A una hora del centro porteño, el barrio Haras Trujui, en el partido de Moreno, padece inundaciones, inseguridad y falta de servicios. ANCCOM visitó el lugar, uno de los 1450 asentamientos informales del conurbano, para conocer la realidad de sus habitantes.

A lo largo de las últimas décadas, las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales han sido ineficientes para revertir la situación de emergencia habitacional. La población en villas ha aumentado a un ritmo superior a la tasa de crecimiento vegetativo ante la incapacidad del Estado de brindar soluciones permanentes a los sectores más pobres de la sociedad. En 2017, el Registro Nacional de Barrios Populares llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri, con colaboración con organizaciones sociales, permitió identificar y mapear 4.228 asentamientos informales en todo el país en donde viven más de 3 millones de personas, es decir 1 de cada 10.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la zona geográfica con mayor concentración. Francisco Ferrario, director de TECHO en el GBA, encuentra problemáticas similares en los asentamientos del conurbano: “La falta de acceso a los servicios básicos, precariedad en las viviendas, las inundaciones constantes y la falta de servicios de emergencia se dan en casi la totalidad de los barrios. Además, los vecinos, al no tener acceso a la escritura de su casa, viven con constante incertidumbre porque al menos el 50 por ciento de las tierras en las que están los barrios populares a nivel nacional son privadas ya que pueden ser desalojados”. Y agrega: “También es un gran problema que la policía y las ambulancias no ingresan a los asentamientos”.

La organización TECHO busca ser el nexo entre los barrios populares y el Estado para resolver cuestiones habitacionales. Financiado a través de donaciones, construye viviendas a las familias más vulnerables dentro de los asentamientos. Belén Guerrero, coordinadora de la mesa de trabajo de la entidad, explica que el modelo de trabajo ha ido cambiando en los últimos años: “Antes la línea era llegar al barrio, construir la casa y después nos íbamos. Ahora es mucho trabajo previo y posterior. Estamos trabajando con muchas personas a las que no les construimos”.

Las primeras viviendas construidas por la ONG fueron las de emergencia, que consisten en módulos de 18 metros cuadrados hechos de paneles de madera prefabricados y techo de chapa con aislante térmico, que se apoyan sobre 15 pilotes de madera para aislar la humedad del suelo. Con el tiempo, TECHO desarrolló las Viviendas Semilla, diseñadas por las familias con los materiales de la organización, que buscan superar aquella primera instancia de emergencia. “Sus habitantes pagan un porcentaje sobre el valor total, que se calcula considerando su situación económica. En ambos casos, la construcción se realiza entre la familia asignada y los voluntarios de TECHO”, detalla Guerrero, quien sostiene que actualmente “el objetivo es que los y las vecinas se apropien de barrio”. “Ellos mismos eligen las familias a las que construimos. Estamos tratando que el trabajo que hacemos sea cada vez más comunitario”, subraya.

Un ejemplo de la labor de TECHO en el GBA es el barrio Haras Trujui, ubicado en el partido de Moreno, uno de los 1450 asentamientos informales del conurbano. Trujui tiene una extensión de más de 30 cuadras donde las angostas veredas de ripio y hierbas flanquean a un lado y otro las calles de tierra. Los fines de semana, el silencio impasible sólo es interrumpido por la cumbia que llega desde la radio de alguna de las casas. Ubicado a 48 kilómetros de Capital Federal, cobija a 47 familias y se encuentra atravesado por el arroyo La Felicidad, que irónicamente suele inundar al barrio en los días lluviosos. TECHO llegó a Trujui en 2015, y luego de trabajos intensivos de relevamiento, han construido sus Viviendas de Emergencia para 21 familias.

Fernanda Moyano vive allí hace más de 15 años y en su casa tiene un merendero llamado “Athenea”. Los vecinos la llaman “la abogada del barrio”. Ante este título Fernanda responde orgullosa: “En realidad, estudié Trabajo Social en la UNPAZ, pero me conocen en todas las oficinas municipales de Moreno de tantas veces que fui a reclamar”. Moyano resalta que el tratamiento de residuos y las inundaciones son los problemas más graves que tienen: “En Haras no hay recolección. La basura se tira en las cercanías del arroyo y cuando llueve esa basura va al zanjón, y este se tapa y se desborda, provocando inundaciones. Hemos tenido evacuaciones dos veces porque el agua nos llegaba hasta el cuello. Si tuviésemos recolección, no colapsaría el zanjón y no se inundaría”.

La falta del servicio alienta la generación de basurales a cielo abierto y las quemas, creando pésimas condiciones sanitarias para los vecinos. De hecho, el barrio es uno de los puntos del conurbano con más casos de forunculosis, problemas dermatológicos y respiratorios. “No podemos darle de comer a los nenes en el jardín por el olor que hay. Anulamos la parte de los juegos porque no se puede estar”, señala Fernanda y advierte: “Alguien se tiene que ocupar de esto y no hay ni siquiera iniciativa”.

Trujui carece de todo tipo de servicios básicos, como gran parte de los asentamientos informales del GBA. No dispone de recolección de residuos, luz eléctrica, agua corriente, servicios de salud y control policial, entre otros. Frecuentemente, el suministro de agua se obtiene por bombeo. “Hace 15 años que vivo acá –cuenta Fernanda–. Recién hace dos colocaron el tendido de agua corriente y aún no lo habilitaron. Tuvimos agua dos días, que no se podía tomar, y todavía no volvió a correr”. Estas carencias primarias abren paso a nuevas problemáticas.

Las múltiples afecciones provocadas por la contaminación empeoran a causa de los escasos servicios de salud a los que tienen acceso. Para recibir asistencia hospitalaria los habitantes de los asentamientos informales deben salir del barrio y acercarse a alguna salita disponible en los alrededores. Los de Haras deben ir hasta Santa Brígida, donde una precaria unidad sanitaria, provista de un sólo profesional por especialidad (que no siempre logra cubrirse), debe responder por todos los habitantes de la zona.

La falta de suministro eléctrico desemboca en otra situación preocupante: los constantes episodios de inseguridad: “En muchas familias, el o la responsable de la casa sale a las cuatro de la mañana y se va a Capital a laburar. Que no haya una luz es realmente peligroso”, señala Belén Guerrero. Haras Trujui descansa bajo la custodia de solamente un patrullero. Ante la ausencia de respuestas oficiales, los habitantes del barrio, junto a TECHO, instalaron un circuito de alarmas vecinales e iluminación. “Hay una ausencia total del Estado en lo que es seguridad. Como vecino no te queda otra que salir a defenderte vos. La ausencia total municipal no hay forma de darla vuelta porque desde la Municipalidad tienen un sistema estratégico para evadir los reclamos”.

Belén Guerrero da cuenta de ello: “Los asentamientos están totalmente marginados. Los vecinos sienten que los políticos están presentes en los barrios cuando necesitan alimentar su marketing político”. Un caso ilustrador le sucedió a Fernanda durante las inundaciones de Haras Trujui en julio de 2017. Moyano se contactó con la esposa del ex intendente Walter Festa, Romina Urigh, para pedirle provisiones para su merendero. Sin embargo, la visita no resultó satisfactoria: “Se bajó de una combi con 15 personas atrás y un fotógrafo. Calle de tierra, todo inundado y ella estaba en tacos aguja. Y sacaron una foto con ella agarrándome las manos y eso fue todo”, relata y añade: “Los políticos no saben ni los nombres de las calles de los barrios. Lo importante es conocer el terreno. Si lo conocés, te das cuenta de la situación en la que la gente está viviendo”.

Ferrario destaca que los encontronazos entre la organización y las autoridades municipales son frecuentes, sin importar el color partidario, y se deben a varios factores: “En principio hay falta de voluntad política. Otra cuestión es la falta de recursos en los municipios. En otras ocasiones se debe a que tienen otra visión sobre cuál es la solución al tema, cuál es la manera de mejorar la calidad de vida de esas familias”. El directivo de TECHO resalta que los diálogos más difíciles ocurren con los municipios de La Matanza, donde están la mayor cantidad de asentamientos informales en el GBA, y en Moreno, y agrega: “Poder alquilar de manera formal está plagado de requisitos que le hacen que un trabajador en negro y con un ingreso bajo es imposible. El Estado tendría que ser el que dirima esa situación y el que le otorgue una solución a las familias que están viviendo con muchas necesidades”.

Estas necesidades se vieron potenciadas a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Según datos del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, la inseguridad alimentaria alcanza al 32,1% de los argentinos, es decir 14 millones de personas. Esto representa un aumento del 13% en comparación con los datos del período 2014-2016. “En estos cuatro años de crisis económica grande, fue un deterioro de las situaciones sociales en los barrios, el crecimiento de la cantidad de familias en los propios barrios, aunque todavía no lo tenemos cuantificado. También, un aumento en la cantidad de comedores, el que tenía 20 pibes pasó a tener 50”, afirma Ferrario. Fernanda admite que al principio del mandato de Macri recibía 30 familias en su merendero, mientras que hacia el final de 2019, ese número aumentó a 300.

La renovación de las autoridades municipales genera expectativas cautelosas en Fernanda: “Hay un 50 por ciento de que haya mala onda con la nueva gestión y un 50 de que eso no pase. Espero que la nueva intendenta de Moreno, Mariel Fernández, no repita los errores de Walter Festa, a pesar de que pertenezcan al mismo partido”.

Ferrario aporta otro punto de vista de cara a la gestión futura ya que ve con buenos ojos la reciente creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat a nivel nacional: “Puede ser un  buen paso para darle una visión más integral a la problemática y buscar soluciones más de fondo”. Aunque, igual que Fernanda, es precavido: “Siempre todo cambio de gestión es una oportunidad y una amenaza a la vez. En este nuevo período será clave la lucha colectiva junto con otras organizaciones y barrios para poder gestionar políticas que sean positivas en la vida de la gente”.

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