Entre 1988 y 2014 miles de habitantes provenientes de sectores populares fueron secuestrados y fusilados por el Ejército de Colombia para disimular su participación en negocios ilegales, como el narcotráfico. Los familiares de las víctimas, conocidas en ese país como Falsos Positivos, aún reclaman justicia.
La Fiscalía ya contabilizó 2.248 casos. Los familiares de las víctimas dicen que la cifra puede llegar a 10.000.

“Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a ‘recoger café’, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, afirmó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el 7 de octubre de 2008 en Bogotá.  Dos meses antes, también en la capital del país, Jaime Castillo Peña se comunicó con su familia. “La última vez que se supo de él fue el domingo 10 de agosto: llamó a mi hermana, le dijo que iba a almorzar, pero nunca llegó”, comenta Jacqueline Castillo, representante de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), una organización de mujeres que desde hace 12 años busca encontrar la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato de Uribe Vélez. 

Jaime Castillo, trabajador ambulante de 42 años, fue visto por última vez subiéndose a un auto rojo. Dos días después apareció acribillado a 600 kilómetros de Bogotá. La Brigada Móvil número 15, perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, lo reportó como baja en combate. Iba a almorzar con su familia, pero un grupo organizado de “reclutadores” (encabezado por Alexander Carretero), personas que “pescaban” civiles en situaciones vulnerables, lo sacó de la ciudad y lo llevó hasta Ocaña, una población del nororiente de Colombia, a más de seis horas de viaje, para entregarlo a militares, quienes posteriormente lo fusilaron, lo reportaron como guerrillero y lo enterraron en una fosa común junto a otros civiles.

“Los ‘reclutadores’ estuvieron haciendo seguimiento porque ellos visitaban los barrios, los parques, y detectaban a las personas para escogerlas”, explica Jaqueline. El exsenador Alirio Uribe sostuvo en el Congreso de la República que fueron más de 450 los “reclutadores” en todo el territorio nacional. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2010, resalta que ese era uno de los patrones detectados: los civiles eran engañados con falsas promesas de trabajo para ser sacados de sus regiones; eran llevados a sitios alejados y allí eran asesinados. 

Jacqueline Castillo buscó a su hermano durante dos meses hasta que una investigadora le aconsejó que buscara en Ocaña. “La última vez que me vi con Jaime, me dijo que algún día me iba a pagar el doble de todo lo que yo hacía por él”, rememora. Lo que no sabía Jaime, es que ella entregaría el resto de sus días en la búsqueda de esclarecer los hechos que cegaron su vida. “Tristemente, en el caso de Jaime, ni siquiera  pudimos tener audiencia de imputación de cargos. No hay nadie que esté detenido por el crimen de él”, se lamenta.

 Según la ONU, las fuerzas de seguridad “han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’”. Jaime, quien cometió el ‘delito’ de ser pobre, es uno de esos casos. Diferentes organizaciones no gubernamentales destacan que estos actos perpetrados por el Estado colombiano se presentaron desde la década de los 80, pero que se agravaron desde 2004 cuando Uribe Vélez implementó la doctrina de ‘seguridad democrática’.

Carmenza Gómez es una de las madres de Soacha, una población al sur de Bogotá, a quien el Estado colombiano le arrebató a dos de sus hijos. El 23 de agosto de 2008, Víctor, un joven que había prestado el servicio militar obligatorio, fue sacado del centro del país para ser llevado, como Jaime, a Ocaña. Carmenza y su hijo John, fueron de los primeros familiares en reconocer a uno de los suyos en las fosas comunes en las que eran sepultados los jóvenes como NN. En 2009, John fue asesinado por buscar la verdad en el caso de su hermano. 

La muerte de Jaime Castillo sigue en la impunidad, pero no es la única, “hay varios de los casos de Soacha que nunca se esclarecieron”, comenta Jacqueline. El informe de la ONU resalta que la injusticia es una de las causantes de estas prácticas estatales: “La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%”. Un informe entregado por la Fiscalía señala que fueron 2.248 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, pero hasta el momento ningún militar de alto rango ha sido condenado. 

En febrero de 2019, Human Rights Watch había denunciado que los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) habían sido ascendidos por el presidente uribista Iván Duque. Por ejemplo, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue designado como Comandante del Ejército Nacional de Colombia aún cuando sobre sus espaldas cae la responsabilidad de 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005 en donde era segundo al mando. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [la justicia creada luego de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC y a la cual se acogieron muchos militares] resalta que el fenómeno de los ‘falsos positivos’ se presentó en todo el territorio nacional. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa para ese entonces, y Mario Montoya Uribe, General del Ejército entre 2006 y 2008, nunca han reconocido esa práctica como una política de Estado, pero hay datos que contradicen sus versiones. 

En 2008, cuando las Madres de Soacha hicieron visible la problemática, el Ejército de Colombia estaba dividido en siete brigadas y en todas se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales. Colombia tiene 33 divisiones territoriales (32 departamentos y un distrito capital, Bogotá) y en 32 de ellas se presentaron reportes de ‘falsos positivos’. “Hemos encontrado patrones a nivel nacional: buscaban personas que no tenían trabajo, personas de bajos recursos sin posibilidades de solventar su vida y los engañaron con falsas propuestas”, ilustra Jacqueline.

“Recibimos mensajes a través del Twitter y del Facebook, de personas de la Guajira, Ibagué, Pereira, de los Llanos Orientales, de Medellín y de varias regiones en donde nos dicen: “A mi hijo le sucedió lo mismo”. Hace poco hemos tenido contacto con otras personas en Bogotá, en el barrio Juan Rey, en la salida a Villavicencio, comentándonos que para el 2008 hubo desapariciones masivas”, afirman desde MAFAPO y complementan que muchos casos permanecen en la oscuridad por el miedo de las familias a denunciar (estiman que puedan ser alrededor de 10.000 asesinados).

La condición socio económica era determinante a la hora de seleccionar sistemáticamente las personas para ser ejecutadas. No hay otro rasgo de carácter ideológico, racial y/o religioso que tengan en común los ejecutados. Soraida Muñoz, madre de Jony Duvían Soto Muñoz, otro de los jóvenes de Soacha acribillado en Ocaña, señaló en audiencia pública ante la JEP que su hijo prestó el servicio militar y que soñaba con seguir una carrera en el Ejército de Colombia. Su testimonio concuerda con el de otras víctimas, que enuncian que los jóvenes asesinados pertenecieron a la institución en el pasado. 

Otro factor que determinó el asesinato de civiles fue la presión impuesta por el General del Ejército, Mario Montoya Uribe, durante el periodo 2006–2008. “Existen vínculos entre los militares y los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada. Como las unidades militares locales no quieren entrar en combate con los grupos ilegales con los que cooperan, el asesinato de civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos hace parecer que las unidades militares están tomando medidas contra ellos”, señala el informe de la ONU. 

Mario Montoya Uribe fue vinculado al Macro-proceso número 003 que se adelanta en la JEP y que cobija a las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ya que fue mencionado por más de once de exmilitares. En un documento firmado por el General cuando era el hombre más importante del Ejército se puede leer: “Las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército.Las bajas no es lo más importante, es lo único”. 

Ante la JEP el militar de más alto rango que ha sido llamado para rendir su versión libre no quiso aceptar su responsabilidad y culpabilizó de lo sucedido a sus subalternos: “Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos». Desde MAFAPO creen en “el proceso que está haciendo la JEP porque ha sido bastante importante, y pueden tener la oportunidad de saber la verdad”, pero reconocen que tristemente “hay varios de los militares, que no están aportando verdad”.

Las víctimas han criticado constantemente el sistema judicial colombiano porque dicen que beneficia a los verdugos. “En la justicia ordinaria nunca se avanzó porque los abogados de los militares siempre obtenían disculpas y se aplazaban las audiencias”, recuerdan desde MAFAPO y cuestionan que cuando ellas han pedido permisos o aplazamiento de algunas diligencias estos no han sido concedidos. Además, reconocen que las siguen amenazando: “A través de las redes sociales hemos recibido mensajes bastante incómodos”.

Los familiares de los asesinados admiten que lo más difícil de todo este proceso es que ya cumplieron 12 años de larga lucha y los militares, que se acogieron a la JEP, están todos en libertad. “Sentimos que estamos otra vez en cero”, cierra Jacqueline, pero no pierde la esperanza de que sean llamados a declarar Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez para ver si por fin cuentan la verdad de la desaparición de los pobres a los que mató el Estado para engordar las cifras del Ejército.