Integrantes de la Asamblea de San Telmo se manifiestan semanalmente contra una inmobiliaria del barrio que quiere desalojar el merendero popular de la agrupación y a las 20 familias que viven él.
Todas las semanas, los vecinos se movilizan frente a la inmobiliaria Martul.

Se celebró la primera audiencia de conciliación entre el merendero popular Darío Santillán y un grupo inmobiliario que pretende desalojarlos, donde el juez decidió fijar un segundo encuentro para fines de octubre. Si bien se posterga el inicio del juicio de desalojo, la organización barrial deberá seguir luchando para no cerrar sus puertas.

Sobre la calle México al 640 se ubica el merendero que lleva el nombre del histórico militante del movimiento de desocupados asesinado en la estación avellaneda en 2002. Casi un año después de ese acontecimiento, los vecinos y las vecinas de la asamblea de San Telmo fundaron ese espacio.

Desde entonces, se realizan allí diferentes actividades. Merienda para 200 pibes y pibas del barrio; talleres recreativos y educativos; cumpleaños y el gran festejo del Día del Niño que se organiza en la calle. También, en la parte posterior del edificio, se alojan veinte familias que subalquilan una habitación a un precio accesible.

 

A diario, 200 chicos meriendas en el edificio en litigio.

El proyecto inicial necesitaba, desde un principio, del alquiler de un inmueble.  La buena relación con los anteriores propietarios permitió que los vecinos de la Asamblea de San Telmo pudieran firmar contratos por casi 15 años, hasta que, en octubre de 2018, la propiedad fue adquirida por la firma Martul, una inmobiliaria radicada en el mismo barrio. Allí comenzaron los problemas.

Como los nuevos dueños no querían continuar alquilándole el inmueble a la Asamblea, iniciaron inmediatamente una demanda contra los inquilinos. Los militantes del merendero denuncian que el grupo inmobiliario nunca estuvo dispuesto a dialogar con ellos. Por otra parte, sostienen que la operación fue un fraude porque la compra se hizo a un monto por debajo del valor de mercado. Sin ir más lejos, definen a los Martul como un grupo inescrupuloso dedicado exclusivamente a hacer negocios inmobiliarios a costa de los vecinos, acostumbrados a comprar barato para vender caro, y de proceder a fuerza de desalojo en caso de ser necesario.

Lo cierto es que, si el merendero cerrase, los niños del barrio perderían un lugar donde jugar y recibir una comida todas las tardes, en una ciudad donde uno de cada tres niños es pobre. También se verían perjudicados los inquilinos, como María Luisa, quien pronto cumplirá 90 años y vive en el edificio del merendero hace casi 15. “Para mí es imposible mudarme a otro lado. El cierre implicaría que me dejen en la calle”, dice.

Veinte familias viven en el lugar.

El proceso judicial se encuentra en etapa de conciliación. Al momento, se realizó una única audiencia, el pasado 15 de julio. En ella, el juez determinó que se haría un segundo encuentro el próximo 30 de octubre, e instó a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus órganos pertinentes, realice un relevamiento socioambiental de las familias que viven allí, como también de las personas que asisten al merendero. Ese informe será tenido en cuenta en la segunda audiencia.

Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) patrocinan a la gente del merendero. Una de sus abogadas le precisó a ANCCOM algunas claves referidas a los planteos que harán como parte de la defensa: “Entendemos que hay derechos fundamentales que están en conflicto, como son el derecho a la vivienda, a la soberanía alimentaria, a la cultura. El hecho de que se vean afectados, implica una responsabilidad por parte del Estado. Por otro lado, estamos reclamando que el nuevo propietario reconozca todo el trabajo que hizo la organización sobre el inmueble y, en ese sentido, que lo retribuya económicamente”.

Martín, uno de los referentes del espacio, opinó: “Sabemos cómo es la justicia en el país y para quiénes trabaja. El propietario seguramente tenga las chances de ganar, pero eso no quiere decir que pueden tirar a la calle a las veinte familias que viven ahí, o dejar sin su plato de comida a los 200 pibes que meriendan ahí”. Y agrega: “Queremos que haya un diálogo, de manera pacífica, para encontrar la manera más justa donde todos ganemos. Necesitamos una indemnización que permita que las familias puedan reubicarse”.

Los vecinos de la asamblea de San Telmo muestran sus reservas frente al accionar de la justicia. Por ese motivo, desde finales del año pasado, organizan periódicamente -los jueves- una marcha frente al edificio de la inmobiliaria de los Martul, donde buscan el apoyo de los vecinos.  Cuentan, entre otras adhesiones, con las de Nora Cortiñas y de Adolfo Pérez Esquivel.