La Secretaría de Agroindustria despidió a cientos de trabajadores que asistían técnicamente a familias campesinas de todo el país. Testimonios de pequeños productores que quedaron en soledad y a la deriva.

El desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), reducida de su rango de Secretaría por la reciente reestructuración del Gabinete nacional, no es un caso más en la avanzada del Gobierno contra los empleados estatales. Los 600 despedidos en ese sector dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación eran parte de una estructura de apoyo imprescindible a nivel técnico y metodológico para miles de familias dedicadas a la pequeña producción agrícola.

Como explica Lorena Putero, economista e investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “la Secretaría es un derecho histórico de asistencia para una agricultura que es la principal proveedora de alimentos en las grandes urbes. No solo aporta subsidios, sino también asesoramiento técnico, legal y productivo”. A su vez Putero, maestranda en Economía Social y Solidaria en la Universidad General Sarmiento (UNGS), aclara que “los proyectos del organismo permitían una autonomía productiva sin dependencia de importaciones, precios accesibles y un aumento notorio en la calidad de los productos. Ahora, en un contexto de inflación, aumento tarifario y suba del dólar, los productores se quedaron solos”.

En el norte del país, varios trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se vieron tan afectados como poco sorprendidos por los telegramas que materializaron su desvinculación. Tal es el caso de Ana Herrera, quien se desempeñaba como referente de Comercialización en la sede que el organismo posee en Salta. “Desde hace dos años y medio fuimos maliciosamente evaluados por la nueva conducción. El presupuesto disminuyó hasta hacerse inexistente, los vehículos se deterioraron y se vencieron las revisiones técnicas obligatorias”, dice Herrera, quien también fue referente de Comunicación hasta 2012. “Después de 23 años en el sector, en abril me despidieron sin previo aviso, al igual que a otros 25 trabajadores”, concluye.

Hombre mirando al costado junto a cajas con verduras.
Feriazo organizado por familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para vender su producción a $10 en Plaza Constitución, CABA.

Como un efecto dominó, los trabajadores de la tierra se ven directamente perjudicados en este contexto. “Con mi familia nos dedicamos a la cría de cabras para fabricación de queso artesanal, con los técnicos despedidos veníamos trabajando y estudiando el valor agregado del queso. Ahora la persona encargada del sector ni aparece y casi no hay visitas territoriales”, explica Rodrigo Cuevas, pequeño productor de la localidad de Amblayo, en el valle Calchaquí salteño.

En la región Centro, las imágenes no hacen más que repetirse. “Nosotros formulábamos proyectos junto a las familias agricultoras para mejorar la escala de producción y forjar un vínculo directo con el consumidor, evitando intermediarios. También promovíamos la agroecología a través de encuentros y ferias polirrubros con certificación estatal”, describe Ariadna Arrigoni, quien se desempeñó durante 15 años como técnica en la SAF de Córdoba. “De los 52 técnicos que trabajábamos en 2015, solo quedaron 8, hay territorios que ya directamente no tienen asistencia”, explica Arrigoni, quien también era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo.

“Me dediqué toda la vida a la producción de verduras y huertas en las casas. La SAF nos brindó talleres, nos inculcó conocimientos más allá de los que teníamos y promovió ferias para el productor que está a 70 u 80 kilómetros de la ciudad y no se podía ganar el mango. Lo que hizo el Gobierno con la subsecretaría es un desastre”, asevera Servando Conci, agricultor del pueblo Colonia Tirolesa, en Córdoba.

El litoral tampoco escapa a la onda expansiva de despidos en la institución. “En Entre Ríos hubo tres tandas de despidos, 60 en abril de 2016, 16 en abril de este año, y otros 20, incluido yo, en agosto”, detalla Mario Den Dauw, quien trabajaba en la SAF desde el 2001. “Las más afectadas fueron las mujeres y los profesionales que habían ingresado en la época del kirchnerismo. Las listas las armó la Federación Agraria Argentina (FAA), comandada por el senador Alfredo de Ángelis, con el aval del ahora secretario Luis Etchevere. De todas formas esto nos fortalece, porque la solidaridad entre los organismos y los productores, que representan más del 70 por ciento de actividad en la provincia, es irrompible”, asegura Den Dauw, también delegado de ATE.

La situación en Mar del Plata, a su vez, es extrema: hay un cese total de actividades. Como explica Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE en la ciudad costera, “la decisión política fue despedir a nueve compañeras y cerrar las oficinas del organismo. En la provincia de Buenos Aires, los despidos ascienden a 61, afectando tanto la producción como las normativas que regulan la calidad y suprimen la utilización de agrotóxicos”.

En la región más austral del país, el caso de Silvia Crettón, ex agente territorial de SAF Santa Cruz, excede a cualquier lógica, ya que se transformó prácticamente en una trabajadora ad honorem. “Había un listado con el nombre de cinco de los siete trabajadores en la provincia, dentro del cual estaba el mío. Finalmente, en septiembre nos rescindieron el contrato pero nunca tuvimos notificación ni telegrama”. A su vez, Crettón explica que al manejarse en varios territorios no tenía oficina y nadie fue a retirar las herramientas que le brindaba el organismo, a pesar de las presiones recibidas para que las devuelva. “Hay 600 familias productoras registradas a las cuales seguimos asistiendo por una cuestión humana. Somos el único ente estatal que está con los pequeños productores”, asegura.

Una de las localidades en las que Crettón desarrollaba su actividad era Comandante Luis Piedrabuena. Javier Lemos, oriundo de la zona y fabricante de cerveza artesanal, explica que “hay proyectos con mi familia y la gente del pueblo para hacer plantaciones de lúpulo, un producto escaso y cotizado. La asistencia de gente como Silvia es fundamental no solo en lo técnico, sino también en lo anímico”. Esto parece no importarle al gobierno nacional, que sigue cercenando puestos laborales e historias de vida desde Ushuaia a La Quiaca.

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