En lo que lleva recorrido 2019, tres decenas de personas perdieron la vida por causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales. El Observatorio de Crímenes LGTB registró el año pasado al menos 59 muertes.
Las mujeres trans son las más afectadas por la violencia.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans -creado por la Defensoría LGBT, la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Defensoría del Pueblo de la Nación- publicó su informe anual 2018 sobre crímenes de odio hacia la disidencia sexual. El relevamiento muestra que las mujeres trans son las más afectadas, con 59 muertes. Sin embargo, el informe advierte que los datos recolectados muestran números muy por debajo de los reales dado que existe un subregistro al que no se accedió porque muchos casos no son denunciados o, en otros tantos, no se registra a la persona asesinada como trans porque no se respeta su identidad de género. Por otro lado, un registro que llevan adelante organizaciones sociales como Mujeres Trans Argentina  junto a personalidades como la religiosa católica Mónica Astorga Cremona,  de Neuquén, contabilizó 79 muertes de mujeres travestis y trans, también para el año pasado. Además, en lo que va de 2019, treinta son los fallecimientos: una muerte cada 96 horas. Las defunciones registradas fueron por causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales, siendo estos últimos los más numerosos.

“Nosotras comenzamos a seguir y a tener un registro de los transfemicidios y los travesticidios sociales. Estos son las muertes de nuestras compañeras que no terminan con un expediente o un rótulo dentro de la Justicia pero que sí dan cuenta de que vivieron en condiciones de extrema vulnerabilidad en donde el Estado no garantizó el acceso a los derechos”, explica a ANCCOM Pía Ceballos, militante trans, referente de la Multisectorial de Mujeres y parte del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta. En relación al tema, Alba Rueda, referente trans y presidenta de Mujeres Trans Argentina detalla: “El travesticidio/transfemicidio social es una cadena de violencias que se inscribe dentro de un sistema opresivo. Tiene como último eslabón la muerte de las personas trans.” La discriminación hacia las mujeres travestis y trans es iniciada desde temprana edad y es una constante a lo largo de sus vidas. La cadena comienza con la exclusión familiar, seguida del acoso escolar, el consecuente abandono de los estudios, la no inclusión laboral y el maltrato en las calles, hospitales y demás instituciones, generando un promedio de esperanza de vida de entre 35 y 40 años.

Por otro lado, los asesinatos perpetrados hacia mujeres travestis y trans presentan la especificidad de ser efectuados con especial violencia. Al respecto, el Informe destaca que se realizan con saña, odio y de manera más brutal. A su vez, estas muertes no son aisladas: se encuentran dirigidas también hacia otras personas. En este sentido, Rueda explica: “El perpetrador no sólo violenta un cuerpo trans. Estos crímenes implican un mensaje social a toda la comunidad trans.”

“El perpetrador no sólo violenta un cuerpo trans. Estos crímenes implican un mensaje social a toda la comunidad trans”, señala Rueda.

El ataque a Mirna Antonella Di Marzo, ocurrido el 21 de octubre de 2018, que terminó en su muerte tras tres meses en coma, es un caso, entre otros, que reúne los elementos que caracterizan al transfemicidio o al travesticidio. La hermana de la víctima, Janet Di Marzo, cuenta que Mirna tuvo que abandonar sus estudios luego de haber cursado medio año en el secundario. “Se cansó de la discriminación. Además, las autoridades no hacían nada”, relata a esta agencia. También recibió maltrato en hospitales. Al respecto, Janet mencionó que su hermana tuvo complicaciones luego de operarse y que en los hospitales no la querían atender. El acoso se hizo extensivo a diferentes espacios públicos por lo que cuando salía mayormente iba acompañada de algún familiar. Con respecto a la vida laboral de su hermana, Janet aclara: “No tuvo nunca un trabajo. Llegó a la prostitución, a lo que llegan todas. El año pasado empezó de nuevo el estudio porque se había cansado. Tenía promedio 10. Se enojó conmigo porque yo dejé de estudiar.” El presunto asesino, José Gustavo Gareca, se encuentra detenido con prisión preventiva, y está imputado de haber atacado a golpes a Mirna a la salida de un boliche, provocándole las lesiones que terminaron en la muerte de ella.

Para el tratamiento de estos casos, el juicio por el travesticidio de Amancay Diana Sacayán cobra una importancia sin precedentes. Con una sentencia única en Argentina, su asesinato, cometido en 2015, fue calificado como travesticidio, siendo reconocido, de esta manera, como un crimen de odio hacia su identidad de género. Al respecto, la abogada feminista y militante lesbiana Luciana Sánchez explicó la importancia del uso de los términos: “Diana había trabajado sobre la necesidad de considerar los travesticidios y transfemicidios como crímenes con una etiología particular, con algunos puntos en común con los femicidios pero también con sus diferencias. En particular, su epidemiología es diferente: la incidencia del travesticidio en la población trans supera ampliamente la incidencia del femicidio en la población de mujeres cis y trans. Por eso es importante el travesticidio como un fenómeno a ser estudiado de manera particular y no como un femicidio más.”

Sin embargo, los obstáculos legales y administrativos siguen efectuándose de manera constante contra los derechos de las personas travestis y trans. “Hablar de crímenes de odio por discriminación hacia el género en la Justicia es todavía un tema pendiente, sobre todo ante la falta de formación técnica de actores con incidencia en estos procesos. Es evidente que los agentes estatales no tienen incorporado el enfoque de derechos humanos con perspectiva en diversidad de género”, señala José Lazarte, abogado de la familia Di Marzo.

Al respecto, María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, comenta: “El proyecto para una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional fue presentado ya hace más de diez años y representado muchas veces por parte de la Federación Argentina LGBT y otras organizaciones de la sociedad civil. De hecho tuvo varios dictámenes favorables. El último fue de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Legislación General que tuvo un dictamen de mayoría importante, casi unánime. Sin embargo, nunca llegó al recinto y creo que tiene que ver con la poca prioridad que el oficialismo le da actualmente a leyes como esta.”

En este sentido, el 10 de diciembre de 2018, la Federación presentó un proyecto de reforma al artículo 2° de la Ley Nacional de Actos Discriminatorios Penales (N° 23.592) para incluir como agravante de un delito cuando éste es cometido por odio a la orientación sexual, género, identidad de género o su expresión. A su vez,  desde 2013 se presenta cada año el proyecto de Ley contra el Acoso Escolar y varias organizaciones exigen la reglamentación inmediata de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, entre otras iniciativas. Además, en muchas provincias existen aún códigos de faltas y contravenciones con figuras como “la moral y las buenas costumbres”, “el decoro” y “la decencia” que frecuentemente son utilizadas para violentar y discriminar a la comunidad travesti-trans. Por caso, desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta se busca presentar un proyecto de ley para derogar el artículo 114 del Código Contravencional de la provincia. Mientras tanto, referentes de la lucha por los derechos travesti-trans y familiares de las víctimas esperan que se haga justicia por los travesticidios y transfemicidios acaecidos hasta el momento, que se efectivicen políticas públicas y se modifiquen las leyes necesarias para la inclusión de la comunidad y la defensa de sus derechos.

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