Habitantes de las villas de la Ciudad resisten aspectos de la urbanización que, según denuncian, están vinculados a “negocios inmobiliarios”. Una sutil política expulsiva de los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires.

Vecinos de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires -en su mayoría
mujeres e inmigrantes- tomaron la decisión de organizarse. Hace unos meses,
conformaron la Coordinadora por la Urbanización Real de las Villas con el objetivo de
sumar todas las experiencias y elevar una sola voz, un reclamo conjunto, por una
vivienda digna y obras de infraestructura. A la vez, denunciaron “negocios inmobiliarios” a
costa de las viviendas de miles de vecinos.
 
Aunque durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Gobierno de la
Ciudad se desarrolló una política de urbanización en villas mediante planes de obras de
infraestructura y procesos de escrituración y relocalización de viviendas, los vecinos
denuncian un paulatino proceso de expulsión en los barrios.
 
Jonathan Baldiviezo -abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad- explicó que las
condiciones de escrituración de las casas en los barrios populares son “expulsivas”. En
diálogo con ANCCOM, señaló: “Al momento de la escrituración las familias van a sufrir un
shock económico, al costo del crédito de la casa se le suman los impuestos inmobiliarios,
expensas y las tarifas cada vez más costosas. Esto implica que una familia, cuyo ingreso
no supera los 10 mil pesos, deba pagar entre 6 y 8 mil pesos más por mes. El Gobierno
debe atender ese shock”.

A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6129 que, según los vecinos, abrió
un flanco específico para los habitantes del barrio Carlos Mujica (exVilla 31). A diferencia
de la ley nacional, argumentaron los vecinos, la nueva normativa no especifica que la
vivienda deba conservar su carácter social y familiar. Es decir, una familia puede venderla
a un emprendimiento inmobiliario. “El Estado debería urbanizar para que el suelo esté
afectado a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda, no para incorporar el
suelo al mercado y la especulación inmobiliaria”, amplió Baldiviezo.
 
El abogado aseguró que “las familias se terminan yendo por los altos costos, las malas
condiciones de infraestructura, las inundaciones”. Y juzgó: “Se trata del intento de parte
del gobierno de erradicar las villas mediante artilugios legales”.
 
Grecia, vecina de la villa 20, manifestó a ANCCOM: “Vamos por la urbanización real de
todas los barrios, por el derecho a la vivienda digna de propietarios e inquilinos, basta de
hacinamiento, participación y control vecinal en los procesos de urbanización. Por el
derecho a trabajar y vivir en la Ciudad”.
 
Los vecinos también denunciaron ataques de parte de patotas. Nicolás, vecino de la Villa
31, sufrió agresiones por participar de las asambleas y resistir al desalojo: “Fui humillado y
sacado de mi casa. Soy el vivo ejemplo de que el PRO nos quiere callar así”.

Por su parte, Norma, de la Villa 1-11-14, denunció que el Instituto de la Vivienda de la
Ciudad (IVC)  “organiza reuniones con los delegados, sin permitir la participación pública
de los vecinos”. Y amplió: “El lunes pasado organizaron una reunión y no dejaron ingresar
a ninguno. Necesitamos saber lo que se habla en esa reunión”.
 
De la coordinadora participan vecinos de la Villa 31 y 31 Bis, del Playón de Chacarita, de
la Villa 20, de La Carbonilla, de la 1-11-14, Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Ciudad
Oculta, Cildañez, 21-24 y Rodrigo Bueno, entre otros asentamientos. En febrero
organizaron la primera asamblea con más de mil vecinos, frente a la Jefatura de Gobierno
porteño. La masiva participación tuvo, sin embargo, escasa repercusión mediática. Tienen
previsto realizar una reunión en la villa Rodrigo Bueno para fin de mes. Hasta que los
escuchen.