Según el Segundo Censo Popular de personas en situación de calle realizado a fines del año pasado, sólo en CABA hubo 7.251 personas que habitan en el espacio público. El número aumentó significativamente durante el gobierno de Cambiemos. Para las organizaciones que se ocupan del problema, no es solo una afectación al derecho a la vivienda, sino también a la salud, la educación y a la dignidad de las personas. ¿Qué le piden a las nuevas autoridades?

 

Las organizaciones sociales alertaron sobre el aumento exponencial de personas en situación de calle. Según el Segundo Censo Popular, sólo en CABA hubo 7.251 personas en esta situación en 2019, 1.379 más que en 2017. El Primer Censo Popular de Zona Sur reveló, a su vez, que sólo en Lanús y Lomas de Zamora son 1.024 personas en que habitan en la vía pública: la mayoría quedó en la calle en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos y la mitad de ellos son niños. Estos números evidencian que las medidas del Gobierno de la Ciudad no alcanzan para abordar la problemática integral que se agravó bajo su triple gestión. Desde el pasado 27 de diciembre comenzó a funcionar una mesa de trabajo entre la comisión “Vivienda Digna”, funcionarios del gobierno actual y también la oposición.

Para los porteños, los niños, adultos y ancianos acurrucados en el piso de cajeros de banco, personas buscando en tachos y contenedores, los colchones en las veredas o carritos llenos de cartón impulsados por cuerpos delgados, ya son un paisaje natural. Es la puesta en escena de las políticas neoliberales: unos pocos se enriquecen y las grandes mayorías se caen del sistema. No es una impresión a priori: mientras que la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad oficializó 1.146 personas en situación de calle en el 2019, el Segundo Censo Popular denunció más de siete mil. La diferencia radica en que la Ciudad contabiliza a las personas con domicilio en Capital Federal que pasan la noche a la intemperie. Por su parte, las organizaciones sociales cuentan que la calle efectiva es sólo la parte visible: 5.412 personas durmieron en la vía pública porteña el pasado año. También, otro grupo pasa la noche en paradores o centros de integración -1.981 personas encuestadas- y hay otras que están en riesgo de calle al obtener subsidios, vivir en hoteles familiares o que están por ser dados de alta en hospitales o cárceles.

El Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- realizó un análisis de los números arrojados en el Censo Popular, tras la publicación oficial: “Al menos 1.461 personas se encuentran en la calle por primera vez. En dos años, se incrementó un 23% la gente sin ningún tipo de acceso a políticas habitacionales. El motivo principal que identificaron (42%) como causa de su situación es que perdieron el trabajo y dejaron de poder pagar un alquiler y/o servicios». Por su parte, el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la U.C.A, dice: “En el tercer trimestre de 2019, la tasa de pobreza registra una fuerte alza con respecto tanto al año 2018 como a 2017, alcanzando los valores más altos de la década. Al respecto, se estiman que 32,1% de los hogares y 40,8% de las personas se encuentran afectados por la pobreza”.

Desde la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, nacida en 2001 ante la necesidad de una enorme cantidad de población que se quedó sin hogar, colaboran con alimento, ropa y ollas populares para personas en situación de calle. Jorgelina Di Iorio, referente de la organización, psicóloga e investigadora del Conicet, comenta: “Si bien hace doce años están en el gobierno de la Ciudad, estos últimos cuatro el macrismo dejó por primera vez a personas, y sobre todo a familias completas, en situación de calle. Pero también hizo que muchos que habían conseguido un lugar, ya insertos socialmente de otro modo, vuelvan a estar en calle debido a la falta de políticas integrales y a las violencias institucionales, simbólicas y físicas que son parte de la cotidianeidad”.

Según Di Iorio, en un estudio correspondiente a su grupo de investigación en psicología del Conicet, el 65% explicitó haber vuelto a la calle desde 2018. Las razones son muchas: no percibir más ingresos, aunque sea de forma informal, la inflación, la suba de las tarifas y la ausencia de políticas públicas paliativas para las microeconomías familiares -como las implementadas años anteriores- y un proyecto económico regresivo. Sus resultados se alcanzan a apreciar a simple vista: en el tercer trimestre del 2019, según el INDEC, la cifra de desempleo alcanzó el 9,7% -versus el  7,6% del tercero correspondiente al primer año de gobierno de Cambiemos-. Una cadena de hechos y decisiones de políticas públicas que culmina con la imposibilidad de inserción de los grupos más vulnerables.

La Ley 3.706 establece en su artículo 4 los deberes del Estado para con las personas en situación de calle tal como “proteger integralmente y operativizar los derechos”, lo que no resulta efectivo, según la lectura de las organizaciones consultadas. Es por ello, que la lucha de la mayoría de ellas, que trabajan la problemática día a día, se nuclea en la implementación de esta normativa. “El Gomero”, comedor de Barrancas que le adjudica su nombre al árbol que los aloja desde el 2002, brinda comida, asiste en problemáticas de salud y acompaña el proceso educativo de los niños, haciéndose parte de la vida de las familias que acuden a una comunidad ya conformada. Carlos Durañona, uno de sus integrantes, expresa: “La situación de calle es un tema durísimo y en Belgrano están sufriendo mucho la persecución. Ellos denuncian que a la madrugada se les acercan camionetas, se bajan patotas y los expulsan. Son los desaparecidos sociales. La sociedad los ve cuando están en la puerta de sus casas o negocios y les molesta, sino, no existen. Esta problemática no prende en la sociedad. Debe ser tomada como un problema nacional. Hemos planteado conformar una especie de asamblea permanente para reducir los esfuerzos desparramados y centralizar en una comisión directiva que tenga acceso a los poderes del Estado. El día que veamos el problema más de cerca, es porque entendimos lo que significa la dignidad de una persona y la importancia de tener amor por el prójimo, la conciencia de que somos hermanos y semejantes y que cualquiera puede estar en esa situación. Nosotros somos el otro, hay que ponerse en el lugar del que está necesitando ayuda”.

No tener techo implica muchos otros problemas, como la falta de acceso a derechos ciudadanos básicos, lo que implica hasta la tenencia de un documento de identidad. Lila Wolman, vicedirectora del Isauro Arancibia, el centro porteño de educación popular que recibe a cientos de estudiantes que viven a la intemperie, en diálogo con ANCCOM, sostuvo: “La situación de calle es una problemática integral que incluye otras; implica no tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y a otros derechos básicos. Se es víctima de violencia al estar en la calle. Durante el año, los pibes venían con hambre y frío. Hubo asesinatos por parte de la policía. Nuestra escuela sufrió una persecución sistemática sin precedentes, en la cual nos notificaron que cerrarán el jardín y nos sancionaron por una intervención pública y artística en respuesta a eso”.

Un 56% de las personas censadas declara haber sufrido violencia institucional, según indica el CELS. Fabio Adrián Manuppella, militante de Proyecto 7 -organización que agrupa a varios centros de integración donde viven personas en situación de calle- y periodista del programa “La Voz de la Calle”, por su parte, expresa respecto de los años de gobierno de Mauricio: “Murieron en la calle compañeros quemados, otros de frío. Cuando hay un evento muy importante en el centro se manda a pegar, a quemar colchones, hasta a robar la ropa y más cuestiones violentas”. En el conversatorio, organizado en el mes de noviembre acerca de la problemática, por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con las organizaciones sociales, Manupella había declarado a partir de su experiencia: “Las instituciones y los paradores de la Ciudad son parte de la violencia, nos tratan como cosas. Nos hacen llegar a las 3 de la tarde para estar adentro recién a las 7”.

Además de la violencia institucional, el consumo problemático y la salud mental son problemas asociados a estar en situación de calle. “Desde el sentido común, se instaló que el uso de drogas es la causa de quedar en la calle o que toda persona que está en esa situación, consume. Aunque muchos recurren, hay problemas también de depresión, soledad, relativos a la salud mental que no se piensan desde la política pública. Por eso, desde la organización, tratamos de producir otros modos de relación social. Estar en situación de calle es una experiencia traumática, que tiene efectos en clave de múltiples expresiones de sufrimiento mental. Son personas en las que confluyen múltiples identidades estigmatizadas. Padecimientos físicos y psíquicos, que son producto de vivir sistemáticamente violencias simbólicas y físicas, desde la sociedad y las instituciones” indica Di Iorio.

El Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Borda, ente público reconocido internacionalmente en el ámbito psiquiátrico, es intervenido por el Frente de Artistas, un movimiento artístico, social y autogestivo, que produce arte como una herramienta de lucha para la desmanicomialización. En su representación, Daniel Calvo, denuncia: “Cambiemos, obliga a los médicos psiquiatras a externar compulsivamente a los internos. Los jueces amenazan a los profesionales de la salud con iniciarles un sumario por no cumplir la Ley 26657 de Salud Mental y estos se ven obligados a acatarla. Los trabajadores sociales del gobierno porteño tramitan un subsidio habitacional de $8.000 para que los pacientes alquilen una pieza en un hotel o directamente los envían a un parador. A los más afortunados, les dan una pensión por discapacidad de $10.000, una tarjeta de Ciudadanía Porteña por $3.000 para comprar alimentos y los derivan a un comedor comunitario de C.A.B.A. Este es el ‘Protocolo de Reinserción’ que ha estado aplicando el PRO y Cambiemos. En el Gran Buenos Aires, es aún peor. No existen dispositivos alternativos para los externados. Es la nada total y solo pueden depender de Cáritas o de alguna ONG que se ocupa de los enfermos mentales”.

Por otro lado, la situación de calle afecta a los más vulnerables: los niños. La baja de imputabilidad para los menores de edad, que estuvo en agenda recientemente, requiere un análisis de las causas que arrastran a chicas y chicos a patear las calles y cometer delitos, ya sea por hambre o necesidad propias y de sus familias: “Los que terminan huérfanos, al cumplir 18 años, deben salir de la institución que los aloja y los mandan a paradores u hogares pero, durante ese tiempo, no hay voluntad política para integrarlos al sistema y contrariamente, dan mil vueltas para llevarlos a estudiar. Nuestra lucha es para mejorar las instituciones. Por eso articulamos con las cárceles, con el Hospital Borda, pero ya no hay lugar en nuestros centros de integración para más personas. La niñez es un punto clave. ¿Por qué el sistema de adopciones no funciona? ¿Hay políticas públicas para que tengan un trabajo por parte del Estado? La respuesta es no. No hay seguimiento en los hogares ni en los paradores”, comentó Manuppella de Proyecto 7.

Bárbara Alegre, coordinadora y presidenta de Sopa de Letras, Asociación Civil Comunitaria en el conurbano creada en 2009, explicó: “La gran diferencia entre Capital y Gran Buenos Aires es que en Provincia hay una ley -la 13956 o ‘Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle’- pero no se cumple, ninguno de sus artículos. No existen programas que asistan y acompañen a las familias, tampoco paradores, hogares, ni subsidio habitacional, menos un equipo técnico que recorra las calles, como lo refiere la Constitución. En consecuencia, hay un deterioro de las condiciones en las que llega la gente que asistimos, lo hemos notado”.

Las nuevas autoridades, cuya asunción tiene poco más de un mes, tendrán que implementar medidas de emergencia para hacer frente al contexto desolador de la Provincia de Buenos Aires. El Transformador de Haedo, es una organización comunitaria que atiende ampliamente el área de niñez y sus derechos vulnerados. Los pibes de zona oeste, hasta 2016, contaban con la posibilidad de alojarse de noche en su local, pero tras la decisión de no renovar el contrato, al haber asumido Ramiro Tagliaferro de Juntos por el Cambio en 2015, debieron cerrarla. A partir de no contar con una Secretaría sino un Área en Desarrollo Social con menor presupuesto, acabaron dedicándose, con una subvención que no alcanza, a sus dos centros de día -Haedo y Lomas de Zamora- y al Programa de callejeadas. Aldana Sardelli, referente del área y operadora en calle, expresó: “Familias enteras vienen al centro a comer, se multiplicaron las ollas en Morón, Merlo y otros centros urbanos del oeste. En ese contexto, los pibes adquieren la dinámica de la calle y pasan más tiempo fuera de sus casas. Los lazos barriales que antes hacían que el pibe pueda subsistir dentro, se fueron deteriorando y ahora están más afuera para buscar un plato de comida. Hay personas en la calle que ni siquiera pueden salir a rebuscársela porque están sitiados por la ilegalidad: narcotráfico, red de prostitución, policía, gendarmería… el barrio se convierte una cárcel a cielo abierto”.

En relación a lo que se espera hacia adelante, Di Iorio, manisfestó: “A nivel nacional esperamos que al menos se encare esta problemática y ejecutar políticas públicas en conjunto con quienes trabajamos estos temas. A nivel ciudad sigue igual, pero hay cambios en la Legislatura que, esperamos, puedan ser herramientas judiciales para frenar la miseria planificada”. Según Sardelli: “Reclamamos mayores políticas integrales orientadas a sujetos de derecho, como los niños, para lo cual deben reabrirse dispositivos en territorio que fueron cerrados”, sostuvo en relación a la nueva gestión en Morón, liderada por Lucas Ghi. El área educativa no quedará por fuera de las demandas y Wolman, vicedirectora del centro Isauro Arancibia, enfatizó que se reconozcan los dispositivos educativos que integran a las personas en situación de calle, excluidas del sistema tradicional: “Pedimos que nos ampare una normativa, el gobierno nacional puede presionar a la Ciudad”. La emergencia económica afecta, principalmente, a las personas cuyos días transcurren a la intemperie: convivir con frío, calor, malnutrición, falta de acceso a educación y estigmatización social. Con la asunción de la nueva gestión a nivel provincial como nacional y la reciente sanción de la Ley de Emergencia Económica, parece haber un futuro con esperanzas. Manuppella expresó: “Apuntamos a un trabajo colaborativo de acá a varios años. Esperamos que este gobierno apruebe finalmente el proyecto de ley de gente en situación de calle y en riesgo de estarlo. Cambiemos, por su parte, no quiso ni siqiera que entre a la Cámara de Diputados. Para inicios del 2020 apuntamos a visibilizar la cuestión: juntar firmas y poner mesas en el Congreso. Vamos a sostener estas acciones todo el año y esperemos que el Frente de Todos, pueda hacer algo al respecto”.