El ministro de Justicia británico firmó la orden de extradición de Julian Assange, creador de Wikileaks. Investigadores en comunicación denuncian que el caso busca castigar y disciplinar a la prensa en todo el mundo.

Gran Bretaña, finalmente, ha dado luz verde al proceso de extradición a Estados Unidos del programador y periodista Julian Assange, cofundador de Wikileaks, el sitio que hizo público miles de documentos que revelaron numerosas maniobras de espionaje de los servicios de inteligencia norteamericanos. El ministro del Interior del Reino Unido, Sajid Javid, ha confirmado este jueves que ha firmado la orden que permitirá juzgar al activista en Washington.

La detención de Assange en Londres y ahora su inminente extradición genera alarma entre distintos especialistas en comunicación por el antecedente que establece, situación que se agravaría de ser extraditado a Estados Unidos.
El periodista y docente de las universidades nacionales de Avellaneda y Moreno, Luis Lazzaro, considera al caso Assange como “el efecto principal del ‘castigo ejemplar’ al periodista u organización que denuncia crímenes de Estado, más allá de la legalidad o no del método de obtención de la información o de las fuentes de noticias. Es el efecto ‘demostración’ que induce a la autocensura y el silenciamiento de noticias que pueden incomodar al poder”.
Cabe aclarar que Assange es acusado por Estados Unidos de violar una la ley de espionaje de Estados Unidos de 1917. A su vez, también cuenta con una denuncia judicial en Suecia por violación contra dos mujeres, cuya investigación se cerró en 2017 y se reabrió hace poco más de tres semanas.
La especialista en Políticas de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, Daniela Inés Monje dice que “el punto de litigio que está proponiendo ahora Estados Unidos es no considerar que Assange pública desde el Wikileaks como periodista sino como hacker y activista y que en ese caso está violando la legislación vinculada a espionaje de Estados Unidos y por eso está pidiendo su extradición”. La investigadora agrega: “Existe en Estados Unidos legislación que protegería a los periodistas, por la Primera Enmienda (que garantiza la libertad de prensa) que es la que se están negando a aplicar en el caso Assange”.

La detención y la posible extradición del creador de Wikileaks a los Estados Unidos vulneraría los principios de libertad de expresión y libertad de prensa consagrados internacionalmente. En tanto, Luis Lozano, coautor, junto a Damián Loreti, del libro El Derecho a comunicar, escribe en la revista Zigurat: “Resulta inadmisible que los países más poderosos del mundo, encabezados por Estados Unidos, sostengan una prédica permanente a favor del libre acceso a la información pública y el escrutinio ciudadano de los actos de gobierno hasta el momento en que esa misma política se vuelve en contra de sus intereses. En esos momentos parece ser válido cualquier recurso para frenar la publicación o castigar a los responsables de su difusión, quienes no son ya tratados como periodistas o ciudadanos interesados en la cosa pública, sino que se convierten a los ojos del poder en espías o terroristas.
Lozano recuerda que Estados Unidos impulsa la idea de que Wikileaks habría sido parte de una conjura orquestada por Rusia. “La acusación incluiría a dos informantes clave de Wikileaks: la ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos Chelsea Manning (condenada a 35 años de prisión por espionaje en 2013, pena que fue conmutada en 2017 por Barak Obama, quien le permitió salir en libertad) y Edward Snowden (ex administrador de sistemas de la CIA y la NSA, exiliado en 2014 de Estados Unidos a Hong Kong y luego a Rusia, con pedido de asilo en otros 21 países).
Por su parte, Milton Oddone, también docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, agrega lo siguiente: “Si no se lo exculpa y se utiliza el caso como sanción ejemplificadora, cosa que en apariencia va en camino a ello, sentaría precedentes muy negativos para la libertad de expresión en tanto el efecto de autocensura podría afectar a otros periodistas en limitar búsquedas futuras de información por miedo a sanciones y represalias, por tanto la sociedad tendría un acceso limitado a información relevante”.
La pregunta en este caso es: ¿qué queremos proteger? ¿El derecho universal a conocer maniobras de espionaje o el encubrimiento de actos delictivos de las agencias de inteligencia bajo el manto de la seguridad nacional? La información pertenece a la sociedad.