Créditos a tasas muy bajas para sectores populares, obra pública intensiva, apertura de comedores todos los días. Esas son algunas medidas que plantean distintos referentes en política social para instrumentar de manera inmediata ante la agudización de la crisis.
Acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social por la Emergencia Alimentaria.

“En materia de ingresos, la pobreza habría subido un 35 por ciento en el primer semestre antes de las PASO. La movida financiera, la devaluación y el efecto inflacionario incrementaron el desempleo y el subempleo, reduciendo la capacidad de consumo en los sectores populares”, explica Agustín Salvia, director del ODSA e investigador CONICET. Para Salvia, la situación de emergencia económica, social y financiera durará hasta mediados del año que viene y se deberá aplicar un plan de estabilización. La pobreza se acrecentó en los últimos cuatro años y está entre las principales preocupaciones de la opinión pública. En tanto, el Congreso se apresta a aprobar la Emergencia Alimentaria.

En este contexto, Salvia propone dar refuerzos en materia de ingresos a los sectores más pobres mediante planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y agrega: “También deberíamos ampliar la capacidad de abastecer de alimentación a las escuelas, comedores y merenderos comunitarios y extender esos almuerzos a los fines de semana”. Y sostiene: “Hay que recuperar el fomento al empleo social que se perdió en estos dos últimos años a través de cooperativas, apuntando a la prestación de servicios a la propia comunidad”. Como objetivos a largo plazo, el director del ODSA sugiere hacer un plan de investigación y desarrollo y articular al sector formal con el informal: “Habrá que garantizar que, en un contexto de inversiones relativamente estable, los sectores más dinámicos como el agropecuario o el minero generen excedentes que se vuelquen subsidiariamente a la inversión en la pequeña y mediana empresa”.

Desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), sus miembros consideran a los sectores populares como un área esencial que ayudaría a una rápida reactivación de la economía. La investigadora Lorena Putero, integrante del CESO y especialista en Economía Social y Solidaria propone tres formas en las que esta perspectiva económica puede aportar a la causa: la producción de alimentos, la construcción de viviendas y el trabajo educativo. “La agricultura familiar es periurbana, por lo tanto, se necesitan políticas activas de asistencia en la logística, desde poner en funcionamiento y ayudar a organizar el sistema de transporte hasta subsidiar y acompañar por un tiempo la distribución de alimentos en las zonas urbanas”, afirma Putero. A su vez, ella esclarece que dicha producción de alimentos está en transición agroecológica, lo que quiere decir que tiene pocos productos químicos y usa menos insumos importados, favoreciendo a la salud de los argentinos.

La vivienda es una necesidad que el CESO detectó desde el censo 2010 al recoger datos de hacinamiento y falta de hogar. “Es un sector que rápidamente genera puestos de trabajo en una relación alta entre inversión de dinero y cantidad de puestos creados y satisface velozmente una carencia fundamental del pueblo”, argumenta Putero.

Imagen de la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires.

Una tercera medida para recuperar puestos de trabajo está ligada al sector educativo: “Se puede generar empleo de acompañamiento, de asistencia técnica desde el fortalecimiento de la cultura pero que sea territorial, que se haga en los barrios con gente de ahí y eso va a suscitar la distribución del ingreso”, plantea la especialista Putero. Las disposiciones sugeridas crearían más de 500 mil puestos de trabajo usando menos del 30 por ciento de las reservas del encaje bancario. “Con un uno por ciento del gasto público se podría solucionar el problema alimentario y además se originaría trabajo”, finaliza.

Para el diputado nacional, Daniel Arroyo, hoy existe un grave problema de hambre y malnutrición: “Hay cada vez más gente en los comedores comunitarios, más chicos que comen en las escuelas y menos raciones de comida, por eso lo principal es declarar la emergencia alimentaria”. Luego, en el mediano plazo, Arroyo alista algunas medidas para frenar la caída como la regulación de los productos de la canasta básica de alimentos, el armado de un esquema crediticio que apoye a los pequeños productores y el establecimiento de una ley de góndolas. “Otra forma de ayudar a los sectores populares es desendeudando a las familias, armar un sistema de crédito no bancario a tasa muy baja, del 2 o 3 por ciento anual, para máquinas y herramientas y que, por ejemplo, el carpintero pueda comprarse su sierra circular”, describe Arroyo. Y agrega: “Hay que cuidar a los sectores productivos donde trabajan mujeres y jóvenes. Tenemos casi un 30 por ciento de desocupación en los jóvenes. Por último, hacer obra pública con mano de obra intensiva, esto es mucha vereda, cordón, cuneta y vivienda social”. Arroyo considera que la reconstrucción de la Argentina va a llevar dos años aproximadamente: “El objetivo es mover el mercado interno, encender la economía, fortalecer el consumo y poner en marcha el mercado, de abajo hacia arriba, en el desarrollo local”, define.

“Acá no hay medidas transitorias para combatir la pobreza porque es pan para hoy y hambre para mañana, no alcanza con una ley de emergencia alimentaria”, dictamina Sergio Val, miembro fundador de la Fundación Che Pibe e integrante de la Mesa Nacional de la CTA. La organización social, ubicada en Villa Fiorito, se encarga de proteger los derechos de los niños, les da de comer y les brinda herramientas de higiene además de actividades de recreación. “Yo no le encuentro salida con estos gobernantes, hablo de los que están y los que van a venir. No hay grieta, ambos son distintas caras de una misma moneda. Los dos apuestan al saqueo y nos destruyen las economías regionales”, reflexiona Val, y añade: “Este pueblo no sabe dónde está parado, vota a su verdugo desde hace décadas. Necesitamos un gobierno de verdad, no un gerente de los intereses de otras latitudes”.

Che Pibe alberga a 600 niños, niñas y adolescentes por día. Si bien la alimentación es primordial, su proyecto es esencialmente educativo. “El Gobierno de la Ciudad hace dos años que no nos renueva el convenio para la atención de niños, que si no estuvieran acá estarían cartoneando con sus familias”, comenta Sergio Val.

Como solución ante la pobreza en constante ascenso, el referente social considera un cambio radical: “No veo salida sin una reforma agraria. Hace tiempo venimos trabajando en un proyecto llamado ‘La vuelta al campo’. No podemos tener como utopía urbanizar villas, tenemos un país y tenemos derecho a ese país, no al agujero podrido, inundable y contaminado del conurbano donde terminó nuestra gente por culpa de políticos inescrupulosos”.

En Villa Fiorito, 1 de cada 4 chicos tiene presencia de plomo en sangre. Su capacidad cognitiva se ve disminuida por la combinación de desnutrición y plondemia, que termina generando un retraso madurativo y dificultades en el desarrollo celular. “Somos el octavo país más grande del planeta y tenemos la quinta geografía con mejores condiciones para la agricultura del mundo. Un niño que muere de hambre en la Argentina es un niño asesinado”, ratifica Val.

“La pobreza nunca viene sola, viene con violencia, con jóvenes en conflicto con la ley, con problemas de vivienda. Para dar respuesta a problemáticas sociales complejas, con factores que interactúan y se potencian negativamente, la mirada y la intervención deben tener un carácter integral”, describe, por su parte,  Bibiana Travi, magíster en Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Moreno. Según Travi, un diseño interesante de política social desde lo teórico, metodológico e ideológico se diluye cuando llega a los barrios. Para evitar esta pérdida de consistencia, la investigadora propone emprender políticas globales. “Tienen que combinar territorialidad, construir con los actores sociales, interdisciplina, intersectorialidad entre distintos niveles del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y simultaneidad en la ejecución de las acciones. Las estrategias tienen que estar sincronizadas para que den resultados”, anuncia. La meta es combinar políticas universales con políticas de focalización que lleguen de forma particular a los sectores vulnerables. “Que los diagnósticos y las intervenciones sociales no sólo atiendan lo económico, que es fundamental, sino también los aspectos que tienen que ver con lo cultural”, concluye la especialista.