Los documentos pueden aportar evidencias para los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad.
Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -a través de las prácticas preprofesionales de estudiantes convocadas por el Centro Antonio Gramsci y la Carrera de Ciencias de la Comunicación- y del Instituto Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, lanzan hoy, 23 de marzo, la página desclasificados.org.ar que pone a disposición del público los archivos que entregó el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico-militar al argentino de manera accesible. Los estudiantes participaron de un proceso de traducción y sistematización para democratizar los documentos que podrían tener un gran impacto en los juicios a los militares.
El trabajo iniciado en septiembre del 2019 publica en el sitio web una primera visualización de 1.000 archivos relevados por los estudiantes. La labor, además de democratizar la información, tiene por objeto formar a la nueva generación en cuestiones de derechos humanos y en los temas vinculados al terrorismo de Estado y la inteligencia.
“La información es de acceso público desde abril, cuando la publicó Estados Unidos, pero nuestro proyecto fortalece la accesibilidad porque es muy difícil comprenderla para quien no maneja cómo son las tramas burocráticas que la producen o no habla inglés”, enfatizó Guadalupe Basualdo, representante del CELS. El hecho institucional está realizado, pero el acceso real, que tiene que ver con que sea comprensible e interpretable, es en lo que están trabajando. “La idea era crear un sistema donde sea más fácil bajar la información para que los interesados puedan acceder a los archivos por nombre, temas y ejes de investigación”, completó María José Lavalle Lemos, representante de Abuelas de Plaza de Mayo.
«Queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo.
El proyecto
El 20 por ciento de los documentos desclasificados corresponde a agencias de inteligencia de Estados Unidos en intercambio con agencias locales o de otros países, pero en relación a Argentina. “Es la primera vez que Estados Unidos desclasifica este tipo de documentación para el país”, afirmó Basualdo. Esto era un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos porque son documentos fundamentales para comprender el terrorismo de Estado y el desarrollo de la red de inteligencia en América Latina, además del rol que jugó los Estados Unidos informando e interviniendo en el funcionamiento represivo de las dictaduras del Cono Sur. Tres de las agencias que abrieron sus archivos fueron la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA). “Esto produce aportes concretos a causas judiciales en curso, agregan información sobre casos y acontecimientos que no se tenía antes y que van a ser aportados por las querellas”, recalcó Basualdo.
Además de este material, también hay información de intercambios bilaterales entre Estados Unidos y Argentina en ese período, gestiones que distintos familiares y organismos de derechos humanos organizaron para denunciar las desapariciones y apropiaciones y los distintos lugares donde se realizaron denuncias internacionales. Para Lavalle Lemos, tener informes de inteligencia de Estados Unidos provee de una legitimidad para el resto de la sociedad sobre el terrorismo de Estado. “Aunque nosotros ya sepamos lo que sucedió, es importante tener una fuente norteamericana porque ellos mismos lo están diciendo”, puntualizó.
Para el trabajo, los 19 estudiantes seleccionados de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto Lenguas Vivas, leyeron los documentos y extrajeron datos basados en palabras clave que los organismos pusieron en común. “Trabajamos con un software que nos permitió organizar el trabajo de manera remota. Los estudiantes hacían la lectura y la carga en sus casas y nos encontrábamos presencialmente cada quince días para consolidar los criterios de carga, lectura y clasificación”, relató Basualdo. Las palabras clave tenían que ver con los intereses de las instituciones que participaron y en el caso de Abuelas son menciones a niños, bebés y embarazadas, y los nombres de los casos. “A medida que los chicos y chicas extraen la información y la cargan en la base, nosotros la relevamos y separamos los documentos que pueden ser de interés para Abuelas”, mencionó Lavalle Lemos.
Los efectos que tuvo esta documentación fue mucha y diversa. Lavalle Lemos resaltó que encontraron información sobre la abuela de uno de los casos que llevan adelante desde Abuelas de Plaza de Mayo; el de Amarillo Molfino. “En los archivos se hablaba de su secuestro en Perú y su posterior muerte en España. Había informes que hizo Estados Unidos en base a otro que hizo el Gobierno peruano”, contó. El caso está enmarcado en la causa Contraofensiva.
Otros efectos tienen que ver con la posibilidad de seguir reclamando la desclasificación de archivos a agencias de inteligencia locales. “Hay experiencias previas, como el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo. La documentación de Estados Unidos entra en diálogo directo con las agencias argentinas porque citan como fuente de información a funcionarios de inteligencia del país. “Hay un vínculo muy directo, y nos está faltando la pata local, que ahora reconstruimos con lo que tenemos”, puntualizó.
Historia
Los organismos de derechos humanos y varios jueces argentinos planteaban reclamos desde 1990 a Estados Unidos en relación a la desclasificación de documentos. Recién en el año 2000, la ex secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, se reunió con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. “Esto dio origen a un proceso de recolección, revisión y desclasificación de informes sobre la Argentina que resultó en 4.600 documentos”, relató Verónica Torras, representante de Memoria Abierta, una organización especializada en temas de archivo. En ese primer pedido, la CIA y el Pentágono se negaron a abrir sus documentos y a entregarlos.
Parte de esta información se convirtió en prueba documental de varias causas judiciales luego de que se reabrieran los juicios. Esta situación impulsó a un nuevo pedido para profundizar la documentación que ya se tenía, y ampliarla hacia las agencias de inteligencia. “La segunda tanda se hizo en cuatro entregas, que empezó en 2016 y terminó en abril del 2019, y fue más amplia porque más de catorce agencias abrieron sus archivos, entre ellas las de inteligencia”, agregó Torras. Parte de este proceso implica tener una ida y vuelta con Estados Unidos para poder hacer una devolución en base al análisis de los documentos y también es un proceso abierto que permite seguir construyendo herramientas que permitan analizar la información.
El trabajo con los estudiantes
El proyecto se enmarca en las prácticas preprofesionales en organizaciones sociales dentro de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero también se extendió a estudiantes del Instituto Lenguas Vivas, de la Universidad del Salvador y de la Universidad de La Plata. Fueron elegidos 19 jóvenes, aunque la convocatoria fue mucho más grande. Los criterios de selección tenían que ver con el manejo del inglés y una subjetividad en relación a los derechos humanos, además de materias de historia y comunicación o política aprobadas.
Los estudiantes se reunieron presencialmente cada quince días en encuentros que sirvieron como espacios de formación y construcción de conocimiento sobre el período. Se organizaron reuniones con invitados especiales que expusieran información y tuvieran un ida y vuelta con la nueva generación. En palabras de Basualdo: “Invitamos a Alan Iud, que era el coordinar jurídico de Abuelas, a Pablo Llonto, abogado querellante en diversas causas de lesa humanidad, a Melisa Slatman, historiadora e investigadora de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público y Fiscal, al Equipo Argentino de Antropología Forense y tuvimos encuentros en el Museo de la Memoria de la ESMA”.
Al final del 2019 se hizo un cierre y los estudiantes expusieron hasta dónde habían llegado, qué les había llamado la atención y qué otras dudas les había despertado leer y clasificar la documentación. “Estuvieron muy comprometidos y contaron qué líneas de investigación les generaron interés para buscar y seguir construyendo más cosas”, relató Larisa Kejval, directora electa de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Como Carrera y parte de la Facultad, este trabajo continúa una histórica relación que tenemos con los organismos de derechos humanos en el esclarecimiento por lo acontecido en la última dictadura cívico-militar”, agregó. Para Kejval también fue interesante el encuentro entre los estudiantes de la Facultad y los del Lenguas Vivas, y cómo se imbricaron dos instituciones con tradiciones distintas para hacer una experiencia común.
“Nos emocionó mucho que los estudiantes se sensibilizaran tanto y estuvieran tan contentos”, comentó Lavalle Lemos. Destacó, más que nada, el hecho que la información sea ahora pública y deje de ser secreta o manejada sólo por algunos. Para Alicia Entel, representante del Centro Antonio Gramsci de la Facultad de Ciencias Sociales, la reunión con los estudiantes fue muy conmovedora. “Por un lado, ellos encontraron cosas que los motivaron a seguir indagando y ver otra documentación, y por el otro, para mi generación, que vivió estas situaciones, fue una experiencia extraordinaria, porque vimos la dictadura desde una mirada joven. Lo que ellos consideraban y priorizaban era verlo con ojos nuevos. Hubo un aprendizaje para los estudiantes y para nosotros”, destacó.
Toda esta recolección y sistematización de los primeros mil documentos va a estar publicada a partir de hoy en desclasificados.org.ar, de acceso público y organizada para que cualquier persona pueda entenderlos. Para Alicia Entel este trabajo tendría que formar parte de una publicación, no solamente académica, sino de mayor divulgación para las escuelas secundarias. “Hay un conocimiento acerca de lo acontecido en la última dictadura, pero cada tanto aparece una nube de olvido, sobre todo en los últimos cuatro años, y me parece importantísimo poder enviar esta información a las escuelas del país como formación ciudadana, sobre todo con esta mirada joven de seguir investigando a través de lo dado”, finalizó.