a estabilizarse. “Por suerte, el alcalde de la ciudad (Jorge Yunda) es médico, comprendió la gravedad de la situación y actuó rápido. Fue el primero en cerrar las puertas de los centros educativos, y actualmente propone extender el aislamiento preventivo hasta fines de abril”, explica Zambrano.

La pauta oficial indica que la cantidad de infectados en Guayas descendió un 4% en los últimos días. Según la infectóloga, los profesionales médicos han adquirido mayor experiencia sobre el manejo de la pandemia, y la población comenzó a ser más responsable ante ella. Además, se crearon protocolos para asegurar equipos de protección personal (EPP) a los profesionales médicos, y los hospitales obtuvieron donaciones extranjeras de insumos: pruebas de diagnóstico, trajes quirúrgicos, unidades de bioseguridad (trajes, mascarillas, guantes, gafas), medicamentos y equipos como ventiladores mecánicos. Aun así, Zambrano advierte que podría tratarse de un subregistro de la información ante la falta de testeo.

Este último es, para Carrión Mena, una medida que se debe implementar con urgencia en Ecuador. “Se necesita un sistema de Big Data para obtener información georeferenciada. Estos tests no se hacen de forma indiscriminada, sino en los epicentros y focos de irradiación para ir estableciendo el control y registro de las zonas de mayor incidencia”.

Pero la obtención de información es otro desafío en estos tiempos. Bazán Salcedo confirma que la mayor dificultad es acceder a los datos oficiales. “Este tipo de informaciones se dan con mucho retraso y bajo el parámetro que ellos escogen”. Así, el conflicto va más allá de aquellos cuerpos sin sepultar; es la información lo que las autoridades quieren poner bajo tierra.