“Muchos creen que ser inclusivo es poner un intérprete en lengua de señas, pero eso no es todo”, aclara Mottini.

“Si vivís situaciones de violencia llamá al 144 o buscá algún centro de atención cercano”, suelen enunciar carteles en subtes, trenes y avenidas. Sin embargo, actualmente el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no contempla la recepción de denuncias de personas sordas. “El mundo está planteado de una forma que las deja afuera, porque estamos mirando con unos anteojos que sólo nos dejan ver a las mujeres que son iguales entre sí”, explica Ester Mancera, psicóloga social y coordinadora del programa Sordas sin Violencia.

Este espacio, creado por la Asociación Civil Enlaces Territoriales y la Equidad de Género y la Fundación Fundasor (Fundación de Padres y Familiares de Personas Sordas para su Integración), está conformado por el primer equipo de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres hipoacúsicas víctimas de violencia de género en toda la región. “Ester y yo veníamos trabajando sobre el tema hace más de 20 años, pero sólo con oyentes. Este era un nicho vacío que ni nosotras mismas registrábamos al principio”, continúa Elisa Mottini, trabajadora social y responsable del Área Salud-Género de la fundación.

La ruta crítica que atraviesan las víctimas de violencia es particularmente dificultosa para las mujeres sordas, ya que también deben enfrentarse a múltiples violencias institucionales cotidianamente. Además de las obvias limitaciones para la comunicación telefónica, los organismos públicos no cuentan con intérpretes de lengua de señas ni con ninguna otra herramienta para poder entenderlas. Así, se dificulta la posibilidad de que hagan una denuncia libremente o puedan pedir asistencia.

La iniciativa de Sordas sin Violencia busca paliar esta exclusión estructural. Desde el nombre y los flyers hasta la página web, todo es discutido y diseñado en conjunto con las víctimas. “Nuestra tarea implica un trabajo de deconstrucción de nuestra mirada para empezar a comprender la suya”, plantea Mottini. “Nosotros hacemos el mismo proceso de acompañamiento que se lleva adelante con una mujer oyente, pero valorizando la necesidad de que se respete la cultura sorda.”

Por este motivo, el primer contacto con las mujeres que recurren a ellas siempre es a través de una compañera sorda. “Muchos creen que ser inclusivo es poner un intérprete en lengua de señas, pero eso no es todo”, aclara Mottini. “Es necesario un conocimiento de todas las violencias que atraviesan la historia de una persona.” Asimismo, cualquier intervención requiere el doble de tiempo que con una persona oyente, especialmente debido a la falta de acceso a la información que padecen. En muchos casos, no pueden comprender los discursos y campañas que circulan en la televisión y en los diarios; pero, además, hay muchos términos –como género o patriarcado – para los que recién ahora se están creando señas. “Como son palabras que no escucharon nunca, no las pudieron apropiar”, agrega.

Estas limitaciones idiomáticas ocasionan que, en general, asocien la violencia únicamente con la pelea física. Por este motivo, este equipo de profesionales apunta a ayudarlas a conocer y exigir sus derechos. La mayoría de las mujeres que pudieron realizar una consulta hospitalaria en el marco de este programa nunca se había hecho un pap ni había tenido acceso a un método anticonceptivo. En el resto de los casos, las experiencias en hospitales habían sido invasivas y mecánicas. “No sabían ni qué les hacían. Un médico las acostaba en la camilla y les hacía abrir las piernas, pero al no contar con una mediadora, no les podía explicar el procedimiento”, relata Mancera.

Tanto la psicóloga como la trabajadora social denuncian una gran infantilización al interior de las familias de las mujeres sordas. “Muchos les sacan su pensión por discapacidad porque creen que no pueden manejarla”, ejemplifican. A su vez, resaltan que hay muy pocos profesionales sordos debido a que la educación no es accesible para ellos. Si bien hay ciertas facilidades en el caso de la primaria y la secundaria, aquellos que deseen seguir estudios terciarios necesitan tener suficientes recursos para contratar a un intérprete que haga la carrera con ellos. Aunque la universidad pública debería garantizarles esta facilidad, actualmente no se cumple esta ley.

En el plazo de tres años y de forma voluntaria, Sordas sin Violencia ya ha ayudado a alrededor de cien mujeres. En retrospectiva, ambas coinciden en que el proceso detrás fue un camino de aprendizaje mutuo. “Entendimos que es necesario incluir a las personas sordas en todas las instancias. Son ellas las que tienen que decir cómo necesitan ser atendidas”, reflexiona Mottini.

No obstante, no sucede lo mismo a nivel gubernamental. Si bien el equipo se ha acercado con propuestas a distintas instituciones, aún no hay ninguna política pública que apunte a desarrollar servicios de asistencia accesible. “Algunas instancias son más permeables y responden a nuestros planteos, pero no más que eso. Muchos nos convocan para preguntarnos cuál es nuestro método, pero cuando les explicamos cómo hay que trabajar, se complica”, detalla la trabajadora social.

En ese sentido, las especialistas subrayan la necesidad de que el Estado empiece a tener en cuenta a las personas sordas para la elaboración de medidas que puedan mejorar su calidad de vida. “No se está respetando la igualdad de derechos. Siempre se argumenta que no hay presupuesto para poner intérpretes en todos lados. ‘Además, ¿cuántas sordas habrá?’, te dicen. Y ni siquiera se sabe, porque nunca se incluyó en el censo”, concluyen.

Si sos víctima de violencia podés comunicarte a https://www.sordassinviolencia.com/

Por SMS y whatsapp al 1172873691 o por mail a sordassinviolencia@gmail.com