A lo largo del gobierno de Cambiemos no sólo se desactivó la Ley de Medios. También se descontinuó la política satelital, se permitió la hiperconcentración, se desmanteló a los medio públicos y se desfinanció a los medios comunitarios.

A las pocas semanas del inicio del mandato actual gobierno, Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobado el 6 de abril de 2016, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078). En este contexto, el jefe de gabinete Marcos Peña sentenció: “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”. Pero ¿a qué periodismo hacía referencia el funcionario? Los especialistas en la comunicación detallan las abrumadoras consecuencias en materia comunicacional de las políticas por acción y por omisión del macrismo y cómo el periodismo al que apuntó favorecer desde sus inicios hasta hoy se encuentra vinculado directamente con los medios más concentrados.

Una política presidencialista

La política comunicacional de Cambiemos se caracterizó por el uso abusivo del dictamen de DNUs y resoluciones, obturando de esta manera el debate público a cambio de decisiones tomadas directamente desde el Ejecutivo. En este marco, a su vez, el nombrado DNU 267/2015 disolvió los entes regulatorios sectoriales Afsca y Aftic creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y conformó, en su reemplazo, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un ente dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Bernadette Calífano, Investigadora del CONICET, sostiene que la conformación del ente “contradice todos los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos” Y agregó: “Los miembros no requieren idoneidad en sus cargos, desaparece cierta representación federal, no es independiente, no tiene estabilidad en sus puestos y el presidente los puede remover por cualquier motivo y sin causa.”

Por otro lado, un acontecimiento de gran relevancia que denota el sesgo verticalista de la gestión oficialista fue la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual (creada con la Ley 26.522) por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización,  presidida por el senador Eduardo Costa en septiembre de 2018. Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es ex Director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los motivos que lo llevaron a dejar su cargo fueron “la política de censura, el hostigamiento personal, el malestar y la incertidumbre laboral.” En su puesto, Marino recibió la directiva de no poder dar entrevistas sobre el trabajo de la Defensoría y le ofrecieron la renovación de su contrato por un mes. A partir de la intervención se nombró a Emilio Jesús Alonso como defensor a cargo, un hombre del que no se le conocen antecedentes en el rubro. Desde este momento, relata Marino, la Defensoría tomó un nuevo rumbo pese a que venía funcionando con relativa normalidad: se dejaron de hacer capacitaciones y audiencias públicas o se dilataron los períodos entre una y otra de manera notable.

Hernán Lombardi fue la cara visible de la política de medios de Cambiemos.

La concentración como norma

En conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se modificó la Ley Argentina Digital. En este sentido, Calífano explicó que “el mismo decreto modificó el hecho de que la televisión por cable fuera considerada en vez de un servicio audiovisual, un servicio de TIC, es decir, pasó a ser considerada dentro de Argentina Digital. Eso implica que a la televisión por cable no se le pueden aplicar todas las restricciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el límite en la cantidad de licencias, el porcentaje que la ley establecía como tope de mercado, las cuotas de programación sobre contenidos, etc.”

Por otro lado, la fusión Cablevisión Holding-Telecom marcó un hito difícil de revertir en materia de concentración. Este hecho se explica dentro de un contexto de políticas que avalan y fomentan la acumulación sin límites y sin regulación equitativa. Al respecto, Diego Rossi, investigador en políticas y planificación de la comunicación de la UBA detalló: “En audiovisual básicamente desatendieron a la Televisión Digital Abierta y avalaron los movimientos de los prestadores de televisión por cable. Estos prestadores quisieron avanzar en otros servicios: básicamente Internet, porque telefonía móvil les resultaba complicado ya que es una gran inversión. Salvo para uno de esos prestadores que es Cablevisión Fibertel, el cual venía dando Internet y avanza con la megafusión después de hacerse de espacio radioeléctrico a partir de la compra de Nextel.”

Los noticieros televisivos del fin de semana de la TV Pública fueron eliminados.

Hacia una convergencia impostora

La ansiada y admirada convergencia no se hizo notar en estos cuatro años de gestión. Si bien Cambiemos alza la bandera de la convergencia como rumbo al que hay que llegar y, de hecho, creó una comisión para redactar una Ley de Comunicaciones Convergentes, los proyectos en esta materia se vieron congelados y sin avances.

En este sentido, la conectividad en las escuelas públicas es una cuenta pendiente. Mariela Baladrón, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que “Cambiemos hizo un acuerdo para desarrollar un programa de pisos tecnológicos con escuelas donde se había entregado un monto muy alto (600 millones de pesos) para la primera parte de un programa que se entregó a educ.ar. Sin embargo, Enacom finalmente tuvo que suspender ese programa porque nunca se rindió cuenta de qué tipo de implementación se hizo o cómo avanzó ese programa.”

Por otra parte, Baladrón nombró el caso emblemático del desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Este fue renombrado bajo la gestión macrista como Aprender Conectados y si bien las capacitaciones se mantuvieron en algunos casos, lo que marcó la diferencia fue la suspensión de la entrega de dispositivos. En este punto, la investigadora agregó que “en muchos lugares del país el único dispositivo de la familia era justamente la Netbook que se entregaba a los chicos que estaban en etapa escolar.”

Tras un fallo judicial, el gobierno debió reincorporar a los 354 trabajadores despdidos de Telam.

Soberanía satelital y medios públicos

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) posee actualmente dos satélites geo-estacionarios: ARSAT-1 y ARSAT-2. Pese a que hacia fines del 2015 estaba planeada la creación del tercer satélite ARSAT-3 –pensado para abarcar todo el continente americano-, esta se vio definitivamente suspendida bajo la dirección del ex titular de ARSAT Rodrigo de Loredo. Baladrón explicó que “con la nueva gestión se empezó a autorizar a operar satélites extranjeros que entraban en competencia con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y no sólo eso sino que empezaron a operar satélites que directamente prestaban los servicios para lo que se estaba pensando el ARSAT-3.” Y agregó: “Esto es una forma de discontinuar totalmente una política pública de soberanía satelital que se venía llevando adelante con una empresa satelital propia.”

En cuanto a los medios públicos, a partir de la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se sientan las bases para una concentración hacia el interior del Estado- Así,  distintos proyectos diferentes entre sí -Canal 7, Radio Nacional, Canal 12 de Trenque Lauquen, todos las emisoras que dependían del Ministerio de Educación y otros proyectos culturales como Tecnópolis, el CCK y demás- quedaron comprendidos bajo este nuevo espacio de carácter ministerial con sesgo presidencialista.

A su vez, los medios públicos han sufrido recortes presupuestarios extraordinarios. Según la Resolución 672/2019 el déficit operativo y financiero de la TV Pública y Radio Nacional para 2019 es de $3.860.773.784. Por otra parte, desde el inicio de la campaña, la agenda de los informativos viró hacia el oficialismo. “De los 880 cables publicados en la sección Política referidos a las elecciones generales, que la agencia [Télam] despachó desde el 7 de septiembre –inicio formal de la campaña- hasta el 7 de octubre, el 55% tiene como protagonista a algún referente de Juntos por el Cambio”, señaló Ezequiel Rivero, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la UNQ y licenciado en Comunicación de la UNC. A esto se agrega el despido masivo de 354 trabajadores al interior de la agencia a mediados de 2018 bajo la gestión de Hernán Lombardi, que gracias a la lucha sindical y gremial de los trabajadores logró retrotraerse. “También se anularon los informativos de la TV Pública los fines de semana y se restringió la programación de Radio Nacional que dejó de transmitir programación propia y retransmite ahora programación de Buenos Aires”, agregó la investigadora cordobesa Daniela Monje.

El olvido de los medios comunitarios y de la federalización

La comunicación como algo que no es estrictamente comercial recién existe en Argentina desde 2005 y se termina de formalizar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. “En este período, los medios cooperativos y comunitarios dependen mucho de los fondos del Estado para poder funcionar. Entonces, la política de dilación que tuvo el gobierno con la entrega, la convocatoria a concursos y el pago de los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual (FOMECA) generó en algún momento la asfixia financiera de muchos actores de este sector que se mantenían básicamente con fondos concursables del Estado”, explicó Rivero.

“Además –agregó- se da la paradoja de que le toca a este gobierno que denostó a la Ley Audiovisual y que ignoró durante buena parte de su gestión a las radios comunitarias, al sector cooperativo y demás, ser el que finalmente otorga las primeras licencias definitivas a un montón de medios en los últimos meses. Es casi como un acto de hipocresía porque lo hacen sin haber hecho antes un plan técnico de ordenamiento del espectro radioeléctrico.”

Por otro lado existe una deuda actual e histórica en cuanto al federalismo de las políticas comunicacionales en Argentina. Ana Müller es docente de las cátedras Comunicación Popular y Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta y se especializa en medios rurales. En diálogo con este medio nombró algunas de las dificultades que atraviesan las regiones que no son Buenos Aires. Muchos de los trámites y reclamos deben hacerse con domicilio en Buenos Aires y además tienen que iniciarse de manera virtual.

En este punto, Müller destaca un dato que recabaron desde el Relevamiento de Radios y Televisoras Comunitarias, Populares, Alternativas, Cooperativas y de Pueblos originarios de Argentina, realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP): “Hay un 10% de las radios y televisoras que actualmente en Argentina no tiene acceso a conectividad porque no existen redes en sus localidades o porque los costos son tan altos que es imposible acceder.” Y añadió: “Ningún ciudadano ni ciudadana de este país quiere solamente ser enunciado por medios de otros lugares que ni siquiera reconocen cuál es la situación de cada contexto. Todos queremos hablar con voz propia.”