La droga que posibilita la interrupción de un embarazo se dispensa en farmacias bajo receta y ya son dos los laboratorios que están habilitados para su venta. Junto a la lucha por la sanción de la I.V.E, también se viene el debate por la fabricación estatal del medicamento.

El Oxaprost (diclofenac-misprostol), la droga utilizada para inducir un embarazo, sirve paradójicamente también para interrumpirlo. El compuesto puede ser conseguido en cualquier farmacia, mediante una receta médica y desde el 30 de noviembre ya son dos los laboratorios que tienen el permiso para su venta en farmacias. Se trata del método más accesible para interrumpir un embarazo no deseado, a pesar de que está penalizado por la ley. Por eso ya hay legisladores que, además de continuar la lucha por la despenalización del aborto, también piensan en la necesidad de que el Estado sea quien produzca esta droga.

En el país existen dos laboratorios que fabrican el Oxaprost: Beta S.A y Domínguez. Mientras que Domínguez, hasta hace un mes, se encargaba de dispensar el producto para su uso intrahospitalario, Beta S.A se establecía como el único laboratorio responsable de su despacho vía farmacia. No obstante, el 30 de noviembre último la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó al laboratorio Domínguez también el despacho de la droga en farmacias, algo que estaba reservado a su competencia, Beta S.A.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los fármacos recomendados para la interrupción voluntaria de un embarazo, desde 2005, es el misoprostol.  El fármaco en sí se caracteriza por ser una prostaglandina, algo parecido a una hormona, cuya función es producir contracciones para interrumpir la gestación. “La condición de su venta es mediante receta archivada siempre que lo indique un ginecólogo, un obstetra, reumatólogo o un traumatólogo. Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.

Tras la imposibilidad de sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto último en Argentina, diputados y organizaciones de mujeres que brindan consejerías pre y post aborto se reunieron el pasado 9 de octubre en el Anexo de la Cámara de Diputados en el marco de una audiencia pública para proponer un proyecto de ley para que sea el Estado quien se encargue de la fabricación del misoprostol. El proyecto normativo, que ingresó al Congreso el pasado 20 de marzo de 2018, se centra en garantizar un aborto legal, seguro y gratuito. Principalmente seguro. Al no ser ilegal, muchos profesionales de la salud practican abortos clandestinos en pésimas condiciones o ejercen violencia sobre el cuerpo de las pacientes. El aborto, según los artículos del Código Penal de la Nación que van desde el 85 al 88, se considera una práctica punible con una condena de hasta 15 años, tanto para el profesional como para la persona que lo lleve a cabo. Pero si el embarazo es producto de una violación, o puesta en peligro la vida de la mujer a causa de un feto retenido o complicaciones en la gestación, la interrupción del embarazo, avalada por una denuncia policial o judicial, se convierte en un acto lícito.

Números

El misoprostol se encuentra al alcance con una receta elaborada por un profesional de la salud, y una determinada porción de dinero. Específicamente la presentación de Oxaprost, el nombre del misoprostol comercializado por Laboratorio Beta S.A, se establece en un envase con 16 comprimidos y un valor de venta en farmacias a 4.455,31 pesos.  

Desde el 2005, la OMS ha incluido al fármaco en la lista de medicamentos esenciales debido a la posibilidad de salvar una vida en peligro a causa de un embarazo riesgoso, además de ser el fármaco menos nocivo para interrumpir una gestación. Sus indicaciones oscilan entre: maduración cervical, inducción del aborto en 1° y 2° trimestres, prevención y profilaxis de la hemorragia post parto, aborto incompleto y preparación instrumental del cuello uterino para una posterior intervención quirúrgica.

Según un relevamiento de Silvina Ramos, la investigadora titular del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza para el Fortalecimiento de la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en la Argentina se realizan por año entre 350.000 y 500.000 abortos anuales. Los datos provienen de un estudio de 2005 realizado por Silvia Mario y Edith Alejandra Pantelides, investigadoras del Centro de Estudios de la Población (CENEP).  El aborto se establece como la principal causa de muerte materna. De acuerdo a los últimos datos oficiales provenientes del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2016, de un total de 245 fallecimientos, el 17,6% fueron muertes por una gestación terminada en aborto. Lo que ubica a este flagelo como primero en el podio de defunciones maternas.

Ante la negativa del Senado a legalizar el aborto, en agosto del corriente año, se debatió establecer una alternativa para que el Estado garantice la fabricación del misoprostol con el objetivo de lograr el acceso masivo y de forma legal a la interrupción voluntaria del embarazo.

El fármaco

El uso de misoprostol es intrahospitalario, con el fin de estimular las contracciones del músculo liso del útero, cuando se encuentra en trabajo de parto por un feto fallecido o retenido. A la vez Oxaprost, el nombre bajo el que lo expende el laboratorio Beta S. A., se utiliza como analgésico y protector gástrico porque favorece la producción de la mucosidad que recubre el estómago e inhibe la producción de ácido, similar al diclofenac. La condición de la venta del misoprostol es mediante una receta archivada.

Existe entonces una contradicción en la comercialización del fármaco. Porque según la ley vigente, no avala las indicaciones del misoprostol para interrumpir un embarazo. Pero Beta, y desde el 30 de noviembre también laboratorio Domínguez, venden el medicamento como un protector gástrico o  antiinflamatorio. El Protocolo para la Atención Integral de las personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entiende que la única manera de practicar un aborto es por medio de una denuncia policial o judicial de violación, ya que funciona como declaración jurada. Además, el protocolo comprende que la práctica por fuera del marco regulatorio pueden ser “casos fabricados”, y, al mismo tiempo, entiende también que nadie puede imponerse a la interrupción legal del embarazo ni obstaculizarla frente a una persona víctima de un delito sexual.

“Las farmacias en general eligen venderlo o no. Eso corre por cuenta de cada dueño. Se genera una situación muy incómoda, porque vos del otro lado sabés por qué lo están comprando y si no vienen con una receta de un obstetra, se te hace muy difícil venderlo a nivel ético. Si no lo indica un obstetra, significa que están tratando de interrumpir un embarazo de manera clandestina y eso puede terminar en una guardia o en una internación”, detalla Belén Montenegro, farmacéutica en jefe del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne.

Lo que tiene de particular la presentación de Beta es que la píldora está formada por una doble compresión. Es decir, por fuera posee el diclofenac, pero el núcleo es el misoprostol.  Existen dos maneras de administrar el fármaco. Una es por vía oral. La paciente ingiere la pastilla entera y se consume a lo largo de 16 días. Luego existe la vía vaginal. Allí el médico debe romper esa primera capa de compresión de diclofenac y quedarse solo con el núcleo de misoprostol e introducirlo directamente en el cuello del útero.

Con respecto al precio, Montenegro se explaya: “Las prostaglandinas en general son caras. Su desarrollo es costoso. Sobretodo porque está diseñada para metabolizarse más lento para ejercer la acción”. El costo responde a una constante en la industria farmacéutica argentina. Sucede que el desarrollo de una molécula en el país tarda alrededor de diez años. Una vez pasadas las pruebas y los estudios clínicos del fármaco, el laboratorio fabricante tiene la potestad de vender el producto al precio que desee.

Audiencia pública

Los diputados Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Cecilia Moreau, Nathalia González, Gabriela Cerruti y Daniel Filmus, junto a organizaciones de consejería para el pre y post aborto debatieron en octubre, en la Cámara de Diputados, que el Estado garantice la fabricación del misoprostol a un costo más accesible y legalizado para la interrupción voluntaria del embarazo. “Esto surgió a partir del rechazo de la ley. Se presentaron diversos proyectos y empezamos a ver casos como el de Santa Fe, donde el Gobierno provincial se va a encargar de producir el misoprostol a partir de una buena experiencia de practicar abortos con el medicamento”, declaró Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Una vez rechazado el proyecto original se abrió el debate. La idea es presentar uno nuevo este año”.  En sintonía, Lucila De Ponti, diputada por el Peronismo Para La Victoria por Santa Fe, remarcó: “Entendemos que si el Estado puede garantizar que las provincias que necesiten comprar los medicamentos, puedan hacerlo en un precio más barato y en una calidad mayor, van a hacerlo porque efectivamente les conviene”.

A pesar de no estar legalizado el aborto, la concepción compartida y planteada en la audiencia fue garantizar el derecho al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS como ejemplares para la práctica de abortos seguros. Además, se contempla la inclusión tanto del misoprostol como de la mifrepristona (otro medicamento indicado para casos de aborto) en el Plan Médico Obligatorio Nacional y en el vademécum de medicamentos de cobertura gratuita. Según los legisladores, no solamente es conveniente la producción nacional del medicamento, sino que también puede tornarse rentable y posible de hacer para el Estado nacional.

Según el informe de la senadora Nancy González, legisladora por el Frente Para La Victoria de Chubut, el Estado se ahorraría un total de 613 millones de pesos, porque el gasto que hoy es de mil millones pasaría a menos de la mitad. El ahorro total sería de un 43% en términos de fabricación, a lo que habría sumarle costos de internación en hospitales públicos. Además, al tratarse de una actividad ambulatoria, los costos tienden a mermar. “Los profesionales que convocamos para la audiencia hablan de que ese costo bajaría a 300 pesos. Pero el principal problema al que nos enfrentamos es pelear frente a aquellos que no quieren, no sólo que no se fabrique el misoprostol directamente desde el Estado, sino también aquellos que no quieren el aborto legal y mucho menos la Ley de Educación Sexual Integral”, concluyó Nancy González.

La realidad a la que se enfrentan las madres gestantes es que el precio de Oxaprost, producido por el Laboratorio Beta S.A, aumentó su precio un 300 por ciento, entre los años 2014 y 2016, según estimaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de alterar la presentación del medicamento en función de comprar más pastillas a un precio mayor. Con la autorización del Laboratorio Domínguez de su venta en farmacias para diciembre, se vislumbra el fin del imperio monopólico de Beta, dado que según aseguran fuentes de la empresa, lo comercializará a un precio mucho menor.

Abortar en la clandestinidad

Camila tiene 23 años y el título profesional como profesora de Educación Física. Ella renunció a la maternidad, pero para eso tuvo que someterse al aborto clandestino. “Nadie entiende lo difícil que es hasta que lo vive”, contó. Decidió abortar con 18 años, porque no se sentía con la madurez suficiente para hacerse cargo de un hijo a esa edad: “No quería formar una familia a tan temprana edad”, confesó. Camila también recordó: “Sufrí mucha violencia cuando me atendieron –detalló-. La primera vez que le comenté al profesional mi situación y me hizo tacto, me hizo doler mucho a propósito”. “Me decía puta y una serie de insultos más. Me amenazaba con denunciarme en la policía si seguía con la idea de abortar”, se explayó la joven. Desprotegida, Camila confesó que no podía denunciar al médico por ejercer violencia y abuso de poder, corría riesgo su vida y podía terminar hasta presa.

La interrupción de un embarazo es un proceso que si se ejecuta de manera incorrecta puede terminar con secuelas o sangrados abundantes, peligrando la salud de la mujer. Si el Estado interviniese, todas las interrupciones voluntarias del embarazo podrían tener el cuidado correspondiente. “Se garantizaría calidad en la atención y la vida de toda mujer”,  así lo recalca la asociación Socorristas en Red, un colectivo feminista dedicado a casos de interrupción voluntaria del embarazo.