La cuarentena revela crudamente la precarización laboral de millones de personas, entre ellos los de la salud y la educación que trabajan en el área de discapacidad.
En enero pasado, Prestadorxs Precarizadxs ya reclamaba por honorarios impagos de prepagas y obras sociales.

En el marco del actual aislamiento social, profesionales de la salud y la educación que trabajan en el área de discapacidad han adoptado modalidades virtuales para continuar los tratamientos de sus pacientes. Sin embargo, distintas obras sociales y prepagas se niegan a contemplar estas prácticas como prestaciones profesionales. Organizados en el colectivo Prestadorxs Precarizadxs, los trabajadores y las trabajadoras exigen al Gobierno Nacional y otras autoridades responsables que intervengan y garanticen sus ingresos.

Cuatro años atrás, al inicio del macrismo, la precarización laboral ejercida tanto desde el ámbito público como privado condujo a que psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas y psicomotricistas, entre otros, formaran la agrupación que los nuclea para reunir fuerzas y luchar por un objetivo común.

Pero a la complicada situación que ya vivían, desde el 20 de marzo se sumó la cuarentena y, con ella, la negativa de varias entidades de salud a pagar las prestaciones realizadas luego de esa fecha. “Queremos que se reconozca la tarea que venimos haciendo de manera virtual hacia nuestros pacientes y sus familias”, explica en diálogo con ANCCOM Emilia Lobais, una de las integrantes de Prestadorxs Precarizadxs. La psicopedagoga se desempeña en el área de discapacidad hace nueve años y afirma que, en este contexto de emergencia sanitaria, la población con la que trabaja podría ser de las más afectadas. “Requieren acompañamiento”, subraya.

En el último petitorio de la organización, además de este nuevo problema, persisten dos reclamos previos. Uno, el pago de honorarios que obras sociales y prepagas adeudan a los prestadores. “Algunos todavía no cobraron noviembre o diciembre de 2019”, sostiene Lobais. Y el otro, la reducción del plazo entre la prestación y su cobro. “Queremos cobrar a mes vencido, como todo el universo de trabajadores y trabajadoras”, agrega.

Hoy, con suerte, cobran a 60, 90 o incluso más días después de la facturación a los centros e institutos. La mayoría tampoco se encuentra en relación de dependencia. “Más del 90 por ciento somos monotributistas”, precisa Lobais. Ni cuentan con gremios ni convenios colectivos. Esta precarización ha llevado también a la conformación e Monotributistxas Organizadxs, agrupación que en ocasiones coordina esfuerzos con Prestadorxs.

Previo a la cuarentena, los prestadores marcharon para protestar.

Desde Prestadorxs denuncian que, a la hora de establecer directivas estrictas y organizar modalidades de trabajo acordes al contexto, las respuestas del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, han sido más bien endebles. “Hay sugerencias, recomendaciones, pero nada de carácter obligatorio”, opina Lobais.

El pasado martes 17 de marzo, la Superintendencia publicó en su sitio web un comunicado dirigido a les profesionales con el detalle de las medidas preventivas a tomar durante el aislamiento social en relación a los pacientes con discapacidad. El organismo recomienda adoptar ciertas normas de higiene y solicita que esta población se mantenga resguardada en sus domicilios. En el mismo parte de prensa, sostiene que garantizará la cobertura de las prestaciones médico asistenciales “que se vean afectadas por esta medida y se encuentren previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.

Si bien nadie podría estar en desacuerdo con las recomendaciones, desde Prestadorxs consideran que faltan medidas taxativas en caso de incumplimientos. Quedan excluidas de estas garantías, además, aquellas actividades que no están nomencladas, como las de acompañantes terapéuticos. Existen obras sociales y prepagas que están por fuera del reparto solidario de la Superintendencia, como OSDE, Policía Federal, IOMA y otras provinciales, de manera que no están obligadas a cumplir sus lineamientos.

Este vacío de reglamentación genera confusión e incertidumbre entre los trabajadores sobre la continuidad de los tratamientos y sobre su situación laboral. El reclamo principal es de una mayor claridad: “Que garanticen la unificación de criterios para que las prestaciones queden cubiertas en su totalidad y se asegure el pago de todas las aprobadas ante esta emergencia”, destaca Lobais.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tampoco ha atendido a sus reclamos. Más aún, con motivo de la emergencia sanitaria, lanzó un programa de voluntariado convocando a psicólogos y psicopedagogos dispuestos realizar tratamientos de manera online (sin percibir honorarios). “Es otra forma de precarizar nuestro trabajo”, sostiene Lobais, cuando desde el colectivo que integra pedían el permiso para seguir sus tratamientos bajo esa modalidad, tratamientos que no sólo habían sido aprobados, sino que tienen objetivos establecidos y un proceso recorrido junto con los pacientes.

La interrupción de los tratamientos es perjudicial para los trabajadores que dejan de cobrar y para los pacientes y sus familias que siguen necesitando la atención. Frente a este panorama incierto, las y los profesionales siguen conteniéndolos a distancia.

El petitorio de Prestadorxs Precarizadxs, que suma unas 17.000 firmas, sirve como refuerzo a sus reclamos. “Queremos que se haga visible que no somos cinco o diez, sino un montón de trabajadoras y trabajadores que queremos que se nos pague por nuestro trabajo”, concluye Lobais.

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