La Coalición por una Comunicación Democrática presentó ante la Cámara de Diputados una serie de propuestas para poner en agenda la importancia del desarrollo de políticas comunicacionales que promuevan prácticas democráticas. Distintos integrantes de ese espacio analizan la política macrista sobre el área.

La Coalición por una Comunicación Democrática no da el brazo a torcer. Ayer presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una nueva serie de propuestas “para construir la comunicación que viene”. “Son aportes para sostener los valores de la diversidad y el pluralismo -sostiene Diego Rossi, profesor adjunto en Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-. Se trata de garantizar el acceso a la información y los derechos de la ciudadanía a recibir, producir y difundir contenidos.”

Conformada por una pluralidad de actores -universidades, sindicatos y centrales obreras, pequeñas y medianas empresas de comunicación, radios y televisoras comunitarias, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas y productores- desde 2004 alza la voz para defender a la comunicación concebida como un derecho. “Estamos preocupados -agrega Rossi- por recuperar la capacidad productiva y la potencia de Argentina en el campo audiovisual, por disponer medios públicos que realmente sean federales y que reflejen la diversidad de opiniones y de miradas culturales. Nos interesa que el próximo gobierno regule formas que preserven la intimidad de las personas, su capacidad de ser productores de contenido, la posibilidad de elegir y de tener precios justos y razonables.”

Daniela Monje, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso la propuesta en contexto: “La idea fundamental de la Coalición desde su inicio y hasta el momento es que hay una perspectiva de derechos humanos que está de alguna manera ligando todas las propuestas que se hacen. Entendemos a la comunicación como un derecho humano, en el marco de lo que el derecho público internacional ha nombrado como libertad de expresión”, dice .

En el 2004, con el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, la Coalición por una Comunicación Democrática marcó su primer antecedente con incidencia en la política argentina: se presentaron los 21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Sin embargo, el proyecto quedó en curso hasta ser retomado en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. El debate plural y federal sobre ese documentó sentó las bases para el armado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promulgada en 2009, en reemplazo de la Ley de Radiodifusión (22.285), dictada en 1980, durante la última dictadura militar.

Sobre la Ley 26.522 en materia de derechos y democratización, Larisa Kejval, secretaria académica de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA),  investigadora y militante por la comunicación comunitaria, destaca: “La ley no sólo es una ley de carácter democrático porque reconoce a los medios sin fines de lucro como uno de los operadores del servicio de comunicación audiovisual, no sólo porque genera políticas de fomento para este sector sino también por otras cuestiones que me parecen centrales y que son las que han sido puntualmente atacadas a partir del gobierno de Mauricio Macri. Esto es: una ley que además ponía límites claramente a la concentración mediática, construía órganos de diseño, control y aplicación de políticas públicas federales, multisectoriales y participativos con distintas representaciones que promovían también la producción nacional y federal.”

A pesar del esfuerzo y el terreno ganado por la Coalición, con la llegada de la política macrista y, en particular, del Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, hubo una serie de modificaciones en materia de política comunicacional que perjudicaron a los medios pequeños y medianos de comunicación. “La política de Cambiemos ha sido desde sus inicios una política que caracterizaría como regresiva y, a su vez, asimétrica en función de los grandes jugadores.”, declara Monje.

Por su parte, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en diálogo con ANCCOM recuerda: “Este gobierno cuando asumió lo primero que hizo fue desguazar mediante los decretos de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, se llevaron puesta nuestra capacidad de participación en los organismos de aplicación de la ley. Ahí teníamos el Consejo Federal, el Directorio de la AFSCA, lugares donde estábamos representados los medios comunitarios, educativos, los medios de pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación. Fue sustituido el AFSCA por el Enacom y fueron quitados los topes que impedían la concentración mediática, facilitando así meganegocios como la fusión de Clarín y Telecom.”

Este marco de políticas trajo un panorama de especial dificultad para los medios populares, comunitarios y alternativos. Natalia Vinelli es docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y dirige el canal Barricada TV. En relación a la incidencia de la política de Cambiemos sobre los medios comunitarios expresa que la situación “se complejizó muchísimo. No hubo llamados a concurso para televisión, por ejemplo. Los fondos del fomento concursable, que son becas que venían funcionando, se ralentizaron enormemente. La subejecución creció y la deuda que el Estado mantiene con el sector es de más de mil millones de pesos. Así se hace muy difícil la sostenibilidad de los medios de comunicación. Es un escenario de gran dificultad para poder funcionar como verdaderas opciones en un sistema de medios que es cada vez más concentrado.”

Además de los problemas acarreados en razón de política pública, la democratización de la comunicación se vio afectada por políticas de otra índole. Al respecto, Kejval nombra las persecuciones a reporteros gráficos durante movilizaciones sociales en los últimos años y Antonini remarcó la repercusión de las políticas económicas: “Impactan los tarifazos de la luz, por ejemplo. O la recesión: es muy importante la incidencia que tienen en las radios los comerciantes o las organizaciones locales, que en general son nuestros auspiciantes.”

A partir de las políticas regresivas en comunicación del actual gobierno, la Coalición presentó en 2016 una actualización de los 21 Puntos y continuaron con la lucha por el derecho a la comunicación y condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, la situación en la cual se ven inmersos en la actualidad dista ampliamente de ser un escenario propicio para el desarrollo de una comunicación democrática.

Con esperanza en que las nuevas propuestas vayas a ser tenidas en cuenta y, sobre todo, consciente de la fuerza que presenta la unidad de medios sin fines de lucro, comunitarios y alternativos, Kejval deja un mensaje de aliento sobre la presentación del documento: “Lo que estamos haciendo es precisamente no bajar las banderas de la Coalición por una Comunicación Democrática sino todo lo contrario: seguir sosteniéndolas bien firmes porque creemos que las políticas del próximo gobierno nacional tienen que estar encaminadas a restituir los derechos comunicacionales que han sido vulnerados en los últimos cuatro años.”