La muerte por cáncer de la maestra rural Ana Zabaloy, en San Antonio de Areco, puso en agenda otra vez la problemática sobre el glifosato. Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires son las zonas más afectadas. ¿Cómo resisten los activistas locales al uso de los agrotóxicos?

El sábado pasado murió Ana Zabaloy, docente rural que había denunciado las fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos y que había sufrido en carne propia los efectos del glifosato. El hecho actualizó las consecuencias de su uso en las zonas agrícolas y ANCCOM relevó distintos puntos de conflicto entre los vecinos, los productores y las autoridades.

En una reciente visita a Entre Ríos,  el presidente Mauricio Macri expuso su postura ante el conflicto por la utilización de agroquímicos en el proceso agroproductivo. Catalogó de “irresponsable” al fallo que hizo lugar al amparo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná para que se dejara sin efecto el Decreto Provincial Nº 4.407/2018 que permitía la fumigación en las zonas donde se ubican escuelas rurales. Para que no quedaran dudas de la postura oficial, agregó: “El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico.”

Aldana Sasia, abogada especializada en derecho ambiental, integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la Coordinadora Basta es Basta-Por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos, asegura que el amparo fue acompañado de una recopilación de casi diez años de imágenes realizadas por el ambientalista Emilio Vitale. Ese material demuestra la escasa distancia de los campos fumigados respecto a los patios de las escuelas. “Acompañamos estudios científicos en gran cantidad y estudios de las escuelas de algunos departamentos que daban cuenta del grado de contaminación que existía en la tierra, agua y aire -señala-; ofrecimos testimoniales y dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Internacional de los Derechos del Niño y del relator por el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Todos eran informes, desde el año 2012 al 2018, que alertaban sobre la situación de los niños en la Argentina por la exposición a los venenos del agro”.

El 28 de marzo aquel amparo fue concedido. Dejó sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias exigidas entre la actividad de fumigación y las escuelas y mantuvo la vigencia de una separación de protección mínima terrestre de mil metros y de tres mil metros para la distancia aérea.

De todos modos, desde las organizaciones ambientalistas aseguran que la solución de fondo vendrá con un cambio en el modelo productivo: «Por este fallo el campo no se va a despoblar. ¡Es mentira que no se puede producir! Sí se puede, sólo que sin venenos, agroecológicamente. Como lo menciona el llamamiento de la Food and Agriculture Organization de los primeros días de mayo, en los que insta a la modificación urgente del modo de producir y ante la necesidad de producir alimentos para el mundo y no forraje, ya que en el mundo sigue existiendo el hambre y cada día se cultiva más«, afirma Sasia.

En tanto, Pergamino es otra zona en la que trascendieron los problemas causados por el glifosato. Allí, el juez Nicolás Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión de la fumigación con agrotóxicos en los campos que rodean los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. La medida se tomó en en respuesta a las denuncias presentadas por Sabrina Ortiz, vecina del barrio Villa Alicia e integrante de la organización “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”. El fallo fue apelado por el gobierno municipal pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de Villafuerte Ruzo.

Ortiz inició sus reclamos en el año 2011, cuando médicos especialistas determinaron que tanto ella como sus dos hijos tenían valores muy elevados de glifosato en sangre, poniendo en peligro sus vidas. Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa para alejarse de las zonas fumigadas, ya que los médicos de sus hijos le indicaron “sacarlos de la línea de fuego”, según cuenta. Mudarnos no fue una decisión -afirma-, entendí que tenía que irme. Nuestros sueños quedaron dormidos en esa casa.” Actualmente, los análisis médicos demostraron que posee 58 veces más de lo tolerable del  ácido derivado del glifosato en sangre, su hija 100 veces más y su hijo 120.

La mujer, víctima de la contaminación, sostiene que si bien ella tomó cierta distancia de las zonas fumigadas, otras familias que no llegan a cubrir las necesidades básicas, no pueden recibir la atención médica especializada necesaria y mucho menos mudarse. Al respecto, Ortiz  cuenta que vecinos de un barrio privado de Pergamino hicieron tan sólo dos denuncias y la fumigación en los campos lindantes fue suspendida “En cuanto a la salud, hacen diferencia de clase. Eso es criminal. Aprietan con el hambre”, denuncia.

Por otro lado, Santa Fe y Córdoba son claros ejemplos de provincias en las cuales la Justicia no avanza, o hasta retrocede, ante este grave problema que afecta la salud de la población En la primera de las provincias, diversas organizaciones ambientalistas luchan para revocar la Ley Nº 11.723, que regula el uso de agrotóxicos desde el año 1995; normativa que no sólo ya no se adecua al sistema de utilización de esas sustancias, sino que además no da cuenta de la peligrosidad que implica su aplicación.

En Córdoba, en tanto, el 30 de abril, el intendente de Cosquín Gabriel Musso vetó la ordenanza Nº 3735, aprobada el 17 de ese mismo mes en sesión extraordinaria, que prohibía el uso y la comercialización del glifosato en esa ciudad.

En el año 2017, el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, quien actualmente integra el grupo activista “Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, se desempeñaba como Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y tuvo que enfrentar un gran problema sanitario en el barrio periférico de Ituzaingó: 200 vecinos habían contraído cáncer en el último tiempo. Rigurosos estudios demostraron que la enfermedad era contraída por la exposición a agrotóxicos. “Antes era una problemática restringida a los aplicadores, a las personas que los usaban, eran enfermedades laborales, pero con el desarrollo de las semillas transgénicas en Argentina, se ha generalizado su uso extensivo, lo que generó un nivel de contaminación elevado en el ambiente”,  señala Ávila Vázquez.

Múltiples estudios científicos demuestran que enfermedades respiratorias, infertilidad, abortos espontáneos, niños que nacen con malformaciones y cáncer, son sólo algunos de los problemas de salud a los que están altamente expuestos los pueblos fumigados.

La doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y genetista de laboratorio, Delia Aiassa, sostiene que “los trabajos realizados muestran que existe un aumento de daño en el material genético en las poblaciones que habitan localidades rodeadas de campos de cultivo donde se pulveriza con mezclas de agroquímicos con respecto a poblaciones donde no existen estas condiciones ambientales”.

Las autoridades ya no pueden mirar hacia otro lado: el nivel de daño que provocan los agrotóxicos es tan profundo que, según Ávila Vázquez, mientras en nuestro país la principal causa de mortalidad son los problemas cardiovasculares, las personas que habitan ambientes expuestos a la utilización de esos productos mueren a causa del cáncer. Como Ana Zabaloy.