Cada 21 horas, una persona muere en Argentina en un accidente laboral. Los hombres jóvenes que trabajan en el transporte y construcción están entre el mayor porcentaje de víctimas.

El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de
febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera
Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió
la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa
eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200
empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que
se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.

Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado
en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la
principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron
los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el
domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.

Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.

El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,
con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.
El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte
de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador
que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».

El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo
y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para
que tengan herramientas en defensa de su salud”.

“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La
cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de
recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por
este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información
proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no
contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el
INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que
abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.

En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las
cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución
sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de
transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las
extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los
vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la
construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la
rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.

Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un
protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la
escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su
puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración
pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en
situaciones de trabajo.

Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.
Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el
empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el
cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.