Representan el 49% de los trabajadores activos y el claro ejemplo de la precarización laboral: no tienen aguinaldo, vacaciones pagas ni paritarias. Tampoco cuentan con licencias ni ART porque no se rigen por ningún convenio colectivo de trabajo. Ahora, decidieron agruparse para reclamar por sus derechos.
Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs.

Ni ART, ni indemnización por despido, ni antigüedad laboral. Mucho menos vacaciones pagas, aguinaldo o licencias. Sin paritarias, ni representación gremial, ni jubilaciones dignas. Sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sin estabilidad laboral. En esas condiciones trabaja el 49% de trabajadores activos en Argentina, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos (INDEC), todos ellos monotributistas. Sobre este “régimen de precarización y tercerización laboral”, se le sumó un aumento al impuesto al Monotributo del 51% a partir de enero del 2020, en un contexto de congelamiento tarifario generalizado.

Frente a la situación de “presiones tributarias, ausencia completa de derechos laborales, inestabilidad y flexibilidad laboral”, los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de Monotributo, trabajadores independientes y freelancers, se organizaron  dentro de Monotributistas Organizadxs. “Somos un grupo de trabajadorxs monotributistas de distintos ámbitos y rubros que nos organizamos para unirnos en la lucha contra la precarización laboral y para exigir nuestros derechos como trabajadorxs”, se presentan.

La organización se creó a fines de 2019 como forma de lucha contra el aumento, y a partir de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, una agrupación que nucléa psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, entre otros. “Al enterarnos del brutal aumento del 51% quisimos coordinar acciones para enfrentarlo, pero como solos no nos daban las fuerzas, creamos el espacio de Monotributistas Organizadxs para articular a todos los monotributistas en una lucha en común para derrotar este impuestazo”, explica Ailén Lucarelli, una de las referentes de la agrupación. “Con una primera asamblea de tan sólo ocho personas comenzamos a organizar el movimiento, que tuvo rápida repercusión debido a que tocamos una fibra sensible de la clase trabajadora argentina, que está sumida en la más absoluta precarización laboral.”

“Ser monotributista en la actualidad es parte de la progresiva «uberización» de la economía”, sostiene Lucarelli, quien es psicóloga y trabaja como acompañante terapéutica de niños con discapacidad. “La patronal o el Estado, dependiendo del caso, queda eximido de pagar los aportes patronales que por ley deben cubrir para contratar trabajadores, y pueden desvincularlos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. La contracara, para los trabajadores monotributistas, es la falta total de derechos.”

 

Además de la anulación del “impuestazo” para las categorías que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, entre las reivindicaciones de los monotributistas se encuentran también ingresos y jubilación digna -más del 80% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza y todos, sin importar la categoría, se jubilan con el haber mínimo-; el pase a planta bajo convenio colectivo de trabajo de todos los monotributistas contratados en relación de dependencia encubierta -y derechos laborales de freelancers y autónomos-; y cobertura de salud de calidad garantizada o componente de obra social en carácter optativo.

Respecto de esto último, Guillermo Kühl, otro de los referentes de Monotributistas Organizadxs, explica: “Nosotros pagamos tres componentes: el componente previsional, la simplificación tributarias -que tiene que ver con el pago de IVA y ganancias-, y la obra social. En los últimos años, a los monotributistas no nos están dejando afiliar a casi 20, 30 obras sociales porque, según ellos, el componente que pagamos de obra social no alcanza al valor de un Plan Médico Obligatorio.” Frente a esto, los monotributistas exigen que se garantice la libre afiliación -en tanto está establecido por ley y pagan la obra social. O, en su defecto, que el pago del componente sea optativo.

“También estamos debatiendo el componente de la simplificación tributaria porque nosotros no somos una empresa y no tenemos mucha claridad de por qué deberíamos pagar el IVA o ganancias al Estado”, agrega Kühl.

Debido al aumento del 51% -impuesto que hoy en día los monotributistas están pagando y asunto que organiza las medidas más urgentes de Monotributistas Organizadxs-; los trabajadores precarizados y tercerizados se movilizaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se les dijo que nada podían hacer por ser solo un “órgano de aplicación”. Frente a esta respuesta, votaron en asamblea la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley que anule el “impuestazo” de forma retroactiva al pasado enero y modifique en favor de los monotributistas las regulaciones actuales. Para ello, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, se puso a disposición de la agrupación.

Asimismo, luego de una movilización al Ministerio de Trabajo y la presentación de un pliego de reivindicaciones con 70 mil firmas, consiguieron una reunión que se llevó a cabo el 20 de febrero. Estuvieron presentes los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone, quienes se comprometieron a avanzar en las negociaciones y seis delegados de Monotributistas Organizadxs. El siguiente paso sería la conformación de una “mesa chica” para tratar con los diferentes organismos los reclamos que presentan.

El día a día 

Lejos del ideal de independencia y libertad presentado como una de las ventajas de este tipo de contratación, los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Monotributo -o, al menos, la gran mayoría-, enfrentan muchas dificultades en su vida diaria. En muchos casos, incluso, el monotributo no es una opción personal: “Soy monotributista porque el Estado me obliga a eso”, cuenta Emilia, quien prefiere no dar a conocer su apellido para resguardar su identidad. “Trabajo como psicopedagoga en el ámbito de la discapacidad. Le facturo a las obras sociales de forma independiente y, en el caso del centro categorizado para el que trabajo, es una relación de dependencia encubierta porque facturo mis honorarios y ellos a su vez le facturan a la obra social. O sea que mis ingresos son un parcial de lo que debería recibir en esta relación de dependencia encubierta.”

La mayoría coincide en dos aspectos del Monotributo: la precarización laboral y la incertidumbre.

“No tengo acceso a licencias por enfermedad, por embarazo; no tengo vacaciones pagas; no se tiene en cuenta mi antigüedad; no estoy bajo ningún convenio que fije mi salario, no tengo posibilidad de paritarias. No accedo a aguinaldos o bono, y tampoco a indemnización en el caso de que algún empleador decida suprimir el vínculo laboral. Y además de esto, estoy condenada a la jubilación mínima, sin importar a qué categoría haya aportado en mis años laborales”, enumera Emilia, en una lista que parece no acabar.

En una situación similar, Ailén Lucarelli, psicóloga y acompañante terapéutica de niños con discapacidad (APND) en escuelas, relata las diferencias que hay entre su trabajo y el de otros trabajadores escolares: “Cumplo el mismo horario que los docentes, debo firmar asistencia, realizar funciones pedagógicas, hacer adaptaciones curriculares, de acceso y de contenido, redactar informes, articular con los distintos actores de la escuela, las familias y el equipo tratante del niño. Todo esto  con poco más de la mitad de lo que cobra un docente que recién ingresa a dar clases (es decir, sin antigüedad). Luego de lo cual debemos pagar nuestro propio monotributo, matrícula, seguros de accidentes personales y de mala praxis, etc. Además, los contratos son de marzo a diciembre, por lo cual hay dos meses enteros que no cobramos nada.”

Tal realidad laboral tiene implicancias directas en las decisiones personales de los monotributistas: desde recurrir a la ayuda económica de familiares y conocidos hasta tener un segundo -o tercer- trabajo, tal como la venta de productos, que hasta puede generar mayores ingresos que la fuente laboral principal. “No puedo vivir de lo que amo porque mis ingresos son de hambre. La mayoría de los APND buscamos trabajar de cualquier otra cosa, desde cajero de supermercado hasta microemprendimientos como compra/venta de mercaderías, porque se gana más que con esta profesión”, explica Ailén: “Mi mamá, que es docente, me tiene que ayudar a llegar a fin de mes, y la ayuda se redobla en los dos meses de hambre de las vacaciones de verano, en los que no cobro nada. Me gustaría ser mamá y no puedo porque implicaría tener que dejar de trabajar y, ergo, no poder darle de comer a mi hijo o hija.”