En el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo se conmemoró la visita de la CIDH de 1979.
“Hoy estamos aquí para hacer memoria y recordar que, gracias al coraje de las organizaciones de derechos humanos, y especialmente Familiares y Abuelas, las palabras de Hamlet se harán realidad: los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte”, declaró Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al final de su discurso en el panel que discutió “Los impactos históricos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los nuevos desafíos en el contexto regional actual”.
El auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo en el predio de ex ESMA estaba lleno. Las escaleras se usaban como asientos y en los laterales, donde se ubicó la prensa, no había lugar para caminar. Los integrantes de la CIDH que viajaron para conmemorar la histórica visita a la Argentina en 1979 hablaron con organizaciones sociales y escucharon sus demandas, mientras recuperaban la historia de la Comisión y revelaban cómo fue el proceso que posibilitó su llegada en plena dictadura.
Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue el gran impulsor de esa visita de la CIDH, desde que en 1976 secuestraron a Mónica, su hija de 24 años. A partir de allí, Mignone, que había trabajado en la Organización de los Estados Americanos, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la falta de respuestas de las autoridades locales. “Como Mignone, otros comenzaron a presentar denuncias ante la Comisión y para mediados de 1978 ya se tenía información suficiente como para hacer un informe desde Washington”, reveló Urrejola. Sin embargo, los comisionados advirtieron que una visita en el país tendría mayor impacto. Fue gracias a las presiones conjuntas de las organizaciones de derechos humanos y la administración norteamericana que se pudo obligar al gobierno argentino a formalizar una visita.
Finalmente, un 6 de septiembre de hace cuarenta años, arribó la Comisión Interamericana a la Argentina. Permaneció catorce días realizando actividades en el terreno, entre las que se destacaron las entrevistas y audiencias con autoridades, entidades y representantes de los distintos sectores. Se visitaron centros penitenciarios, centros clandestinos de detención y tortura y fueron recibidas miles de denuncias por violación de derechos. “La colaboración de la sociedad civil fue fundamental para realizar el informe”, resaltó Urrejola. Sin embargo, los comisionados bajaron del avión en un momento particular del país. El mismo día de su llegada, un diario anunciaba victorioso el triunfo de la Selección Juvenil de Fútbol ante la Unión Soviética en el Mundial de Tokio, con un gol de Diego Maradona. Jorge Rafael Videla se mostró exultante en el balcón presidencial unos minutos antes de su reunión con los miembros de la Comisión que, por otro lado, fueron recibidos por una lluvia de papelitos que tenían impresa la leyenda “los argentinos somos derechos y humanos”.
“La colaboración de la sociedad civil fue fundamental para realizar el informe de la CIDH”, resaltó Urrejola.
Al final de la visita de la CIDH, se le entregó a Videla un documento preliminar en el que se concluyó que las desapariciones constituían uno de los fenómenos más graves de violación a los derechos humanos. A partir de ahí, se comenzó con la elaboración del informe que se presentó en abril de 1980. En él se hizo énfasis en los delitos que violaban los derechos humanos durante 1975-1979: asesinatos ejecutados por personas vinculadas a organismos de seguridad del gobierno, detenciones absolutamente indiscriminadas y arbitrarias, torturas inhumanas y degradantes, violación reiterada al derecho a la justicia y obstáculos injustificados a las organizaciones de derechos humanos para que no pudieran ejercer su labor. “El informe, como ocurre con todas las dictaduras y líderes autoritarios, fue rechazado por la junta militar”, siguió Urrejola. Su respuesta fue emitir su propio informe que hablaba de las víctimas del terrorismo. De todas formas, Mignone y otros compañeros, viajaron a Washington y trajeron 500 ejemplares del informe para distribuirlos clandestinamente en el país, a riesgo de sus propias vidas. Recién el 1984 el CELS lo publicó legalmente bajo el título de “El informe prohibido”. La visita instaló en los medios la palabra desaparecido. El silencio y la negación impuesta por la dictadura estaba cediendo y el informe fue un golpe durísimo para su credibilidad internacional.
Víctor Abramovich, procurador ante la Corte y ex comisionado, destacó el impacto que tuvo la visita no sólo para la Argentina, sino para la misma Comisión. A partir de ese momento se marcó la importancia del mecanismo de presencia en el territorio y el registro de casos. “Este modelo se puso en duda en los 90 porque la mayoría de los países estaban en democracia, pero las organizaciones de la sociedad civil resistieron el proceso alegando que, aunque había democracias, existían prácticas de violencia institucionales graves, que sumadas al déficit en las democracias constitucionales como son los grandes niveles de desigualdad económica y social y los procesos de exclusión, reproducen grave violaciones estructurales a los derechos humanos”, relató.
Carlotto fue una de las representantes de organismos de derechos humanos que presenció el homenaje a la CIDH.
El trabajo de la Comisión se hace necesario y útil en todo tiempo. La CIDH es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que la tiene como principal brazo junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su función es preservar los derechos humanos en América, examinando las peticiones individuales que, según establece su página web, “pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados” en los tratados interamericanos de derechos humanos. “La Comisión debe seguir autónoma, independiente y rigurosa”, declaró Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. Y recalcó: “No permitiremos ningún retroceso a lo que ya conquistamos. Es nuestro mensaje de respaldo para la sociedad”.
De parte de las organizaciones sociales que estuvieron presentes, las alusiones a la situación actual del país no tardaron en llegar. Primero de parte de Alfredo Ayala, sobreviviente de la ESMA, que denunció desde su lugar como dirigente del Movimiento Villero. “Nos están matando todos los días; por nuestras caras y nuestra pobreza, que nos dejan ellos al sacarnos el trabajo, los derechos y la dignidad”, declaró conmovido. Después, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en conversación con ANCCOM, detalló casos puntuales. “Hace pocos días en Chubut golpearon a docentes e intentaron instalar que fue un grupo de trabajadores. La idea es hacernos creer que la pelea es entre trabajadores, entre pobres”, enfatizó. La llegada de la Comisión hoy, según Cortiñas, es también la esperanza de denunciar los actos que el Gobierno pretende ocultar.
“Hemos sido víctimas de persecución mediática judicial, ahogo financiero que devino en pérdida de autonomía, ingreso de fuerzas de seguridad sin autorización de las autoridades de las casas de estudios, etcétera”, denunció Federico Thea, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. “Es un ataque contra la autonomía de la universidad y lo que hacemos en ella, que tiene que ver con una política de memoria, verdad y justicia”, enfatizó. Por otro lado, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, puso el foco sobre los derechos violados en tiempos de constitucionalidad, como el derecho a la alimentación, a la educación, a la niñez y los derechos conquistados para los jubilados que se fueron cercenando. “Además, la persecución política a los que tienen una voz contraria al gobierno también es una violación a los derechos. Quizá el neoliberalismo, que pretendió ir contra el comunismo, está yendo también contra la democracia”, finalizó su intervención.
Por otro lado, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, hizo especial hincapié en los mecanismos utilizados por el gobierno para crear un enemigo interno, que él ejemplificó con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y también agradeció el trabajo del CELS en calificar los derechos de los trabajadores como derechos humanos. También tomaron la palabra los familiares de los muertos en el ARA San Juan, la hermana de Diana Sacayán, la activista LGTB asesinada, entre otros familiares de víctimas de violencias institucionales.
Sergio Maldonado anunció la reapertura de la causa que investiga la muerte de su hermano.
Uno de los últimos en hablar fue Sergio Maldonado, que se había enterado esa misma mañana sobre la reapertura del caso de Santiago como posible desaparición forzada de persona. “La visita de ustedes en ese momento dio la posibilidad de dar otra batalla a la impunidad. La similitud con ahora es que un gobierno democrático utiliza las mismas prácticas”, declaró. Había pedido, desde febrero, que se revise la carátula del caso y recién ahora esto se cumplió. “Quedó demostrado que este gobierno no actúa imparcialmente, sino según un plan”, aseguró. Aprovechó la presencia de la Comisión para hacerle un pedido oficial: la creación de un equipo de expertos independientes que garanticen las investigaciones en estos casos.
Con respecto a las preocupaciones actuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola confirmó a ANCCOM que en Argentina no están haciendo un monitoreo específico, y que la vista al presidente Mauricio Macri sólo está en el marco de lo protocolar, sin agenda. Por otro lado, habló de otras problemáticas en la región que los alarmaba, sobre todo en Nicaragua, Venezuela, Colombia (a causa de recurrentes asesinatos a defensores de derechos humanos) y Brasil. “Estamos en una situación muy preocupante donde hay muchos discursos de odio y estigmatización a distintos grupos vulnerables como los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente, las mujeres y la población LGBTI. Al final del día, estos discursos justifican la violación de los derechos humanos”, enfatizó. Al mismo tiempo, el aumento de las políticas de mano dura en materia de seguridad ciudadana y la militarización de las fuerzas de seguridad son otros de los grandes temas que miran con preocupación.
De cara a lo inmediato, Urrejola reveló que trabajarán con Memoria Abierta para digitalizar y sistematizar los archivos de la visita de la CIDH para que queden a disposición de víctimas, familiares, organizaciones y toda la sociedad argentina y así, finalmente, se pueda hacer pública la verdad.