Las discusiones sobre la pulverización con agrotóxicos lleva décadas en la Argentina. Por un lado están quienes protegen sus intereses rentísticos, negando las consecuencias que tiene la utilización de estos productos y, por el otro, cada vez más organizaciones médicas, científicas y también civiles demuestran su toxicidad. Tironeados entre las dos posiciones aparecen los pilotos encargados de la pulverizar los campos con glifosatos: su medio de vida es exponerse a la contaminación.

A fines del año pasado la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) realizó una publicación en sus redes en la que recomendaba a la comunidad aeroagricola “minimizar el uso habitual del principio activo glifosato, limitándose a los casos que sean específicamente indispensables y prescriptos por profesionales agronómicos”. El vicepresidente de la Federación, Diego Martínez, sostuvo que el comunicado estuvo relacionado con una serie de prohibiciones de la fumigación aérea en distintos departamentos de las provincias con actividad agropecuaria, sobre todo Buenos Aires y Santa Fe.

Según el dirigente desde FeArCA se busca ir contra la demonización de los pilotos fumigadores y entiende que “es una actividad regulada desde lo aeronáutico y lo agronómico. Operamos y aplicamos según lo que reglamenta el SENASA. Entonces, el problema tendría que ver con los permisos que dan nuestras agencias”. Sin embargo, desde la Federación no se cuestionan si las autorizaciones del SENASA están basadas en información correcta y actualizada, aún sabiendo que existen múltiples investigaciones que prueban la toxicidad y cancerigenocidad del glifosato. Por ejemplo, en la Antología Toxicológica del Glifosato publicada en 2018 se reúne una vasta producción científica que refuta los argumentos en los que se basan las habilitaciones.

En entrevista con ANCCOM el piloto Marcelo De Dio, quien efectúa fumigaciones en la provincia de Santa Fé, sostiene que “lo más riesgoso de la actividad es el vuelo pero después el transporte y la aplicación de los químicos es segura, pero por supuesto que tiene que estar regulada para dejar tranquilos a todos”. Aunque la fumigación se encuentra normativizada tanto desde el agro como desde la aviación las pautas impuestas por los entes reguladores no siempre se cumplen. “Entramos continuamente en contacto con los agroquímicos. Lo que más intentamos es no aspirarlos. Se trata siempre de tener ventilada la sala para que se vayan los vapores. Rara vez usamos máscaras o guantes”, cuenta De Dio y le resta importancia a las implicaciones que esto puede tener en la salud de los pilotos.

Antonio trabajó largos años en el negocio de la aerofumigación y ya prestó testimonio en diversas investigaciones, a partir de allí sufrió perjuicios que hoy le hacen querer mantenerse en el anonimato. Aún así entiende que es un tema de vital importancia que debe ponerse en agenda. “En definitiva para ser piloto aeroaplicador necesitas horas de vuelo, no significa que estés en conocimiento del daño que puede provocar su actividad. Falta información para que los pilotos puedan estar al tanto del peligro al que se enfrentan”, sostiene el ex piloto en diálogo con ANCCOM y explica el por qué de la férrea defensa a esta actividad. Antonio entiende que “las aplicaciones muchas veces escapan al control del Estado y eso causa mucho daño. Habría que establecer otro tipo de controles más exhaustivos y el Estado no sé si cuenta con la infraestructura para lograrlo porque la actividad abarca mucho territorio”.

Así se pone de manifiesto la complejidad de la problemática que involucra a diversos actores, desde los dueños de los campos, los trabajadores y también consumidores, comunidades de escuelas rurales y ciudadanos en general que conviven en las inmediaciones de los campos fumigados, sin mencionar el daño que los agroquímicos producen en el medioambiente. Una modificación de la manera en que se maneja la fumigación de las plantaciones debería contemplar que muchas personas viven actualmente del trabajo de la fumigación, como es el caso de estos aviadores. “Muchas veces importa más, cómo vivimos, qué le damos de comer a nuestras familias, si no no haríamos esto”, resume Antonio.

Un primer paso en este terreno se ha dado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires donde se ha creado el Observatorio Técnico de Agroquímicos para abordar el uso de principios activos en el agro desde una perspectiva científico-técnica. “La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación que debe adecuada es un problema que tiene que ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”, declaró a Telam el ministro, Javier Rodríguez. El funcionario sostuvo que “hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate. Esa será la función del Observatorio”. De esta forma podrán realizarse propuestas para legislar conscientemente la aplicación de agroquímicos.

El activismo que busca promover buenas prácticas agrícolas para un desarrollo sustentable y el bienestar de los pueblos actualmente fumigados sigue dando duras batallas contra los magnates del agronegocio que no reconocen el problema de los agrotóxicos. Aún así la sola prohibición de la fumigación aérea, no ligada a una regulación consciente de los principios activos por parte de las autoridades correspondientes, sólo lleva al malestar y preocupación de quienes trabajan diariamente en estos rubros.

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