Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO

El domingo 13 de octubre sentó el antecedente de una lucha popular ecuatoriana que puso en jaque el avance neoliberal en América latina. Para Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) quedó demostrado que “es posible contrarrestar el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este suceso demostró que es posible decirle al FMI: de aquí no pasas, este territorio es soberano y este territorio decide qué política económica tener.”

Luego de 10 días de manifestaciones en las que el pueblo y las nacionalidades indígenas en articulación con estudiantes y trabajadores colmaron las calles, principalmente de Quito, en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno ese día se llegó a un acuerdo entre las partes que se realizó de manera televisiva y online. En esta noche ocurrió un hecho histórico: el repudiado decreto 883 fue derogado y se dio vuelta atrás al paquetazo neoliberal indicado por el Fondo Monetario Internacional.

El 1º de octubre, el Ejecutivo le habló al pueblo ecuatoriano a través de una cadena nacional en la que esgrimió las medidas antipopulares que se iban a llevar a cabo. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio del combustible, la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que vayan a ser renovados, la reducción del periodo de vacaciones de los empleados estatales de 30 a 15 días y la obligación de que los trabajadores de las empresas públicas aporten un día de salario a las arcas del Estado. “A su vez -comenta Décio Machado, consultor político especializado en Comunicación y Análisis Estratégico- había una serie de medidas laborales que significaban nuevas modalidades de contratación que en el fondo implicaban una flexibilización del mercado de trabajo privado. Todo esto justificado bajo el argumento de la necesidad de implementar un modelo acorde a los nuevos tiempos.” A su vez, explicó por qué todo detonó con la eliminación de los subsidios al combustible; “Se tenga o no vehículo, involucra a todas las familias: afecta el precio de los alimentos, los productos de primera necesidad, la inflación.”

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Ante estas nuevas políticas económicas, el 3 de octubre el sector de transportistas inició una serie de cortes de vías en todas las provincias a modo de protesta. Sin embargo, Chalán cuenta que “posteriormente llegaron a acuerdos con el gobierno nacional que indudablemente nos afectaban a las grandes mayorías: ellos aceptaron la subida del combustible a cambio de bonos para poder hacer cambios de llantas y del aumento de las tarifas del transporte público.” Por esta razón, el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya se había sumado a los reclamos de los transportistas, incrementó su descontento y la fuerza de los reclamos.

Las acciones fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los días. Al bloqueo de rutas -llegando a contabilizarse alrededor de 300 cortes simultáneos- se agregaron las tomas de gobernaciones a lo largo del país, la paralización de la actividad petrolera en las estaciones de bombeo y en más de 60 pozos petroleros en la Amazonía del norte. Luego, el 7 de octubre hubo un llamamiento a las bases del movimiento indígena para trasladarse a la ciudad de Quito, epicentro de la represión. “Se trasladó gente de norte y el del sur, pertenecientes a los pueblos Panzaleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela y Caranqui. El martes 8 de octubre llegaron a la capital ecuatoriana más de 12 mil personas de la estructura del movimiento indígena”, dijo a ANCCOM el activista Apawki Castro, vocero de la CONAIE.

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La respuesta del gobierno fue represiva y brutal. En este punto, Chalán dijo: “Nos dimos cuenta de que no estábamos actuando en contra del mismo Estado de hace 20 o 10 años. Este Estado es mucho más dotado, con más agresividad y más ejercicio de la fuerza sobre grupos de manifestantes, pueblos y nacionalidades, estudiantes y trabajadores. Entonces vemos que hay un incremento del aparato represivo bastante fuerte.”

Por otra parte, la Asamblea Nacional no sesionó durante los 13 días del paro nacional “manteniendo una actitud totalmente desalineada de los intereses populares”, según Andrés Tapia, el comunicador de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La población, entonces, decidió hacer una toma de estas instalaciones: lo realizó sin éxito el primero de los días y en el segundo, con una manifestación masiva con más 10 mil personas, rodeó a la Asamblea Nacional. Sobre el suceso, Chalán narró: “Un día fuimos a la Asamblea Nacional esperando poder hacer una toma simbólica y sin embargo sólo se dejó pasar a un número contado de compañeras. Posterior a eso, sin previo aviso, cuando había alrededor de 15 mil manifestantes en las cercanías de la Asamblea Nacional, la policía conjuntamente con las fuerzas armadas deciden disparar gas lacrimógeno de manera indiscriminada y exagerada a toda la población que se encontraba en ese momento comiendo.”

El saldo de la represión fue de diez  muertos, según información de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana. Todos manifestantes, entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente indígena de la CONAIE en Cotopaxi. Además, hubo 1.340 personas atendidas en hospitales por actos violentos -8 personas perdieron un ojo- y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, registró la detención de 1.330 personas.

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Ante las manifestaciones y el arribo del contingente de personas a Quito, el presidente Moreno decidió trasladar la sede gobierno de Quito a Guayaquil. Sin embargo, la represión continuó. “Hubo una afectación bastante fuerte del sector de la agroindustria -comenta Chalán- Las rocoleras y las florícolas ya se habían declarado en estado de emergencia. A su vez, al cortar las vías se impidió que la cadena productiva funcione y eso provoca desabastecimiento y encarecimiento. El fisco no percibía la renta petrolera ni ingresos provenientes del turismo y el riesgo país aumentaba. Entonces ya eran razones suficientes para que el gobierno nacional reflexione sobre lo que estaba haciendo y esto hizo que llamen a un acuerdo entre las partes.”

El movimiento indígena aceptó reunirse a debatir el decreto 883 con el gobierno poniendo como exigencia que este sea televisado para que pueda ser visto por todos los ecuatorianos. El gobierno dio conformidad: el debate se realizó el domingo 13 de octubre a la noche y la resolución fue retrotraer las medidas sobre el combustible.

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Para Décio Machado,esta mesa de negociación ha marcado un hito histórico: es una victoria de los movimientos populares, encabezados por el movimiento indígena en articulación con el feminismo y los estudiantes, contra medidas de carácter económico de perfil neoliberal impuestas por el FMI. Además, se visualiza una nueva etapa de dirigentes jóvenes que apuntan a un nuevo horizonte de lucha por la emancipación de los pueblos en el Ecuador.”

Chalán espera que este hecho anclado en Ecuador “sea una luz para toda latinoamérica y el mundo.” Además, que siente las bases para seguir reivindicando lo que desde hace años vienen haciendo desde el movimiento indígena: “La soberanía sobre nuestros territorios, la despenalización del aborto, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, el transporte comunitario, precios justos en la producción de leche y otras demandas que son bastante puntuales que tenemos dentro de nuestros territorios y que mejorarán la calidad de vida de nuestros compañeros.”

Por lo pronto, la siguiente acción del movimiento indígena fue enviar una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo empatía por los hechos ocurridos en el Ecuador y la culminación del hostigamiento económico que sufre el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que creará un nuevo decreto. Para Andrés Tapia, es urgente que en él se contemplen las demandas y necesidades populares. “Caso contrario, el pueblo continuará movilizado”, sentenció.

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