«No hay una política ambiental clara que se articule con el resto de las políticas nacionales”, remarca Girardin.
Incumplimiento de la Ley de Bosques. Débiles resultados de la aplicación de las metas de “basura cero” en la ciudad de Buenos Aires. Megaminería sin control. Parques nacionales expuestos a fines diferentes al de la conservación de la flora y fauna. Contaminación de los principales ríos del país. Esos son los señalamientos que organizaciones ecologistas marcan respecto a cómo fue la política ambiental de Cambiemos, tanto en la Nación como en la Capital. Como denuncia Leónidas Girardin, director del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche: “La política ambiental de este gobierno es una mezcla de marketing y oportunidad de negocios, como energías renovables, mega minería, modelo agrícola, hidrocarburos no convencionales, litio, etcétera, orientada a una reestructuración de la economía argentina como proveedora de materias primas y energía, más que ocuparse de la centralidad de los problemas concretos de la población”.
Cuando asumió la presidencia, Mauricio Macri designó al rabino Sergio Bergman como ministro de Medio Ambiente, en un intento por darle visibilidad a esa cartera. Sin embargo, en 2018,esa dependencia bajó al rango de Secretaría. En uno y otro caso, las políticas se mantuvieron igual de erráticas. “No alcanza con llevar la Secretaría a Ministerio, y después devolverla a Secretaría, si no hay una política ambiental clara que se articule con el resto de las políticas nacionales”, remarca Girardin.
¿Basura cero?
La gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los principales problemas ambientales de las grandes ciudades. Girardin, que es Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, considera: “En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el relleno sanitario de Norte III de la CEAMSE es el área que recibe más toneladas de residuos en Sudamérica. No sólo hay una serie de problemas socio-ambientales ligados a la gestión de residuos (potencial contaminación de agua, aire y suelo, problemas con el uso del suelo, salud pública, condiciones de vida de las personas que sobreviven con su recuperación), sino que también es una fuente de negocios muy importante, de la cual no estuvieron ajenas las empresas pertenecientes a la familia del actual presidente”.
De igual modo, asegura que la Ley de Basura Cero, ya dentro de la jurisdicción porteña, fue incumplida sistemáticamente por el gobierno local. Sobre ese punto, desde Greenpeace, afirman: “El PRO gobierna la ciudad desde 2007, año en que fue reglamentada la ley. No hay excusas para haber reducido sólo un 26% los residuos enterrados cuando la reducción debería haber sido del 75% para 2018. En cuatro años, el gobierno festejará y anunciará con bombos y platillos su triunfo en la reducción, pero se tratará de un engaño ya que no se ha hecho nada para resolver seriamente este problema”.
Las aguas bajan turbias
Si hablamos de contaminación de ríos, el Riachuelo es uno de los mayores ejemplos en nuestro país. Greenpeace recuerda que “en 2008, la Corte Suprema de Justicia, a través del histórico fallo Mendoza, determinó que era responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) su saneamiento. Como parte del plan de limpieza, debía trabajar en recomponer el ambiente (suelo, aire y agua), mejorar la calidad de vida y prevenir el daño con suficiente y razonable grado de predicción. Pero, luego de 11 años del fallo, sólo se cumplió un 20% del plan de saneamiento que requirió una inversión de 5.200.000.000 de dólares”. Además, la organización ambientalista reclama la correcta aplicación del fallo y el “vertido cero” de parte de las empresas que arrojan químicos en el Riachuelo.
Ante los problemas de contaminación ambientan en el país, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), declara: “No existe un proyecto nacional para frenar la contaminación de los ríos, solo existen proyectos puntuales por áreas determinadas, como lo es el Riachuelo”. Agrega que las obras en la Cuencia del Río Salí-Dulce, que recorre Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, “no han tenido continuidad” y que, respecto al Reconquista, que atraviesa el oeste y norte del Conurbano, “prácticamente no se ha logrado nada”.
Megaminería
Entre los principales problemas ambientales se encuentran los efectos nocivos de la actividad minera a gran escala. La práctica en nuestro país genera graves impactos entre los que están la contaminación del aire y agua; la utilización de sustancias peligrosas y tóxicas, como el cianuro; la destrucción de posibles áreas cultivables; el movimiento de inmensas cantidades de roca y polvo; el daño en la flora y fauna del lugar; y el consumo de grandes cantidades de agua y la generación de toneladas de desechos.
Silvana Buján, directora de Bios Argentina, manifiesta: “La cordillera y la pre-cordillera son las zonas más comprometidas con la minería hidrotóxica a cielo abierto. Esto implica el uso de agua en enormes volúmenes en zonas en las cuales es un bien escaso. También, el uso de cianuro o ácido sulfúrico (dependiendo de qué tipo de mineral se busque extraer) es inevitablemente contaminante”.
Asimismo, Greenpeace, asegura: “En nuestro país, existe el caso de la mina Veladero, en San Juan, que opera sobre glaciares protegidos por una ley nacional, sancionada en 2010. Veladero está activa en clara violación a la normativa. Además, ha provocado varios derrames de cianuro y metales pesados, y contaminado de ese modo a cinco ríos de la provincia.”
En la Argentina, hay mineras que actúan por fuera de la Ley de Glaciares.
Parques o negocios
Si bien ha aumentado la cantidad de áreas protegidas, el Decreto 368/19, promulgado en mayo, le quita a la Administración de Parques Nacionales (APN) la facultad de autorizar o no construcciones turísticas dentro de los parques para otorgarle esa función a la Secretaría de Ambiente de Nación. De esta manera, se corre el riesgo de favorecer intereses económicos particulares en desmedro de las actividades de conservación de las áreas protegidas. Desde Bios Argentina, Buján explica: “Hay un excelente equipo en APN que hace lo que en sus limitados presupuestos y reducción de personal, puede hacer. Aunque, en estos momentos, un peligro pende sobre ellos ya que se traspasa la decisión de qué hacer o no hacer en un Parque Nacional omitiendo los 117 años de gestión que tienen los Parques Nacionales”. Por su parte, Mariano Tortarolo, Técnico Ambiental de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná y jefe de guardaparques de ese organismo, suma: “Es fundamental que se regule y aumente su presupuesto, puesto que, son los custodios de los mayores valores que tiene una Nación.”
Pérdida de bosques
La Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida comúnmente como Ley de Bosques, fue una respuesta a la emergencia forestal que atraviesa Argentina, quien tenía los índices más altos de deforestación. Por presión de la sociedad civil, el Congreso Nacional aprobó la normativa para frenar la deforestación. Se estima, según datos de informes de la Secretaría de Ambiente, que se redujo un 20% la deforestación ilegal, aunque todavía persiste.
Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN, argumenta: “Se puede ver que el Estado no está cumpliendo con el deber de los porcentajes que se indican en la ley y con todas las acciones que sean tanto de conservación o uso sostenible, como el combate a la deforestación ilegal. Hay que aclarar que la Ley de Bosques no prohíbe la deforestación sino que solamente la regula”. Mariano Tortarolo agrega: “Sin lugar a dudas la principal problemática es el desmonte. Argentina fue señalada a finales del 2018 como uno de los 10 países que más desmontes ha tenido, siendo las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco quienes más han incurrido en la práctica de desmonte para «fomentar» o «hacer lugar» a distintos tipos de producción”.