La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció judicialmente a la empresa por ocultar información de interés público sobre el servicio que ofrece en villas y asentamientos. Advierte que la calidad de acceso a internet en esos barrios es menor que en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, subraya, se profundizan las brechas socioeconómicas.
Los usuarios de las villas se quejan de que deben acudir a servicios más caros ante las deficiencias de Telefónica.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a Telefónica por no brindar información sobre el servicio de telefonía e internet que brinda en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la organización está motivado en la queja constante de los usuarios que no tienen un servicio de calidad en sus hogares.

“A partir de los reiterados reclamos de los habitantes que pudimos conocer por nuestro trabajo territorial en villas, en febrero de 2019 decidimos solicitar a la empresa Telefónica que brinde información sobre la forma en que presta servicios de telefonía y de internet en las villas”, dijo el abogado Marcelo Giullitti Oliva. Al no recibir una respuesta por parte de la empresa, ACIJ formuló un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (ANAIP). La institución avaló el reclamo y el 16 de septiembre se pronunció, exigiendo a Telefónica que en el plazo de diez días presente la información completa solicitada. Para este pedido, la Agencia se apoyó en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley Argentina Digital N° 27078.

Giullitti Oliva argumentó que si bien existe actualmente un debate sobre si la prestación del servicio de internet es de carácter público o no, lo cierto es que la información que presenta la empresa es de interés público. El abogado dijo a ANCCOM que “el carácter público de la información se sostiene en dos cuestiones distintas. Por un lado, la Ley de Acceso a la Información Pública (27275) reconoce en su artículo 7°, inciso “i” como sujetos obligados a brindar información pública por un lado a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos y también a los concesionarios y permisionarios de uso del dominio público”. El letrado agregó: “Telefónica, por lo tanto, es sujeto obligado porque por un lado es concesionaria de servicios públicos -que es el servicio de telefonía básica- y por otro, es licenciataria de tecnología de la información. Por otro lado, la propia información del servicio reviste carácter público en tanto la Ley Argentina Digital declara de interés público el desarrollo de estas tecnologías de la información”.

La empresa respondió con información incompleta e imprecisa ante la exigencia de la ANAIP, según informaron desde ACIJ. Consecuentemente, la organización presentó el 3 de febrero una demanda a Telefónica S.A., que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra.

ACIJ sostiene que Telefónica incumple con las leyes de Acceso a la Información Pública y Argentina Digital.

Mariela Baladrón, docente y graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magister en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), expresó su interés por el caso: “Es un hecho que no tiene precedentes en la Argentina. Lo interesante son los motivos legales que permitieron a ACIJ hacer una demanda a Telefónica para que brinde información de relevancia social”. Baladrón realizó varios trabajos sobre el acceso a internet en Argentina. Sobre este punto, dijo que la desigualdad en acceder a la Red se encuentra vinculada también a otras inequidades preexistentes: sociales, etarias, de género. En un trabajo previo, la investigadora estudió el acceso a internet en Villa 20 y observó, al igual que ACIJ, que las quejas sobre el servicio eran una constante. La razón, según los usuarios, era que las empresas no poseían infraestructura en las zonas de sus hogares. Por esta razón, explica Baladrón, muchos terminan contratando planes a empresas independientes o microemprendimientos que son notoriamente más caros que los provistos por las firmas más grandes, aumentando de esta manera la desigualdad social.

La falta de acceso a telefonía e internet de calidad por parte de los habitantes de las villas habla de una discriminación social, aseguran tanto Baladrón como Giullitti Oliva. “Hay una negativa de las empresas a prestar el servicio en las mismas condiciones de igualdad que en el resto de la ciudad”, formuló la investigadora. A su vez añadió: “Considerando que existen más de 4 mil barrios populares en Argentina -según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP)- esto es de gran relevancia social y es necesario un tratamiento adecuado sobre la problemática”.