Una medida oficial actualiza un decreto menemista que establece criterios más rígidos para otorgar las pensiones por discapacidad.

Una resolución del Poder Ejecutivo dispone suspender beneficios a las personas que reciben pensiones por discapacidad que presenten “incompatibilidades” para percibirlas, basándose en un decreto 432/1997, firmado por Carlos Menem. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se oficializa un nuevo “circuito administrativo de notificación” ante presuntas incompatibilidades en el cobro de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.  Este protocolo de información establece que una vez detectada la irregularidad será comunicada al beneficiario para la toma de conocimiento y lo obliga a formular su descargo ante la autoridad pertinente en un plazo de diez días hábiles. Distintas voces representativas del sector rechazan de plano la medida.

“Lo que desde el Gobierno están buscando con esto es dar debida notificación a las personas,  ya que el Estado acaba de de perder un juicio porque no notificaron las bajas que se dieron el año pasado, que  se hicieron sin notificar a los pensionados. Eso se llama ‘violación del debido proceso’ en Derecho”, explica Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI). Esa organización impulsó las presentaciones judiciales ante la masiva cancelación de pensiones cometida el año pasado por el gobierno.  El Ejecutivo daría este nuevo paso para subsanar su anterior “error” que consistió en eliminar las pensiones sin avisar a los perjudicados.

Es que la resolución de ANDIS se dio como respuesta al fallo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8, a cargo de  Adriana Cammarata, que el 18 de septiembre ordenó al Poder Ejecutivo restituir las 170 mil pensiones por invalidez que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017. En el dictamen, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. Sin embargo, el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley apeló la sentencia y en simultáneo se estableció un nuevo “circuito administrativo” con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.

Como se mencionaba, la resolución 268/2018 se dicta para aplicar un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1997 que establece que los beneficiarios de pensiones no deben percibir (el cónyuge tampoco) jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, el solicitante debe acreditar una invalidez del 76 por ciento o más; no tiene que estar empleado bajo relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.

Este criterio para otorgar las pensiones es cuestionado por las agrupaciones de personas con discapacitadad: “Supongamos que una persona tiene un auto y está en silla de ruedas, el auto lo utiliza para trabajar porque no tiene forma de llegar (no hay colectivo de piso bajo o porque el tren en hora pico no entra una silla de ruedas); o que una persona tenga una casa que heredó, entonces es como que el Estado le está diciendo ‘bueno primero vende tu casa y después vení a pedirme una pensión”, ilustra Suleiman.

Según Matías Ferreyra, Secretario de DDHH y Asuntos Legales de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, esta misma situación se da en el caso de que se comprobara la convivencia en el mismo hogar de más de una persona que percibiera el beneficio: “En esa circunstancia, uno de los beneficiarios debería renunciar a la pensión. Esto es muy grave ya que existen muchas personas con discapacidad visual cuyas patologías son derivadas de enfermedades genéticas y hereditarias, por ejemplo la retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber, enfermedad de Stargardt, entre otras”. También, de acuerdo a Remigia Cáceres, Secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, si se emplea a rajatabla el Decreto que habla de pensiones por invalidez laboral, “solo es aplicable a las personas mayores de edad, y en ese sentido los menores ya no quedan en este cuadro, no van a percibir este beneficio con el supuesto de que esos niños no pueden trabajar”.

En suma, “esos requisitos no tienen nada que ver con la posibilidad de sostener una vida independiente por parte de las personas con discapacidad. Existe un coste de vida mayor asociado al hecho de vivir con una discapacidad. En un estado ideal de las cosas, este costo extra debería ser sostenido por el Estado a través de garantizar derechos específicos. Pero esto no sucede”,  indica Ferreyra y sostiene que la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una vida digna e independiente en Argentina es ínfima: “La desocupación entre las Personas con discapacidad alcanza el 80 por ciento, el Estado no garantiza derechos a los que él mismo se comprometió y ahora el Poder Ejecutivo quiere avanzar en revisar pensiones a través de una norma que tiene 21 años de antigüedad y que nada tiene que ver con el modelo social de la discapacidad”.

Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad de esa normativa debido a que contradice los preceptos de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a la que la Argentina suscribió en 2008 y con lo cual tomó carácter de Ley. La CDPD establece en su artículo primero que se considera personas con discapacidad a “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

“El decreto toma un concepto médico: tenés que tener un 76% de invalidez laboral y ese concepto médico es contrario a la CDPD que aplica un modelo social. Ese déficit que se puede detectar con estudios médicos no es suficiente para discapacitar sino que hay una barrera social, cultural y actitudinal”, dice Suleiman y ejemplifica: “Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas la discapacidad no es solo porque la persona, supongamos, tiene espina bífida sino porque hay una sociedad que construye todo en base a un binomio normal-anormal y entonces, hay universidades con escalinatas, ascensores pequeños donde no entra la silla de ruedas. Es decir, es una cuestión cultural la que crea la discapacidad y la CDPD llama a deconstruir las barreras culturales”, detalla Suleiman.

Conforme al INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y de acuerdo a datos de REDI, el sistema de pensiones no contributivas contiene a más de un millón de personas en todo el país que reciben 6.045 pesos por mes. Para los consultados por ANCCOM, las medidas en torno al colectivo de personas con discapacidad son un reflejo de las políticas liberales impulsadas por el Ejecutivo. “Este Gobierno vino con un marketing bastante bueno: una vicepresidenta en silla de ruedas, pero engañaron a todos los votantes. Las personas con discapacidad votaron pensando que su situación iba a cambiar pero lo están haciendo desde que asumieron es eliminar a todas las personas con discapacidad con esta quita de derechos”, asegura Cáceres y agrega que “el Fondo Monetario Internacional vino con ciertas direcciones, como esto de quitar las pensiones a las personas con discapacidad, las prestaciones con respecto a la salud”. Por su parte, Ferreyra cree que el Poder Ejecutivo “en esta ocasión avanza sobre el colectivo de personas con discapacidad por ser este relativamente más débil a nivel organizacional que otros colectivos. Al Gobierno no le interesa avanzar sobre corporaciones, y grupos de interés claramente más poderosos que las personas con discapacidad y con el argumento de transparentar situaciones existentes, avanza sobre aquellos más vulnerables”. Como suele suceder últimamente, el hilo se corta por lo más delgado.

En la misma línea, Suleiman afirma que “el Gobierno está buscando recortar derechos porque los derechos tienen un costo y como tiene un modelo de liberalismo salvaje lo que hace es recortar derechos en los más vulnerables”. Además señala que estas políticas demuestran “una falta de criterio de justicia social de parte de los que tienen facultades para gobernar: el Gobierno, los diputados y senadores podrían dictar leyes que distribuyeran la crisis en los sectores que sí ganaron, porque en todo este empobrecimiento hay tres sectores que ganaron de acuerdo a los índices: el campo, el sector de actividades extractivas y el sector financiero. Esos sectores podrían hacer un esfuerzo. Estamos cansados de que siempre se le pida el esfuerzo a los que ya lo vienen haciendo”, concluye.

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