Si bien en el 2007 se aprobó la Ley de Bosques para proteger los montes nativos y su biodiversidad, su aplicación y financiamiento resulta muy débil. Además, el presupuesto para las políticas de preservación es apenas el 8,5 por ciento de lo que establece la normativa.
De los 12 millones de hectáreas de bosques que hace un siglo había en Córdoba, hoy queda solo un 3% en perfecto estado.

“Quiero remarcar que la reducción del monte nativo es una gravísima reducción a la biodiversidad. Tenemos una hegemonía de cómo debe usarse el territorio, que redunda en la imposición de un único modo de vida. La destrucción del monte promueve la forma de vida de ciudad, el cemento; promueve una relación deshumanizada con la naturaleza, una reducción de la vida”, explica con vehemencia a ANCCOM Juan Nicastro, miembro de la Asamblea de Vecinos de Valle Giardino, vinculada a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo en Córdoba. Su testimonio ilustra la pobre aplicación de la Ley 26331, conocida mediáticamente como Ley de Bosques, y coincide con la opinión de los especialistas.

En aquella región cordobesa, se ha declarado un estado de emergencia socioambiental. De las 16 millones de hectáreas que componen el territorio provincial, 12  eran bosques hace un siglo. De esa cantidad queda actualmente menos de un 3% en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi 2 millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial para volver a ser bosques en muchos años, en tanto no se las altere.

Sin embargo, la situación de gravedad no alcanza solamente a Córdoba. Ignacio Gasparri, ingeniero forestal, Doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, se encarga de entender el proceso de deforestación en la región chaqueña y los efectos del fenómeno en el balance de carbono. “Si consideramos las últimas dos décadas -señala-, la región chaqueña es la zona del país que está sufriendo una deforestación de magnitud con grandes superficies. En particular las provincias de Chaco, Santiago y Salta son las que presentan mayores superficies deforestadas en ese periodo y más recientemente la provincia de Formosa.”

En las últimas dos décadas, las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta fueron las más deforestadas.

El 21 de septiembre de 2007, fue promulgada por el Poder Legislativo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques. Dicha legislación tenía como objetivo pautar el cuidado, uso y aprovechamiento de los territorios como la selva misionera, las yungas, el bosque chaqueño, el espinal y los bosques patagónicos, además de promover la gestión forestal sustentable. Entre este tipo de usos, se destacan actividades como la apicultura, el turismo, la ganadería con pocas cabezas de ganado o el aprovechamiento de madera seleccionada, con el fin de la conservación.

En el año 2009, la ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, frente al reclamo de más de 70 organizaciones sociales, entre ellas Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos. La normativa establece, entre otras cuestiones, el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), que categoriza los usos de las tierras boscosas en tres zonas: roja, que incluye sectores de muy alto valor de conservación como reservas naturales y parques nacionales, que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre; amarilla, referida a sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación; y por último zona verde, conformada por los sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental.

El OTBN instituye que cada provincia debe conocer el real estado de sus bosques y determinar qué se puede hacer con ellos a través de procesos participativos. Mientras que algunas jurisdicciones sancionaron una ley provincial, como Córdoba, otras aprobaron el ordenamiento por decreto o resolución.

Entre 2010 y 2015, el Fondo de Conservación de Bosques Nativos recibió 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750 millones que le correspondían según la ley.

La novedad de la Ley 26331 residía en la constitución de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos «con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan». Un fondo que está mutilado, puesto que, según la Fundación Vida Silvestre, apenas se le asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de lo estipulado por la norma, ya que recibió entre 2010 y 2015 1.239 millones de pesos (según el «Informe de estado de implementación 2010 – 2015» del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –MAyDS–) en vez de los 14.750 millones que le correspondían. Ese fondo tenía que representar  el 0, 3 por ciento del total del Presupuesto nacional.

Gonzalo Strano, vocero de la organización ecologista internacional Greenpeace, sostiene que las zonas más afectadas por la deforestación se encuentran al norte del país, en Chaco, Santiago del Estero y Salta. “Pasaron los años desde la aprobación de la ley y empezamos a notar que algunas provincias habían encontrado como una trampa; si bien la tasa anual de desmontes había bajado, continuaban habiendo desmontes y ahora existían de dos tipos: legales, es decir, que el gobierno autorizaba en zonas verdes, e ilegales, en zonas rojas o amarillas. Y aclaro que cuando hablamos de desmontes estamos hablando de la transformación absoluta del terreno; se van a ver afectados árboles, animales y las comunidades aborígenes y campesinas que viven de lo que sacan de ese bosque”.

“Se empezaron a dar lo que se llamaba pedidos de recategorización -agrega-. Un estanciero que tenía una finca de 10000 hectáreas en Salta y en el reordenamiento territorial le había quedado de color rojo presentaba un pedido de recategorización. ¿Qué significaba esto? Que pedía que se cambien el color”.

 

Las organizaciones ambientalistas exigen que el demonte sea considerado un delito penal.

Entre las recategorizaciones, se destacan los casos de las fincas Cuchuy, en Salta, o Monterrey, en Chaco, en donde, mediante seguimientos territoriales, Greenpeace se movilizó para impedir los desmontes ilegales,  exigir la reforestación y frenar topadoras.

Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Vida Silvestre, explica que se necesita “que la Nación y las provincias pongan a la Ley de Bosques en el lugar que debe estar: una política de Estado prioritaria”, para que la sociedad comprenda que es necesaria la implementación de la ley.

Strano, de Greenpeace, concluye que el reclamo de la organización está basado en tres ejes: primero, el cumplimiento absoluto de la ley de bosques; segundo, que realmente se cumplan los monitoreos que deben hacerse y el tratamiento cada cinco años de ese mapa de ordenamiento territorial; y tercero, que el desmonte sea considerado un delito penal. “Para nosotros, aquél que destruye montes es un criminal, por lo tanto, queremos que se pague por ese crimen”. En tanto no se aplique correctamente la Ley, nos quedaremos sin bosques, sin recursos naturales, sin biodiversidad. Estas son otras víctimas del ajuste.