Los choferes decidieron realizar un paro el mismo día en que se anunció la reducción de 11 de los 19 ramales. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. El lunes marcharán desde el Congreso a la Secretaría de Trabajo para evitar una nueva reducción del servicio.

Aún resonaba el impacto del fallo que condenó a cinco trabajadores de la línea 60 a dos años de prisión en suspenso por una medida de fuerza llevada adelante en 2015 cuando se dio a conocer la noticia: la Secretaría de Gestión de Transporte dictaba un nuevo recorte del servicio, que pasará de tener 19 ramales a tan sólo 8. Sucedió el pasado viernes 1 de noviembre e, inmediatamente, los trabajadores declararon el paro total de actividades. Esa misma noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y el servicio fue reanudado. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.

La resolución 152/2019 dictamina la reestructuración del trazado de la línea con el fin de adecuarlo “al diseño y necesidades actuales del sistema de transporte público” e implica la supresión de tres recorridos y distintas fusiones entre los restantes. El resultado es el siguiente: tan sólo dos ramales saldrán de Barracas -al sur de la Capital Federal- y llegarán hasta San Isidro y Rincón de Milberg, respectivamente, mientras que aquellos servicios provenientes de Escobar -en la zona norte del conurbano bonaerense- terminarán su trayecto en Barrancas de Belgrano y Plaza Italia. La línea 60, de esta manera, quedará partida en dos.

“Para hacer el recorrido completo, un pasajero deberá abonar dos pasajes en vez de uno, teniendo en cuenta que tampoco accede al beneficio de la tarjeta SUBE porque está dentro de la misma línea”, advierte Sebastián Menconi, delegado en la cabecera de Barracas, y agrega: “Además, por la fusión de los ramales, se está dejando a barrios enteros sin servicio en la zona norte. Barrios sobre todo humildes y de trabajadores como son la zona de Las Tunas o la de Los Troncos en Pacheco”.

La actual medida se ampara en los puntos esbozados a partir de la resolución 137/2018, también de la Secretaría de Gestión de Transporte, en la que se delinean los procedimientos para la modificación de los recorridos de las líneas de colectivo. En los considerandos, se hace hincapié en la necesidad de “generar mecanismos que permitan lograr mayor eficiencia en la gestión empresaria, a través de la búsqueda de la racionalidad, la adecuación de la oferta a la demanda, la disminución de los costos de explotación[…] sin que ello redunde negativamente en la calidad [de los servicios existentes]”. En el caso de la línea 60, se estaría priorizando el interés económico muy por encima del derecho de los usuarios.

En diferentes entrevistas, Julio Marcelo Pasciuto -presidente de MONSA, prestadora del servicio-, utilizó esos mismos argumentos para justificar la modificación en los trayectos: “lo que se trata de hacer —dijo— es adaptar los recorridos a la demanda. El viaje entre Escobar y Barracas dura tres horas y la verdad es que nadie lo hace”. También alegó que estos cambios traerían una mejora a los pasajeros “porque podrán hacer transbordo con otras líneas” y así ahorrar tiempo.

Héctor Cáceres -también delegado en Barracas- sostiene que, al contrario de lo que opina el presidente de la firma, la baja en la demanda se debe a la pauperización del servicio. “Antes los subsidios que venían desde el Estado eran por unidad de transporte. Ellos hacían abuso de esto no sacando los colectivos a laburar. Nosotros hicimos la denuncia ante el ente regulador y al Ministerio de Trabajo, porque eso nos iba a traer un perjuicio a la larga con la pérdida de pasajeros. De los 250.000 usuarios diarios que manejábamos, en este momento quedan un poco más de 90.000”, explica y prosigue: “Con este gobierno, cambió el sistema. El subsidio entra según la cantidad de boletos vendidos, que ya venían reduciéndose. Entonces, en vez de recuperar los pasajeros perdidos, lo que quieren hacer es seguir achicando aún más la línea”. En efecto, según los trabajadores, la frecuencia del servicio, que solía ser de un minuto en Capital, ahora es de entre 5 y 6 minutos.

En otra de sus declaraciones, Pasciuto se refirió a la necesidad de hacer “competitiva” la línea, ya que actualmente era “deficitaria”. Sin embargo, el grupo DOTA -propietaria de MONSA- adquirió en septiembre la ex-línea 165 y sigue afianzándose como el grupo empresarial más poderoso del Área Metropolitana de Buenos Aires en el transporte automotor de pasajeros, con el control del 46% de las líneas de colectivos.

En todas ellas, impone sus políticas de austeridad financiera. “Lo que ellos llaman ‘adaptar las líneas’, nosotros lo llamamos desguace. Es lo que ya vimos que hicieron en empresas como General Tomás Guido -líneas 25, 84, entre otras- y San Vicente -sur del conurbano bonaerense-, donde sacaron recorridos por completo y recortaron otros”, ejemplifica Menconi. 

Desde el arribo del grupo DOTA a la línea 60 en 2010, el personal se redujo de 1.450 trabajadores a poco más de 900. “Se fueron por jubilación o retiro voluntario y no repusieron esos choferes”, cuenta Menconi. Los empleados sostienen que el recorte de ramales recientemente anunciado podría implicar otro proceso de reducción, particularmente en la cabecera de Barracas, de la que empezarán a salir sólo dos servicios de los once que eran hasta ahora.

“Son funcionarios salientes, les quedan pocos días. No tienen autoridad como para definir esto en detrimento de miles de pasajeros”, denuncia Cáceres. Se refiere a Héctor Guillermo Krantzer, secretario de Gestión de Transporte, y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Ambos son los principales apuntados en los comunicados que divulgan los trabajadores de la línea 60: “Este gobierno, que acaba de perder las elecciones, aprovecha sus últimos días para arrasar con todo lo que pueda en beneficio de sus empresarios amigos. Desde el Cuerpo de Delegados manifestamos que no dudaremos en denunciar a Krantzer por mal desempeño en sus funciones”. Éste último es Ingeniero Civil con orientación en Transportes. En sus anteriores pasos por la función pública, se desempeñó como director de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA) durante la presidencia de Carlos Menem y como director general de Transporte en la Ciudad de Buenos Aires. 

“Nos vamos a mantener en estado de asamblea permanente para decidir entre todos los trabajadores los pasos a seguir. En los próximos días anunciaremos, una vez finalizada la conciliación obligatoria (finaliza el viernes 15), cuáles son las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante para defender la fuente laboral de las 300 familias que trabajan en la cabecera de Barracas y para mantener un servicio público de calidad”, finaliza Menconi.

Por lo pronto, este lunes 11 de noviembre a las 10, los trabajadores de la línea 60 marcharán desde el Congreso de la Nación a la Secretaría de Trabajo y para ello convocan a los empleados del transporte, usuarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas.