Cinco trabajadores de la Línea 60 fueron condenados por haber realizado una medida de fuerza que consistió en no cortar boletos. Los choferes denuncian que la sentencia busca disciplinar a todos los empleados mientras la empresa continúa recortando recorridos y fuentes laborales.

 

Los trabajadores de la Línea 60 en un acampe del conflicto del 2015, por el que fueron condenados.

El conflicto duró 42 días. Había comenzado un 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 dispusieron el no cobro de boletos a los pasajeros como medida de fuerza frente a la falta de diálogo con el grupo DOTA-MONSA, gerenciadora del servicio. Sucedió en 2015, durante las vísperas de la elección presidencial que tendría como ganador a Mauricio Macri. Cuatro años más tarde, el pasado 11 de agosto, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal dictó sentencia de dos años de prisión en suspenso a cinco trabajadores por lo sucedido en aquel entonces.

“Se busca que esto sirva de ejemplo para el resto de los trabajadores, diciendo que el que quiere llevar adelante una lucha para defender sus derechos puede correr con el riesgo de ser denunciado, procesado y tal vez hasta condenado, como estos compañeros”, explica Esteban Simonetta, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Las denuncias se habían presentado por presuntas amenazas coactivas y lesiones hacia otros empleados durante el conflicto. “La empresa tiene algunos empleados que son afines. Son contratados con permisos bastante flexibles y un trato diferencial en lo laboral, distinto al común de los demás trabajadores, para usarlos como rompehuelgas. A través de ellos, denunciaron en 2015 a estos cinco compañeros de la cabecera Barracas diciendo que los habían amenazado y golpeado”, agrega. Sin embargo, es imposible comprender la naturaleza del fallo sin tomar en cuenta el contexto en el que fueron presentadas estas denuncias. 

A mediados de 2015, el grupo DOTA-MONSA amenazó con realizar despidos masivos mediante la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que regula las indemnizaciones. La dirección aducía que, pagando los montos allí dispuestos, tenía la potestad para despedir a los trabajadores que creyera conveniente. “Argumentaban que había compañeros que eran enfermos crónicos, que pedían mucha ART. Nosotros dijimos que eso era discriminación y un cercenamiento al derecho a la enfermedad”, recuerda Simonetta. El quiebre se dio ante el despido de Ariel Benítez, chofer que había sufrido un accidente de tránsito y que sirvió como puntapié para aplicar el mecanismo de desvinculaciones pensado por la empresa. Además, los trabajadores venían reclamando, sin ser escuchados, por el pago de haberes adeudados, por la frecuencia del servicio y por las condiciones de seguridad e higiene. La respuesta fue el no cobro de boleto: “Veíamos que la empresa provocaba los conflictos y nos incitaba a que hagamos paro porque total ellos tienen la espalda económica para soportar los días que fueran necesarios. Entonces ya un par de años antes, habíamos puesto en marcha ese tipo de medidas de fuerza ”. 

El grupo DOTA decidió ir por todo. Al tercer día, implementó un lock out patronal, o sea, retiró al personal administrativo de las cabeceras paralizando así el funcionamiento de toda la línea. Al mismo tiempo, continuó con su lista de “enfermos crónicos” y envió 52 telegramas de despido.  Los trabajadores y sus familias sostuvieron la medida de fuerza, en un principio, ocupando las terminales. Luego decidieron directamente romper con el lock out y hacer circular los vehículos por su cuenta. 

Represión a los trabajadores de la Línea 60 durante el conflicto de 2015.

 

Con el correr de los días, la tensión siguió en aumento. Gracias a una orden de la fiscalía de Escobar, la empresa logró impedir la salida de unidades desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Más tarde, la jueza María Romilda Servini efectuó la orden de hacer lo mismo con la cabecera de Constitución junto a todo un despliegue policial alrededor del predio. Allí quedaron virtualmente “secuestrados” durante una decena de días 22 trabajadores que resistían el amedrentamiento de la empresa y el Poder Judicial. Según Esteban Simonetta, “lo justificaron  aduciendo amenazas falsas de los trabajadores, diciendo que la cabecera estaba tomada por personas ajenas a la empresa, que no sabían en qué condiciones se encontraban las personas acá adentro para manejar, que no teníamos registro, que había gente de rehén…, toda una serie de falsas denuncias que después se probó que no eran ciertas, porque tanto en Maschwitz como en Barracas vinieron los jueces, inspeccionaron y se corroboró que eran acusaciones falsas”.

El conflicto siguió entre idas y vueltas constantes, que incluyeron cortes en Puente La Noria, Saavedra y Panamericana con represión incluída, hasta que finalmente la intervención del Ministerio de Trabajo logró destrabar la situación. No obstante, varias de esas denuncias -que en su momento sirvieron al grupo empresarial para enfrentar a los trabajadores- siguen abiertas hasta hoy. “El cuerpo de delegados tiene un montón de causas. Están siendo procesados, pero todavía no tenemos fecha de juicio oral. También se denunció a 14 compañeros por el no cobro de boletos propiamente dicho”, continúa Simonetta. 

De ese caudal de denuncias proviene el fallo que condena a los cinco trabajadores de la Línea 60, cuatro de los cuales ya fueron despedidos. Al tratarse de una prisión en suspenso por dos años, permanecerán en libertad: “El objetivo es otro: buscan eliminar de cuajo cualquier intento de hacer nuevamente una medida como ésta, ya que nos permitió ponernos de igual a igual con la patronal. Además, es una condena que afecta a todo el conjunto de trabajadores porque vulnera la posibilidad de que puedan proteger sus propios derechos”, remarca. Por lo pronto, los trabajadores deberán aguardar a las instancias de apelación.

 

El transporte como negocio

 

El grupo DOTA es el mayor conglomerado empresarial del Área Metropolitana en el transporte de colectivos. Posee 180 de las 389 líneas, divididas en 67 empresas. Según la Auditoría General de la Nación, recibió entre 2014 y 2017 el 48% del total de subsidios otorgados al sector: 34.000 millones de pesos -sin tomar en cuenta la inflación-. También posee la concesionaria MegaCar -representante en el país de la terminal de utilitarios brasileña Agrale- y la carrocera TodoBus. El negocio, por lo tanto, es redondo.

En 2010, la operadora adquirió la Línea 60 -MONSA-. Casi automáticamente, redujo la cantidad de ramales de 24 a 12, mientras la nómina laboral pasó de 1.240 a 933 trabajadores. Este año se anunció la posibilidad del cierre de otros siete ramales y la decisión de partir la línea en dos: los servicios provenientes desde zona norte llegarían hasta Barracas, mientras que los de Capital Federal lo harían sólo hasta San Isidro. Así, por ejemplo, alguien que vive en Escobar debería hacer trasbordo dentro de la misma línea para llegar a Constitución.

Simonetta lo describe de la siguiente forma: “Es la concentración del mercado. Al haber abarcado tantas empresas, se superponen entre sí. La empresa busca reconvertir las trazas para hacerlas más competitivas y quitar los ramales más ociosos. Eso hace que incluso la línea pierda la entidad de servicio social, porque de llevarse a cabo esta reconversión se abandonarían lugares históricos del recorrido dejando a esa población sin colectivo”.

Tomar un servicio público como espacio de negocios tiene sus consecuencias. El 9 de septiembre de 2016, se le encargó a David Ramallo la reparación de un colectivo con un desperfecto eléctrico. Para ello, fue obligado a utilizar una rampa nueva sin habilitación que ya había sido denunciada por otros trabajadores. Al subir la unidad, cedió la contención, el micro cayó mientras Ramallo se encontraba debajo y le ocasionó la muerte. Hasta hoy, no hay ningún responsable por el hecho.

“Al ser un grupo tan poderoso, y que aspira a quedarse con todo el transporte en la Argentina, no le interesa respetar ni la Ley de Contratos de Trabajo, ni el Convenio Colectivo ni nada. Ellos vienen a implementar su política patronal y a querer enmarcar nuestro trabajo con sus propias reglas. Lo hacen en todas sus empresas, menos en ésta línea. Por eso están tan abocados a enfrentar esta Comisión Interna y a todos los trabajadores de la 60, para tener el camino allanado y seguir adelante contra las conquistas y los derechos de los trabajadores”, concluye Simonetta.

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