Vecinos de Villa Urquiza volvieron a movilizarse para resistir el desalojo de una de las Asambleas emblemáticas surgidas tras la crisis de diciembre de 2001. La amenaza de un negocio inmobiliario y la lucha comunitaria por la identidad.

“Vamos a intentar conseguir una prórroga para seguir la lucha desde acá. Si no podemos,
seguiremos desde donde sea”, dice Javi, integrante de la Asamblea de Villa Urquiza. La
amenaza de desalojo prevista para este miércoles finalmente no se cumplió, pero sigue
latente. Y los vecinos están decididos a resistirla con la misma fuerza comunitaria que
ayer volvió a reunirlos en la calle.

Ubicada en la ex pizzería La Ideal, la Asamblea acumula una historia de largos 16 años y
ya evitó un intento de desalojo anterior. El 2 de octubre se presentaron funcionarios de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-SE) junto con la Policía Federal para intentar cerrar el
centro comunitario. Pero no lo consiguieron.

El anunciado desalojo se enmarca en un juicio que la AABE le inició a la Asamblea de Villa Urquiza a finales del año pasado. El objetivo detrás del operativo, denuncian los vecinos, es la venta de tierras públicas que se encuentran al costado del ramal Retiro-José León Suárez de la línea del tren Mitre, a la altura de la estación General Urquiza.

El local de la Asamblea no es el único afectado. Según el pliego de licitación, son 2.774
metros cuadrados comprendidos entre las calles Bucarelli, Roosevelt, Triunvirato y el  sendero peatonal de la estación Urquiza. En esa estratégica franja barrial también hay  locales comerciales, canchas de fútbol y hasta viviendas.

La AABE convocó a una fallida mesa de diálogo el pasado 23 de octubre y los asambleístas asistieron “con la voz y reclamos de los vecinos”, explicó a esta agencia Valeria, otra integrante del colectivo. La intención de esa instancia era conseguir la tenencia del espacio o una prórroga frente al inminente desalojo. Ni la AABE ni la ADIF-SE, ambos organismos nacionales, pudieron garantizarlo. Con la subasta de la manzana, programada para el 8 de noviembre, el local de la asamblea quedaría en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La Asamblea de Villa Urquiza se formó en 2002, al calor del movimiento vecinal que
generó el estallido de diciembre de  2001, con la impronta del “que se vayan todos”. Los
slogans contra la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y el Área de Libre  Comercio de las Américas se hicieron propios. Entre sus banderas también se sumó la  defensa de la recuperación de los recursos naturales y de las empresas privatizadas. “La
Asamblea de Villa Urquiza es la defensa de una forma de vida, de nuestra libertad, de nuestro ser en un barrio”, cuenta Lili, que da clases de tango a la gorra.  

Negocios

“Para legitimar la venta de los playones ferroviarios de tierra pública se determinó que el
35 por ciento del terreno se dedique a negocios inmobiliarios y el 65 por ciento a espacios
públicos”, explicó a ANCCOM Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. El 35 por ciento tiene capacidad para tres torres. La asamblea quedaría por fuera, pero el gobierno de la Ciudad exige la entrega de tierras sin ocupantes.

Para Baldiviezo, que el local no esté dentro de la parte reservada para negocios  inmobiliarios supone una doble oportunidad de frenar el desalojo. “Por una parte, sabemos que va a quedar a manos de Ciudad, si es que ya no lo está. Nos da la posibilidad de ir al juzgado y buscar al futuro dueño. Quizás no tenga problema con que la asamblea siga con sus actividades. Por otro lado, vamos a presentar un proyecto de Ley de Código Urbanístico en la Legislatura para que se permita que la asamblea continúe en este predio”, aclaró.

Sin embargo, que el local de la asamblea quede en el 65 por ciento perteneciente a la
Ciudad, y que sea destinado a espacio público, no deja más tranquilos a sus integrantes.
“Hay que reflexionar qué significa espacio público para el Gobierno de la Ciudad. Significa
una plaza con grandes porcentajes de cemento, con rejas y que tenga cámaras para ver
qué hacés. Para mí eso no es espacio público”, comenta Valeria.

“Sabemos que ir a negociar con la Ciudad implica que esto mañana tenga un cartel
amarillo y alguien que te diga cómo tenés que manejarte en un lugar comunitario o
público. Quizás queden las torres y este centro comunitario, pero se va a manejar con las
lógicas del Estado y no nos va a representar. Nos va a quitar la identidad y la memoria”,
dice Andrés, que participa hace más de cinco años de la asamblea.

Para visibilizar la situación, el sábado pasado se realizó el Festival Viyurca en Lucha. Fue
en la plaza Jorge Casal, frente a la ex pizzería La Ideal, bajo la consigna “La Asamblea de
Villa Urquiza no se gentrifica”. Como explica Lili, el objetivo de ese encuentro fue
“convocar a todo el barrio a apoyar y resistir”.

Andrés también remarca la importancia de resistir, y dice: “Tenemos el afán de que la
Asamblea quede como está porque es nuestra identidad, nuestra lucha. Llamamos a que
habiten este espacio del barrio que nació de la impronta del ‘que se vayan todos’. Fue
autogestionado 16 años por los vecinos y queremos que siga de la misma forma”.