Para fin de año se espera que seis de cada diez chicos estén por debajo de la línea de pobreza. Pero no se trata solo de una cuestión económica:; tampoco tienen acceso a la salud, a la justicia, a la educación de calidad y sufren otras problemáticas no atendidas por el Estado como el embarazo no deseado.
Según UNICEF, el 70% de los embarazos de menores de 19 años no son intencionales.

Los datos del 2018 ya eran preocupantes: más de la mitad de los niños y adolescentes de Argentina vivían por debajo de la línea de pobreza. Según el Observatorio de la UCA, el 51,7% de los menores de edad no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas, y el 13% había pasado hambre en algún momento. A fines de septiembre, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer los índices respecto del primer semestre, y confirmó un panorama peor: la pobreza alcanzó al 35,4% de los habitantes de Argentina y, lo que es peor aún, al 52,6% de los menores de 15 años.

Lejos quedó aquella proclama que hoy parece ser una burla en la cara de quienes no les alcanza para vivir: “Pobreza cero”. Hoy, la realidad es muy distinta, y la niñez y la adolescencia son los sectores más golpeados. Y más invisibilizados.

A poco de cumplirse 30 años de la Convención de los Derechos del Niño -en nuestro país, ratificada con peso de ley-, y en vistas de las elecciones presidenciales, UNICEF difundió un informe centrado en la gran deuda con la niñez y la adolescencia: la pobreza. No entendida sólo desde lo económico, sino desde un enfoque multidimensional que incluye ingresos, salud, educación, acceso e, incluso, el ejercicio de sus derechos. Según el organismo, “las posibilidades que tiene un niño, niña o adolescente de ejercer sus derechos todavía depende del lugar donde nace y de las características socioeconómicas y laborales del hogar donde crece.”

El informe destaca “desafíos y recomendaciones para pensar respuestas desde la política pública” y entiende que la erradicación de la pobreza debe tener un lugar central en la agenda del próximo gobierno -si bien, durante el debate electoral, el tema fue apenas tratado por los candidatos-, a partir de la articulación de políticas a corto y largo plazo.

«Hay que restaurar el poder adquisitivo de la AUH por lo menos un 20%», opina Roxana Mazzola.

Roxana Mazzola, coordinadora académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas (FLACSO), sostiene que es necesario ordenar las prioridades políticas conforme a una agenda que priorice la infancia: «Lo que es central no es solo la medida puntual que se haga sobre la niñez en situación de pobreza, sino primero restaurar las condiciones laborales de la familia.»

Uno de los puntos principales a trabajar, según el informe de UNICEF, es el acceso al sistema de protección social. Al respecto, Mazzola considera que «hay que restaurar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y profundizarla en términos de derecho a la seguridad social en la infancia.» Y agrega: «La fórmula de actualización -modificada por la gestión de Cambiemos- hace que el monto esté muy por debajo del proceso inflacionario; hay que restaurarlo al menos en un 20% y revisar todo el sistema de asignaciones familiares de Argentina”. Además, considera que otro eje prioritario es el trabajo: «Los chicos no están sueltos, están en un entorno familiar, y ese entorno familiar en los últimos tiempos vio fuertemente deterioradas las condiciones laborales.”

Otro punto planteado por Mazzola es el derecho a la participación de la infancia y la adolescencia en el diseño de las políticas dirigidas a ellos. “Tienen que haber colectivos que sostengan las políticas en tanto son los que permiten, en procesos adversos, blindarlas para que no venga un cambio de gobierno y retoque los procesos. En el caso de la infancia hay que pensar en instancias de representación que, institucionalmente, están muy poco desarrolladas.”

En el caso particular de UNICEF, el organismo organizó uninforme en ocho puntos que, según los mismos niños, niñas y adolescentes, se constituyen como factores de pobreza. Para ellos, pobreza es no tener acceso al sistema de protección social; no acceder a un sistema de cuidados en la primera infancia; no contar con acceso universal a la educación inicial; ser adolescente y no acceder a la escuela, o hacerlo y no aprender; ser adolescente y enfrentar inequidades en el acceso a la salud; ser niño, niña o adolescente y sufrir malnutrición; sufrir violencia psíquica, psicológica o emocional; y ser adolescente y no acceder a un sistema de justicia inclusivo.

Todos estos puntos superan con creces una visión meramente economicista de la pobreza, para trabajarla como un complejo entramado que no sólo involucra a la infancia y la adolescencia, sino también a su entorno, al sistema educativo, al sistema de salud e, incluso, al sistema judicial -en un contexto político en el cual el Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría, se “cae en la educación pública” y la baja de edad de imputabilidad es una constante en boca de algunos funcionarios del gobierno. Como también sostiene Roxana Mazzola, el crecimiento de la pobreza es manifestación del crecimiento de un proceso de desigualdad en el país: “El reto es no mirar el nivel de pobreza que tiene la niñez y solo poner el foco en las carencias, sino pensar en qué genera esas carencias.”

Así como el acceso a la protección social es uno de los puntos fuertes del informe, desde UNICEF hacen hincapié también en la cuestión de la inequidad en el acceso a la salud, sobre todo en los adolescentes. Al respecto, Susana Checa, Sociologa especializada en políticas de salud e investigadora del Instituto de Investigación Gino Germani, sostiene que los programas y planes en salud para prevenir embarazos no deseados durante la adolescencia no se han aplicado de manera eficiente y sostenida durante la última gestión de gobierno: «Los embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años no han disminuido de manera significativa, a pesar del reciente Plan sobre Embarazos no Intencionales en la Adolescencia  (Plan ENIA). En la franja  adolescente de mayor vulnerabilidad, las menores de 14 años, no hubo un descenso. Estos son mayoritariamente embarazos producto de abusos sexuales en el entorno familiar o comunitario.” Según UNICEF, el 70% de los embarazos de menores de 19 años no son intencionales; y de ellos, 2500 son de niñas menores de 15.

Sobre las prioridades que debería tener el próximo gobierno, la investigadora considera que “una efectiva implementación de políticas públicas en el acceso a una anticoncepción moderna e informada; la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles escolares y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); la profundización y generalización de la excelente iniciativa de la provincia de Santa Fe de producir el misoprostol, -para acceder sin riesgos a la ILE-; y la progresiva implementación de la AUH, entre otras medidas, deberían impactar sobre estos indicadores tan preocupantes.”

La situación que viven más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Argentina -se estima que para fin de año, seis de cada diez chicos estarán en situación de pobreza- no es postergable. Los especialistas coinciden en que debe ser una prioridad del próximo gobierno, en tanto que durante la gestión actual poco se hizo al respecto. “Hubo una medida decidida del gobierno de dejar que eso pase, porque ninguna de las políticas económicas que implementó tendieron a una sensibilidad social. En ese sentido son como las Damas de Caridad: tengo el acto caritativo recién cuando veo que explota la sociedad”, sostiene Mazzola y agrega: “Y eso no es la política social, la política social es transformadora, te permite modificar cuestiones que tengan que ver con la desigualdad y no solo estar atendiendo en los márgenes a los que se están por caer del mapa. En la agenda que venga a futuro es central recuperar esa perspectiva de derechos. Hay que volver a centrar el sentido de la política social como herramienta de integración social”.

Por esto, y debido al progresivo deterioro de las condiciones de vida en la niñez y la adolescencia, para UNICEF es de urgencia “priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia.” En la misma línea opina  Checa: “En un país tan heterogéneo y desigual  como el nuestro, se hace necesario que el próximo gobierno sostenga y profundice este tipo de medidas y planes, junto con la implementación de medidas de carácter preventivo y asistencial, comprometiendo a las distintas instituciones educativas y de salud para disminuir significativamente estos indicadores.”

Porque, después de todo, como dijo Luisa Braumana, representante de UNICEF en Argentina: “Un país que le da la espalda a su infancia le da la espalda no solo a su presente, sino también a su futuro.”

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